El directivo explicó que les preocupa la coyuntura en la cual se discute la ley de agua, por lo que consideran que debe efectuarse una discusión “muy técnica y que no vaya a provocar que se detengan las inversiones nuevas, o peor aún, las (plantas) existentes se vuelvan inviables”.
Colom añadió que es necesario que las iniciativas sean evaluadas a detalle y que se invite a participar a todos los sectores, ya que si no se efectúa de esa forma, “pueden traerse al suelo a un sector tan estratégico como el de la electricidad”.
El de Ager es el segundo pronunciamiento que hacen los empresarios en dos meses, ya que en marzo pasado, la Cámara de Industria de Guatemala instó al MEM a no ceder ante medidas de presión de manifestantes que se mantienen frente a las instalaciones del Ministerio en rechazo a la minera Progreso VII Derivadas.
Hay más de US$7 mil millones invertidos en generación de energía, lo que en los últimos años ha ayudado a bajar la tarifa de electricidad para el usuario y cambiar la matriz de generación, aseguró el directivo de Ager.
Para Colom, “no se está pidiendo ningún privilegio, sino que esas inversiones se mantengan y se cuiden”, para disminuir la dependencia del petróleo.
En el tema del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que se refiere a efectuar consultas a las comunidades del área del influencia de proyectos de importancia, dijo que se debe ser balanceado y no perder el espíritu para el cual fue creado.
La postura de Ager es que el Convenio establece que el Estado es el que debe efectuar los procesos de diálogo y no las empresas, con la visión de que las comunidades estén mejor a futuro, pero en la actualidad, esa figura se usa como un mecanismo para generar confrontación y conflictividad.
Colom señaló que otra de las preocupaciones recientes del sector es que se revocó la licencia de un proyecto que ya está en operación y en el cual ya se había hecho una inversión millonaria.
El proyecto en mención es la hidroeléctrica Oxec (1 y 2), ubicado en Las Verapaces, donde el proceso legal continuó y se revocó el amparo, dijo.
Ager agrupa a 50 hidroeléctricas de todo el país.
Hasta marzo pasado, la asesoría jurídica del Ministerio de Energía y Minas (MEM) reportaba 14 casos con recursos constitucionales en diferentes fases, incluyendo algunos por consultas bajo el Convenio 169 o con falta de estas consultas.
De estos, 12 son proyectos mineros y dos son de hidroeléctricas.
