Con cifras publicadas por el Banco de Guatemala (Banguat), preliminarmente se estima que en 2018 la inversión en Formación Bruta de Capital alcanzó los Q70 mil 728.6 millones, de los cuales Q6 mil 794 corresponden a la inversión pública y Q63 mil 934.6 a la inversión privada. En términos del PIB, esto representa 1.15% para el sector público y 10.84%, explicó Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa.
El Plan Macro-Estratégica de Infraestructura para la Competitividad estima que hay que llevar, progresivamente, estas cifras a 6% del PIB para el sector público y al 20% para el sector privado agregó el consultor. Explicó que estas cifras implicaría una inversión pública cercana a los Q35 mil millones y la inversión privada igual a Q118 mil millones. En total significaría Q153 mil millones.
“Este salto es prácticamente imposible, por lo que una meta razonables para los próximos años sería llevar la inversión pública por encima de los Q10 mil millones y la inversión privada por encima de los Q75 mil millones” detalló Benavides. Que llegarían a Q85 mil millones.
Sin embargo, a corto plazo la inversión del Estado debiera pasar a Q7 mil millones, ejemplificó.
Aumentar las inversiones del sector privado se lograría si se tiene certeza jurídica, adelantó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.
Las metas propuestas por Fundesa, son para el 2032, y se necesitarían impulsar estas acciones por parte de tres períodos de Gobierno además del actual.
Proponen que el Gobierno y políticos adopten el plan
La intención es que los partidos políticos la conozcan y la incluyan en sus planes de Gobierno.
La Formación Bruta de Capital Fijo comprende la inversión en adiciones a los activos fijos de la economía más las variaciones en lo ya existente. Se incluyen mejoramientos de terrenos, adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, y construcción de carreteras, ferrocarriles y obras afines, incluidas escuelas, oficinas, hospitales, viviendas y edificios comerciales e industriales.
“La infraestructura cubre más que solo autopistas, carreteras y caminos rurales” dijo Juan Carlos Paiz, presidente de Fundesa, por lo que indican que presentan esta propuesta con un enfoque más integral que ayude al Gobierno y posteriormente a los diferentes partidos políticos que participen en el proceso electoral para que tengan insumos de cómo se puede integrar de forma estratégica la infraestructura que mejore la competitividad del país” agregó el directivo.
El proceso para las elecciones generales fue convocado por el TSE a mediados de enero y las votaciones de la primera vuelta presidencial, diputados al Congreso y alcaldes se realizarán el 16 de junio próximo.
Este plan consiste en el primer esfuerzo por delinear el sector de infraestructura, que tiene relación con la Política Nacional de Competitiva incluyendo la necesidad de impulsar las ciudades intermedias además que la infraestructura ayuda a impulsar la competitividad, se agregó.
Con la propuesta, el sector que mayor dinamización tendría es el de construcción y los resultados se percibirían en otros ámbitos como mejora en la calidad de vida de las personas, menor tiempo de traslado de un punto a otro, entre otros temas ya que se propone trabajar sobre seis ejes, explicó Benavides.
Los 6 ejes y las brechas
El plan consiste en presentar la situación actual de la infraestructura del país, basados en 60 indicadores que servirían de base no solo para evaluar el desempeño del país sino para establecer metas.
Estos seis ejes son: servicios domiciliares (servicios básicos incluyendo conexión a internet), desarrollo urbano (edificaciones para salud, educación, seguridad y áreas no solo vehiculares sino para el peatón), mitigación de riesgos (en salud, relleno sanitarios, plantas de tratamiento), fomento productivo (acceso al riego, centros de acopio, parque industriales) , movilidad interna (red vial) y el de conectividad global (aeropuertos, puertos, red digital).
Benavides y Zapata explicaron que en cada eje se definieron las brechas y acciones necesarias para reducirlas.
Por ejemplo, en servicios domiciliares incluyen vivienda. Actualmente en el país se logra la construcción de 14 mil nuevas viviendas al año, pero se necesitarían 90 mil anuales para reducir el déficit habitacional 1.8 millones unidades.
Sin embargo, Benavides refiere que la meta propuesta es llegar a 40 mil anuales en el plazo del plan.
En el caso de la red vial existen 16 mil kilómetros de carreteras y la meta es llegar a 39 mil kilómetros, pero para el año 2032 sería llegar a 30 mil kilómetros.
En desarrollo urbano se busca que los 59 del área metropolitana y de las áreas que componen la red de ciudades intermedias tengan su plan municipal de desarrollo de ordenamiento territorial, hace falta 54 municipios.
Además, se deben crear la normativa para la formación de distritos municipales.
Definen ciudades intermedias para desarrollar
Desde el 2016 tanto Fundesa como entes estatales han planteado la importancia de descentralizar el desarrollo del país por medio de ciudades intermedias.
“Eso implica hacer inversiones para que esas ciudades existan y se preparen para recibir a unos 9 millones de personas que llegarán a ellas en los próximos 15 años” dijo Benavides.
Al hablar de las ciudades intermedias se ha mencionado que se necesitarían unos US$9 mil millones para subsistir, aquí se habla de las necesidades que permiten a las sociedades crecer ya que necesitan no solo contar con vivienda, redes de abasto, transporte, electricidad agua potable, electricidad, saneamiento, agregó.
Las acciones más urgentes, las menciona el investigador en dos vías: primero garantizar que las ciudades existan, lo cual requiere una inversión en dinero muy fuerte.
Lo segundo es la importancia de la red vial y conllevar oportunidades de servicios como educación, salud y otros, así como oportunidades de trabajo también es parte de la propuesta del plan estratégico.
Estas son:
- Área metropolitana: áreas de los municipios de Guatemala, Santa Catarina Pinula, Chinautla, Mixco, Fraijanes, Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales, Petapa.
- Nodo Regional de los Altos: Áreas de Totonicapán, Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque, S. Juan Ostuncalco, San Mateo, Almolonga, Cantel, La Esperanza.
- Nodo Regional de Alta Verapaz: en Cobán, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco.
- Nodo Regional de Guatemágica: Coatepeque, Mazate, Retalhuleu, San Sebastián, Santa Cruz Muluá, San Martín Z., San Felipe, Champerico, El Asintal.
- Nodo Regional Metrópolide Oriente: Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Teculután, Chiquimula.
- Nodo Regional de Huehuetenango: Huehuetenango, Chiantla.
- Ciudad Portuariade Puerto Barrios: Puerto Barrios, Livingston, Morales.
- Ciudad Portuaria de San José: Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Masagua, La Gomera, San José, Iztapa.
- Ciudad Turística de Antigua Guatemala: Antigua, Jocotenango, Pastores, S.M. De Jesús, Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas, Alotenango, San Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina Barahona.
- Ciudad Turística de Petén: Flores, San Benito
22 acciones prioritarias
El plan define grupos de 22 acciones transversales necesarias dentro de la ruta para impulsar proyectos de infraestructura.
Benavides explicó los tres temas prioritarios en el país son la necesidad de aprobación de la Ley General de Infraestructura, la Ley de Estabilidad Jurídica, cuyas iniciativas se encuentran en el Congreso, además de regular la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para hacer las consultas a los pueblos indígenas.
La segunda busca medidas que permitan al inversionista que una vez esté instalado en el país se le mantengan las condiciones bajo las cuales vino por un período de tiempo. Esto ayuda a la certeza jurídica.
“Se promueve una agenda priorizada de 22 intervenciones transversales comunes a todos los componentes de infraestructura y a todos los territorios”, se agregó.
Las modificaciones o impulso de estas acciones van enlazadas con la necesidad de cubrir cinco principios como fortalecer el estado de derecho, promover el enfoque de competencias, eficiencia en la gestión de activos, asegurar la subsidiariedad, fomentar la participación social y son las siguientes:
- Fortalecimiento de las Alianzas Público-Privadas (APP)
- Ley de Infraestructura Pública Local “Obras por Impuestos”
- Titularización para financiamiento Proyectos de Infraestructura
- Modernización de la legislación Portuaria y Marítima
- Modernización de la legislación Aeroportuaria
- Ley de Estabilidad Jurídica para la Inversión (iniciativa 5396)
- Ley General de Infraestructura Vial (iniciativa 5431)
- Política de Inversión Pública Integral
- Ley de Contratación de Obras Públicas y servicios relacionados
- Fortalecimiento del Sistema de Servicio Civil
- Ley de Adquisiciones de bienes del Estado para proyectos de Inf.
- Ley de Recursos Hídricos
- Ley de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial
- Fortalecimiento del INFOM
- Implementación integral del “Open Contracting” (es un estándar internacional para la publicación de datos abiertos de contrataciones públicas)
- Normas Técnicas de Construcción
- Plan de Desarrollo Territorial para las Ciudades Intermedias
- Elaborar estrategias por cada componente de infraestructura
- Regulación de criterios técnicos en el Listado Geográfico de Obras
- Regulación del Convenio 169 de la OIT
- Instalación de Observatorios Ciudadanos
- Educación sobre la importancia de invertir en Infraestructura
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