Debido principalmente a temas de conflictividad, al menos 16 proyectos <a href="https://www.prensalibre.com/Tag/Hidroelectricas/46493" target="_blank">hidroeléctricos</a> —que representan inversiones por unos Q11 mil 031 millones— no se han podido ejecutar, informó la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager). Los proyectos significarían la instalación de unos 460 megavatios.
Pregunta: ¿Tienen las empresas un deber general de respetar los derechos de los pueblos indígenas? La respuesta la da el documento titulado Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, Núm. 169. Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Ginebra: OIT, 2013. 62 páginas.
Pregunta: ¿Qué implicaciones tiene el Convenio 169 para el sector privado? La respuesta se encuentra en el documento titulado Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, Núm. 169. Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Ginebra: OIT, 2013. 62 páginas.
El Convenio 169 de la OIT trata también sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala asumió “funciones legislativas” en el caso de la consulta prevista en el Convenio 169, ante los oídos sordos del Congreso de la República, que no ha legislado al respecto. Dicha Corte pide que se emita una ley al respecto.
A casi dos semanas de haberse divulgado la guía de consultas a pueblos indígenas, el Gobierno tiene una lista de ocho proyectos, entre hidroeléctricos y mineros, en los cuales, indica, que se aplicaría la consulta.
La Corte de Constitucionalidad, en mayo de 2017, emitió una resolución en el caso de la Hidroeléctrica Oxec, que va a regir para todos los proyectos de inversión realizados a partir de marzo de 1997, que consiste en realizar la consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT, abarcando a hidroeléctricas, minas, construcción de infraestructura vial, y todo proyecto, actividad y sector en general.
La consulta es la piedra angular del Convenio 169 de la OIT. La Corte Suprema de Justicia, el 5 de julio de 2017, ordenó cancelar la licencia de la Mina San Rafael, haciendo caso omiso a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que dio lineamientos para cuando no se habían realizado tales consultas. Acatando esa resolución, la mina suspendió operaciones completamente.
La consulta y la participación son principios fundamentales en el Convenio 169 de la OIT. Los adversarios del proyecto Mina La Puya, en San Pedro Ayampuc, sospechan que la Corte de Constitucionalidad ordenará celebrar esa consulta.
Para responder preguntas sobre el Convenio 169 es útil el documento Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, Núm. 169. Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. Ginebra: OIT, 2013. 62 páginas.
