Cómo enfrenta la banca nacional el lavado de dinero y los ciberdelitos

Superintendente Erick Vargas urge que se aprueben las reformas a las leyes bancarias y de lavado de dinero; si no, el país corre riesgo en las evaluaciones que hacen organismos internacionales.

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La Superintendencia de Bancos cumple 75 años de creación este 2 de septiembre del 2021. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
La Superintendencia de Bancos cumple 75 años de creación este 2 de septiembre del 2021. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Superintendencia de Bancos (SIB) cumple 75 años hoy, y en la actualidad supervisa 94 entidades.

El superintendente, Érick Armando Vargas Sierra, comentó que en ese plazo se ha logrado estabilidad y solidez del sistema bancario e implementar controles con la Ley del Lavado de Dinero y la Ley de Bancos.  Sin embargo, refirió que se debe seguir trabajando en atender los nuevos desafíos, como la actualización de ambas leyes.

— ¿Qué disposiciones se deben actualizar en la Ley de Bancos?

La iniciativa de reformas   busca proteger a los depositantes y sus ahorros.   Ya fue aprobada en primera y segunda lectura en el Congreso. De ahí, surge la importancia de exigir a los bancos mayor capital de acuerdo con las recomendaciones internacionales más recientes del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Es importante contar con información para prevenir el sobreendeudamiento de la población con las instituciones financieras.

Busca que, entre otras entidades, la Junta Monetaria apruebe que se  pueda alimentar y consultar el sistema de información de riesgo crediticio que funciona en la Superintendencia. También se persigue otorgar a la SIB la capacidad de conformar unidades de riesgo para ayudar a preservar la solvencia y calidad de los activos crediticios de las instituciones bancarias.

—  ¿Cuál es la propuesta para combatir el lavado de dinero y activos?

La iniciativa de ley 5820, que dispone aprobar la Ley para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo,  fue presentada por el Ejecutivo al Congreso en  agosto del 2020, está para  discusión y dictamen   en las comisiones de Economía y la de Finanzas.

Pedimos que esta ley esté activa porque corremos el riesgo, que en la próxima evaluación de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), en el 2022, si no contamos con una ley actualizada,  nos califiquen como país no cooperante y que nos pongan en una lista gris.

Algunos beneficios de la propuesta es que transforma el sistema nacional contra el lavado de dinero en un régimen preventivo, con un enfoque basado en riesgo y debidamente diferenciado del régimen represivo y  actualiza el marco legal apegado a estándares y tratados internacionales.

La SIB y la unidad de inteligencia financiera —IVE— se rigen por los estándares internacionales. En este caso por las 40 recomendaciones de Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional). Una de estas es modificar la norma número 15 para  llegar al beneficiario final en las operaciones de lavado de dinero; nuestra ley actual no tiene eso y tenemos la presión de los organismos internacionales de tener una ley actualizada.

— ¿Qué riesgos corre el país si es considerado no cooperante en esa materia?

Guatemala salió de la lista negra en el 2000, y ha cumplido con todos los requerimientos y las normas de Gafi. Sin embargo, en el 2022 vamos a ser evaluados. La fecha exacta la dispone esa entidad, pero hay que estar preparados.

Si el país es calificado como no cooperante, hay problemas, porque los organismos internacionales le suben las tasas de interés al país cuando quiera conseguir recursos en el exterior y le ponen una serie de limitaciones, y si los incumplimientos son muchos puede ser colocado en una lista negra y eso repercute en todo el esquema internacional y le afecta al país.

— ¿Cuáles son los nuevos desafíos digitales y cómo se deben regular?

Los principales desafíos digitales provienen del impulso de la transformación digital; es decir, los retos que la banca enfrenta en la evolución de los sistemas tradicionales a una banca con sistemas soportados en el uso de tecnologías innovadoras que provean servicios novedosos, más ágiles y de forma segura.

En Guatemala, la moneda de curso legal es el quetzal. Pero, con  relación a las criptomonedas, es necesario reconocer que es un tema que ha cobrado relevancia en el mundo durante la última década, y durante este año en Centroamérica, debido a la Ley Bitcóin en El Salvador,  que reconoce esa criptomoneda como una moneda de curso legal.

Es importante reconocer que existen criptomonedas no estables, como el mismo bitcóin, cuyo valor lo determina la oferta y la demanda; y, otras criptomonedas denominadas estables (stablecoins), que pueden estar ancladas a una moneda fiat u otro activo (oro, petróleo, entre otros commodities); y  existen los proyectos de monedas digitales de banca central (CBDC).

Las primeras, son de alta volatilidad y alto riesgo; las segundas tienen una baja volatilidad que es necesario explorar; y las últimas, han sido proyectos en fase de prueba en algunas jurisdicciones.

— ¿Qué beneficios o riesgos puede tener Guatemala o la banca guatemalteca con la Ley Bitcóin en El Salvador?

No vemos riesgos significativos, porque nadie está obligado a recibir bitcoines. Tenemos los azucareros que le venden a El Salvador. El comprador podría decir  que al exportador guatemalteco le va a pagar en bitcóin, y dependerá de él si quiere recibir o no, pero nadie está obligado a recibirlos y le puede decir ‘le voy a recibir el pago en dólares.

El El superintendente, de bancos, Érick Armando Vargas Sierra, habla sobre la transformación de la banca y los desafíos. (Foto, Prensa Libre: SIB).

— En El Salvador, hay quienes se oponen porque señalan que va a fomentar el lavado de dinero. ¿La SIB fortalecerá los controles en el caso de Guatemala?

En Guatemala, en la forma en que hemos llevado la supervisión, tenemos controladas las operaciones de lavado de dinero. Aunque la  IVE no puede iniciar un proceso de una operación de lavado de dinero,  se reacciona con base en los reportes de transacción  sospechosa que todos los bancos tienen la obligación de reportar; para eso existe un oficial de cumplimiento en cada institución bancaria. Los controles en Guatemala se han fortalecido.

— ¿Cuánto ha perdido la banca o los usuarios por el phishing?

Durante el 2020, hemos recibido 342 alertas de estafas —de Centroamérica y Europa—. Los bancos, mediante la implementación del riesgo cibernético, han tomado algunas acciones para proteger su información. Hasta hoy, en Guatemala no hemos sido víctimas de ataque donde hayan secuestrado la información.

Hace una década, el principal riesgo de los bancos era el de crédito, pero ahora ha ido creciendo el cibernético.  A través de la Superintendencia, con apoyo de la Junta Monetaria, se desarrolló  el reglamento de riesgo crediticio, para que los bancos tengan sus controles internos y pueden cubrirse de esos ataques.

— ¿Fue afectada la banca por la pandemia?

El efecto de la pandemia para la cartera de los bancos aún no se conoce, porque las medidas aún están vigentes —a vencer el 30 de septiembre—. Por prudencia financiera, hemos hablado con los bancos, primero de que se limiten la distribución de dividendos y que vayan creando las provisiones necesarias para que cuando se conozca el resultado el efecto que tenga la banca no vaya a ser muy fuerte.

Para alivio de las personas que debían dinero de préstamos o tarjetas de crédito se dispusieron medidas como diferimientos de pago,  flexibilizar de los créditos,  readecuación de préstamos. También otras medidas en el uso de las reservas contingentes, eso viene a representar que Guatemala haya sido el país menos afectado por la pandemia —en crecimiento económico—  precisamente porque el país  ha tenido una banca sana y que tiene las suficientes reservas y provisiones.  Otras medias se refieren a  las condiciones del encaje.

Recorrido: 75 años

Vargas comentó los desafíos desde la creación de la SIB, el 2 de septiembre del 1946. Dijo que la banca nacional ha tenido múltiples fases de desarrollo y reformas financieras previas, cuyo punto de inflexión ocurrió en 1946, con una reforma monetaria y bancaria integral que permitió su funcionamiento bajo el esquema actual de banca central.

La SIB fue  reconocida  como ente de vigilancia e inspección en la Constitución de 1986 y otras facultades posteriores, incluyendo  el robustecimiento de su independencia legal a partir de las reformas financieras del 2002, entre otras, con la Ley de Supervisión Financiera actualmente vigente, además de la Ley de Bancos.

La SIB supervisa en la actualidad 94 entidades.  Hace algunos años había 30 bancos pero ese número se redujo a 17, derivado de intervenciones o decisión propia de cierre o de fusión.