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El pasado miércoles, los diputados al Congreso de la República aprobaron de urgencia nacional el decreto 14-2017, que reforma artículos importantes del Código Penal.
La reacción fue inmediata y varios sectores y cámaras empresariales se pronunciaron al respecto y coinciden en que ese tipo de decisiones evidencia inestabilidad y debilidad política.
A pesar de que ayer los legisladores volvieron a reunirse en el pleno del Congreso y derogaron lo aprobado, dejaron un mal mensaje, según las cámaras empresariales consultadas.
Calificadoras y bonos
Para Fernando Suriano, director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), es necesario balancear los poderes del Estado.
Según Suriano, los acontecimientos del 2015 no afectaron las calificaciones de riesgo país que otorgan calificadoras en varios indicadores. Por lo tanto, consideró que es prematuro pensar si tomarán en cuenta los últimos hechos.
El director del Pronacom dijo que el ministro de Finanzas afirmó que los bonos que se han colocado como país a través de Finanzas y del Banco de Guatemala no han tenido aumento de riesgo.
“Son indicadores que evidencian que los agentes económicos no han sentido ningún efecto o bien que el país a mediano plazo pueda entrar en problemas económicos principalmente”.
Freno a la inversión
Para Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) las decisiones de los congresistas tiraron por la borda el avance en la lucha contra la impunidad y corrupción en el país.
Aunque después se conoció que los diputados, de forma unánime con 130 votos, engavetaron los decretos 14-2017 y 15-2017, lo que sucedió resta “credibilidad” al Congreso de la República, y lo que deben hacer es empezar a recuperar “confianza”, dijo Tefel.
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), comentó que en las últimas dos semanas han recibido varias llamadas de empresarios estadounidenses consultando sobre la crisis política del país, para tomar la decisión de continuar con proyectos que están en camino o bien por confirmar, pero les preocupa, aparte del tema político, la certeza jurídica por las últimas decisiones de las cortes en suspender proyectos de gran envergadura.
“Las inversiones usualmente cuando vienen de Estados Unidos son fuertes y abarcan varios sectores productivos donde buscan establecerse”, manifestó el directivo de AmCham.
Carrasco opinó que hay conflictividad entre los organismos del Estado, pero a su vez resaltó que se le da tratamiento de manera institucional; es decir, “que no se resuelve el tema por protestas violentas o por incursión del Ejército”.
Según el ejecutivo, Guatemala ha estado estancada en el tema de inversión extranjera directa (IED), y también evidencia retroceso. Lo atribuye a temas de conflictividad política y de legislación en materia económica que han estado estancados en el Congreso por más de cinco años.
“Por eso sorprende que pasen este tipo de leyes de urgencia nacional, que parecieran beneficiar a particulares, en lugar de pasar leyes relacionadas con infraestructura, desarrollo económico, seguridad, alimentación y salud”, puntualizó el presidente de AmCham.
