Explicó que, si bien se faculta al Congreso para su aprobación de las APP como lo indica la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, es necesario hacer las diferentes correcciones.
No dudó en decir que la no aprobación del primer proyecto público privado en Guatemala, genera un clima de incertidumbre a los potenciales inversionistas y se debe empezar a trabajar en un clima de generar confianza, ahora que viene un nuevo gobierno.
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Treviño Moreno participó en el grupo técnico-jurídico que elaboró el reglamento de la referida ley en Guatemala y conversó con Prensa Libre.
A su entender, ¿qué fallo en este primer proyecto de APP?
Este proyecto de la autopista fue un caso de éxito, ya que la etapa del proceso cumplió con los estándares, con las características de APP, la participación de firmas muy reconocidas y la mejor oferta fue la ganó en un proceso transparente y competitivo.
Hasta esta etapa el proyecto fue exitoso, ya que hubo alguien quien puso en riesgo sus recursos; luego viene el proceso de afinar que la oferta la transforma a un contrato de APP que es muy complejo, y son contratos que van a operar por largo tiempo.
En la aprobación, el Congreso toma una decisión que todos conocemos.
¿Entonces que falló?
Nada. Fue una decisión que no sé si ha sido explicada o no, que adoptó una autoridad que tiene que ejercer esa facultad y esa decisión echa por tierra un trabajo que la sociedad guatemalteca ha desarrollado durante años para poder conceptualizar, armar, promover, adjudicar un proyecto y ahí se frenó.
Habría que ver cuáles son las razones de los diputados que votaron y aquellos que no votaron y que impidieron que este proyecto continúe.
¿Por qué dice que fue exitoso, pero no hubo una aprobación?
Hay diez razones por las cuales el proyecto hay que hacerlo, pero quisiera conocer cuales son las otras diez razones, quién decidió que no se hiciera.
Ese proyecto se va a hacer, porque la sociedad y la economía lo necesita. En esa ruta se necesita un tramo de calidad y estándares altos.
¿Qué errores hubo?
No lo veo por ningún lado.
Hablaría más de cuales son las causas por las cuales este órgano decide no aprobarlo que en todo el mundo ya se aprobó, la Anadie, los bancos, el Ministerio de Comunicaciones y otras instancias, que es quien pide el proyecto.
¿Cuál es su lectura sobre este caso?
Yo no veo que el sector privado ponga en riesgo su capital, su reputación y su negocio para proveer de mejor infraestructura para el país y en México existen más de cien concesiones de carreteras, con más de 10 mil kilómetros operando en autopistas y el valor de usar un tramo seguro y eficiente las personas lo reconocen mucho.
Todas empresas generan impacto económico, el pago de impuestos, consumo y generan empleo.
¿Qué hay más allá?
En países como México, Honduras, Chile, Perú, Colombia, se están haciendo APP y no hay problemas, pero hacer estos proyectos son muy complejos.
Yo diría que en Guatemala se debe hacer una revisión, (ver) qué está sucediendo para que este proceso no esté concluyendo como se esperaba.
¿Habrá conflictos de interés de consorcios por disputarse este proyecto?
En 1980, cuando las APPs empezaron, las primeras empresas que hicieron los proyectos fueron constructoras y eso no funcionó.
Hoy en día quien hace esas obras no son constructoras, si no desarrolladores de proyectos.
La razón es que la naturaleza del negocio de la construcción es distinta a la naturaleza de las APPs.
¿Algún ejemplo?
Un constructor quiere ganar un contrato y hacer la obra, gastar lo menos posible, hacer el negocio e irse a otro y no digo que esté bien o mal, pero así es.
Pero como funciona la naturaleza de las APPs, el desarrollador se va a quedar 20 años a operar su proyecto y no le interesa hacer la construcción rápida, barata e irse. Lo que le interesa es hacer un buen proyecto para quedarse, porque si no lo hace, lo van a penalizar.
¿Cree que hay intereses de grupos en este proyecto?
No lo sé. Pero me parece y me da pena que se preparó bien un proyecto y alguien dice que no.
Eso se hubiera dicho antes que no se autorizaría desde el día uno y ahí se moría. En este momento detener ese proceso el costo es alto, en el sentido de pararlo y hacerlo.
¿Quién sale perjudicado? El consorcio va a seguir buscando otros proyectos, pero los afectados son los usuarios, los buses de transporte de pasajeros, los camiones de carga y la población que son los afectados.
¿Qué reflexiones tiene?
No es común que el Congreso de cualquier país que emite la ley y establece las reglas para hacer ciertas cosas y no parece razonable que un Congreso emita la normativa y que los resultados de la aplicación de esa normativa puedan ser detenidos por el mismo órgano que creó en una etapa de culminación del proceso, en la cual se llevaron todas las acciones que se establecieron.
Esto no tiene lógica.
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¿Qué se debe hacer?
En otros países, la aprobación final del Congreso no corre nunca, y la legalización de un proyecto surge antes. Entonces esa disposición no está permitiendo que se desarrolle infraestructura y se debe promover una pequeña modificación.
¿Cómo se debe recuperar la confianza de los inversionistas?
En muchos países la base es la confianza. ¿Cómo se gana? Eso es muy sencillo. Tiene que ser predecible lo que va a hacer la otra persona. Si no hay previsibilidad de lo que va a ocurrir no hay confianza y se genera lo contrario: desconfianza.
Hay que actuar con las reglas que son claras y cumplirlas.
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