Francisco Morales, representante de los pueblos indígenas en Huehuetenango, resaltó que con la reciente donación del Gobierno de Estados Unidos para instalar la sede regional en Quetzaltenango, se espera que la Cicig fortalezca la lucha contra la impunidad en el país.
“Esperamos que se trabaje con transparencia y se investiguen a las instituciones en las que se cree que hay corrupción”, señaló Mateo Morales, de la sociedad civil de Huehuetenango.
Roberto Solís, de la Coordinadora Departamental de la Juventud de Huehuetenango, indicó que para combatir de raíz el problema es necesario investigar y castigar a quienes se han involucrado en estructuras criminales y de corrupción.
“La principal tarea es eliminar las plazas fantasmas del Área de Salud de este departamento, y no permitir que los corruptos cobren más salarios sin laborar, pues ese recurso puede ser utilizado en beneficio de la población”, agregó.
Comunas
Jorge Morales, representante del Frente Huehueteco Contra la Corrupción, opina que el trabajo de los investigadores debe centrarse en las instituciones donde opera el crimen organizado, entre ellas, las municipalidades.
Para el abogado Noé López Arreaga, de San Marcos, el trabajo de la Cicig en occidente debe enfocarse en las comunas.
Se debe tomar en cuenta que las municipalidades son un gobierno pequeño donde se manejan los recursos para el desarrollo o atraso del pueblo.
Añadió que se debe indagar a exalcaldes, diputados, concejales y síndicos de San Marcos, quienes se han vuelto millonarios a costa del pueblo.
La politóloga Laura Orozco, de San Pedro Sacatepéquez, manifestó: “Esperamos que la Cicig refuerce la lucha contra la impunidad e investigue a los ex jefes ediles que han pagado obras inexistentes y sobrevalorado otras, con las cuales se han hecho millonarios”.
Lea la nota completa en la edición impresa de Prensa Libre o adquiérala aquí.
