A efecto de producir y exportar de manera más ágil y recuperar competitividad ante otros países, el sector de vestuario y textiles sugiere revisar y actualizar leyes como el decreto 29-89 que incluye maquilas; y el 65-89, Ley de Zonas Francas. Ahora también existen las Zdeeps, que se basan en el decreto 22-73 y su reglamento.

Carlos Arias, presidente de la Asociación de Vestuario y Textiles (Vestex), entidad adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que otros países del área están aprobando versiones de leyes más modernas para atraer inversiones, lo que aún no sucede en Guatemala.

Entre la legislación vigente están los decretos mencionados, así como la ley orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, a cuyo reglamento se incorporó desde el 2020 la figura de las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (Zdeep).

Arias indica al referirse a la ley bajo la cual operan las maquilas, que en ese entonces lo único que se hacía era ensamblaje de prendas, pero el sector se ha especializado y creado un clúster, por lo que la ley está rezagada y no permite la coexportación, aparte de que  algunos trámites son engorrosos o no se pueden hacer.

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El ejecutivo explicó que esto también aplica en otros sectores y no solo en vestuario y textiles. Por ejemplo, dijo que si en el país se quisiera fabricar vehículos, no hay una ley que incentive a empresas, como los que hacen los sillones, el chasis o el motor. Pero hay leyes de nueva generación como las que México y El Salvador está impulsando, que toman en cuenta una realidad económica completamente distinta a la que había en 1989.

Algunos de los cambios necesarios, indica, es que existen las tres leyes de desarrollo mencionadas, pero se discriminan o son excluyentes una de otra. En adición, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene “atadas las manos” por algunas  lagunas que no permiten una coexportación o la operación de un clúster de forma dinámica.

“En Guatemala hay brechas legales que se deben cerrar; lo ideal sería una ley que promueva la atracción de inversiones no solo en sectores que ya existen, sino en nuevos como la tecnología y automotriz”, dijo el directivo.

Amplió con que en muchos países, el sector de vestuario y textiles es solo el primer paso “porque comenzaron haciendo textiles, por ejemplo en Corea, pero ahora son de altísimo valor agregado y también tienen una base industrial con más productos como semiconductores. Lo que vemos es a un sector industrial textil como la base de un crecimiento en el Guatemala y necesitamos una ley que permita que eso suceda”.

Reformas y una ley general de inversión

La ley del fomento a maquilas y exportación, la ley de Zonas Francas y la de las Zdeeps necesitan “un par de parches” para operar mejor en el tema de la coexportación, refiere Arias. Pero advierte que aunque eso ayuda a eliminar trámites engorrosos, tampoco es la solución total.

Por ello, refiere se necesita una ley general de inversión, que tome en cuenta cómo opera la economía global. Menciona experiencias de otros países y una de estas es que entre México y Estados Unidos hay productos que se producen en México; eso se manda a Estados Unidos, donde se avanza con procesos complementarios; luego regresan a México para terminar de procesar y de nuevo van de regreso a Estados Unidos ya como producto terminado para exportación.

Ahora, dijo, se trabaja de la mano con la SAT para tratar de ver cómo, dentro de los mecanismos que permite la ley, el país sea más ágil y se colabore mejor porque también el sector entiende que hay que evitar el contrabando y mejorar la integración de las cadenas de valor, que esas tres leyes en mención no contemplaron.

“Esa integración de cadenas de valor no se da en Guatemala porque si una empresa 29-89 produce tela y se quiere mover ese producto libremente hacia una Zdeep, hay un problema hasta de impuestos”, explicó.

El directivo de Vestex señaló que ese es un pensamiento que data de la década de 1980, que en su momento estuvo bien y muchos países desarrollaron esas figuras, pero ya evolucionaron, pero en comparación de otros países vecinos, Guatemala es la más restrictiva en el tema del Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque solo permite 10 años de exención a inversionistas y tampoco se extiende el plazo si hay reinversión.

Estos países, añade, ya se dieron cuenta que el derrame económico de la nueva inversión es mucho más valioso que el ISR que generarían esos negocios. Mientras que en Guatemala se usa un concepto, a su criterio trillado, de “basarse en solo ver el sacrificio fiscal, pero sin este no habría habido inversión”.

Considera que El Salvador ha trabajado en esa vía y el presidente Nayib Bukele habla de atraer US$5 mil millones a la industria, mientras que en Guatemala esos números no crecen a un ritmo acelerado. El Ministerio de Economía presentó en marzo sus estrategias, y entre la de atracción de inversiones hablo de alrededor de US$1 mil 400 millones.

Claudia de del Águila, gerente de competitividad país de Agexport coincidió en que, en cuanto a tema de herramientas y leyes para la atracción de inversiones extranjeras, Guatemala se ha quedado a la zaga, ya que otros países como los de Centroamérica y México cuentan con leyes más atractivas en cuanto a incentivos fiscales y no fiscales con plazos más largos, programas de capacitación del recurso humano, planes de innovación,  esquemas de financiamiento y facilitación y automatización de procesos para instalación de empresas y realización de trámites.  

A eso se añade que esos países impulsan una infraestructura vial de calidad, así como puertos y aeropuertos competitivos. 

“Sería bueno realizar un benchmarking de los mecanismos de atracción de inversiones de otros países y analizar lo que es factible implementar en Guatemala. Si bien es cierto la inversión extranjera directa del país ha mostrado un crecimiento; la pregunta es qué tanto más hubieramos podido crecer, si contamos con un ecosistema competitivo para atracción de inversiones y generación de empleo formal”, dijo la ejecutiva.

Al respecto de la necesidad de modificar las leyes mencionadas, el viceministro de inversión y competencia Antonio Romero, del Mineco, respondió por escrito, que los aspectos se deberían actualizarse son todos aquellos elementos contenidos en el decreto y en su reglamento que privilegien la facilitación en la obtención de los beneficios que otorgan las leyes, incluyendo tramites electrónicos que no existían en los inicios de la vigencia de estas.

Además de introducirle normas que permitan la simplificación de los tramites y procesos en la mejora de los tiempos, respuestas y facilitación al usuario en su acceso.

Los propósitos serían el desarrollo de nuevas tecnologías informáticas para contar con mejores herramientas de servicio a los usuarios que requieren calificarse bajo estos decretos.

“Con más controles”

Consultado Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) indicó que en la entidad se ha analizado el tema y el problema es que estos regímenes ya son muy antiguos y no promueven en sentido estricto la competitividad de estos sectores. Pero un problema peor es que, debido a la forma como están diseñados, solo implican un sacrificio fiscal y no se promueve un beneficio medible para la sociedad.

“En otros países, estos regímenes tienen el propósito de obtener varios resultados como promover el empleo, mejorar los salarios, lograr un incremento en la producción y en las exportaciones; pero que en Guatemala no existe un sistema de evaluación de estos resultados y se implementan los tratamientos especiales, sin que hayan beneficios a cambio”, comenta Medina.

Refiere que hay casos en que alguna empresa se ubica como zona franca o está calificada como maquila o exportación, en el 65-89 o 29-89, pero solo tiene un trabajador laborando específicamente para ella, por lo que se inscribieron con el único propósito de no pagar impuestos, pero todos los servicios se ofrecen fuera de esa cobertura.

Critica que en el Estado, como el Ministerio de Economía, no se ha implementado capacidad para supervisar. Además, aunque los empleadores del 29-89, por ejemplo, deben presentar su información acerca de empleos generados e inversión efectuada, muchos incumplen y no son verificados.

“Se debe promover una estructura pública que contribuya a la atracción de inversiones, simplificación de procedimientos, mejora en la competitividad a través de mejores carreteras, capacitación a las personas, pero que generen resultados y no simplemente una ley para que no paguen impuestos”.

Coincide en la necesidad de aprobar una Ley General de Inversión pero teniendo en cuenta dichos aspectos de verificación, porque en la actualidad hay muchas leyes en diversos ámbitos que son letra muerta porque no se aplica y nadie les presta atención.

“Lo que se debe buscar es crear condiciones para que haya mejor producción y no importaría tanto lo que se pierde de impuestos, si los beneficios para la sociedad son mayores como generación de empleo e inversiones reales”.

A consideración de Medina se debe revisar lo que plantea el sector empresarial, pero no solo se trata de lo que ellos quieran; y si luego de discusiones y análisis se establece que resulta conveniente que no sean excluyentes los regímenes y se cree uno donde se junten todos estos tratamientos, se debería volver a analizar.

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Pero adelanta que no es apropiado porque el régimen de maquilas es un régimen más “chapinizado” y que en el resto del mundo lo que existen son zonas francas o similares que conllevan la creación de parque industriales, porque con el 29-89, se permite que cualquier recinto, incluyendo casas o cualquier lugar, pueda ser registrado en ese régimen, sin representar mayor atracción de inversión o generación de empleo, aunque también existen grandes empresas y recintos.

Últimos datos

• Según los datos de Mineco, a marzo último hay en operación 5 Zonas Francas, estas suman 126 empresas usuarias y 3 mil 23 empleos.
• Las maquilas y empresas de exportación registradas en el 29-89, según la boleta estadística de información que deben presentar en febrero de cada año las empresas de ese régimen al Mineco, el reporte correspondiente al año 2022, refiere que hay 939 inscritas en ese régimen.
• De estas, 866 cumplieron con el reporte y 73 incumplieron.
• Los datos totales divulgados por la entidad referente a la boleta estadística, la inversión total reportada, en ese sector, según ese documento, es de Q50 mil 924.6 millones; empleo total de 1 millón 361 mil 501; y salario total de Q15 mil 291.7 millones. Aunque diversas empresas reportan cero en cada casilla o números bajos.
• Los datos más recientes proporcionados por Mineco refieren que en 2023 habría registradas 953 empresas en el régimen de maquilas y exportación 29-89, que contaban con 264 mil 186 trabajadores y que habían realizado Q44 mil 495.7 millones de inversión.
• En cuanto a las Zdeeps, según Zolic hay 21 en diversas fases, de estas 5 autorizadas por ese ente y por SAT; 9 pendientes de aprobación de la SAT y 7 en proceso.
• Respecto al gasto tributario, según datos de la SAT, del 2009 al 2022, el régimen 29-89, ese rubro representa Q17 mil 368.71 millones, y de estos Q1 mil 188.21 millones fueron en el 2022, último año actualizado en la SAT.
• En el caso de Zonas Francas, en ese mismo plazo el gasto tributario fue de Q3 mil 78.50 millones, que incluye Q205.26 millones reportados del 2022.
• Según la clasificación de la SAT, en ambos rubros se incluyen datos las empresas beneficiarias del decreto 22-73 que contiene la Ley de Zolic.
• Bajo el decreto  de Zolic y su reglamento, desde 2020 se permite la figura de Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (Zdeep), que ha estado cobrando auge.