Prensa Libre: ¿A qué se debe la baja en la calificación?
César Marcelo Barceinas: Obedece a la recurrente inestabilidad política del país que está afectando ya su crecimiento económico, y que podría afectar las finanzas del país en los próximos años.
¿Cuánto pesó en esa decisión la crisis política que afronta Guatemala, en medio de la cual correspondió la evaluación de S&P?
Tuvo un peso importante. Pero esta nueva crisis es solo un síntoma de la debilidad institucional del país, que incluye no solo al poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y el Judicial.
¿Qué acciones crearon esta inestabilidad política?
El intento por expulsar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) —Iván Velásquez—; las reformas aprobadas, y posteriormente rechazadas por el Congreso, al Código Penal; los intentos por retirar la inmunidad del presidente —de la República, Jimmy Morales—, las renuncias en el Gabinete de Estado, la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar reformas estructurales y la limitada capacidad del Gobierno para acelerar su gasto de inversión, entre otras.
Algunos creen que de no resolverse pronto esta situación podría afectar más. ¿Qué opina?
La situación ya está afectando al país, como se observa en la desaceleración del crecimiento y la inversión extranjera directa. La situación complica aún más la limitada capacidad del Gobierno para acelerar su gasto de inversión.
¿Qué consideraron en el caso de los ingresos y carga tributaria?
Prevemos que los ingresos del soberano se mantendrán bajos, si no se lleva a cabo una reforma fiscal. No esperamos que los ingresos del gobierno general superen 12% del producto interno bruto (PIB) en los próximos años.
¿Cuándo hará S&P otra revisión de la calificación a Guatemala?
La calificación se puede volver a evaluar en cualquier momento, si hay acontecimientos que lo ameriten.
En un escenario pesimista ¿qué factores pueden hacer que caiga de nuevo la calificación?
Que el crecimiento económico se desacelere más y que la inestabilidad política se prolongue. Podría afectar también que no se aprueben las reformas fiscal, electoral y al sistema judicial.
