Una fuente dijo a Prensa Libre que hay temor de que la transnacional suspenda sus operaciones en el Caribe y a cambio se reoriente hacia Puerto Cortés, Honduras, donde llegarían las importaciones o exportaciones guatemaltecas.
En el comunicado, Empornac hace mención que esa situación se ha denunciado reiteradamente, y solicitaron a la cadena de logística y su equipo humano a “estar atentos y apoyar la toma de decisiones que permitirán sacar adelante a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, para que continúe siendo el polo de desarrollo de la región”, cita.
Walder Velásquez, presidente de la Gremial de Gestores Aduaneros, lamentó que la poca capacidad de operaciones en la portuaria provoque la disminución de movimiento de buques por parte de Maersk, lo cual consideró el primer paso hacia la salida total de la compañía, que significaría pérdidas millonarias y causaría desempleo en la región.
Afirmó que la Terminal Portuaria de Chiquita en Puerto Barrios es pequeña comparada con el nivel de operaciones de navieras como Maersk, por lo que las posibilidades de que las navieras opten por Puerto Cortés son altas.
Velásquez agregó que solo en el sector transportista se dejarán de percibir al menos Q13 millones semanales, mientras que en el área de trámites serían unos Q5 millones.
“Todos los trabajadores portuarios se encuentran atemorizados porque podrían perder su empleo. Hay posibilidades sustanciales de que la compañía Maersk Line se vaya en definitiva del puerto Santo Tomas de Castilla, algo que afectará la economía del país”, aseguró.
Antecedentes
Las deficiencias en los servicios no han sido los únicos problemas de la portuaria. Huelgas de trabajadores y señalamientos de contratos lesivos se suman a las lista de dificultades para las operaciones.
En junio de 2017, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio un ultimátum de seis meses para que las aduanas, principalmente la Empornac, mejoraran los sistemas de control, de lo contrario recurriría a acciones drásticas, incluso el cierre.
El entonces jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, dijo que los 25 contratos suscritos en las portuarias debían ser revisados, ya que no cumplían con los requisitos e impedían el cumplimiento de la meta de recaudación tributaria.
Dichos contratos fueron adjudicados por el gobierno del Partido Patriota (2012-2015) a ejecutivos ahora prófugos de la justicia por estar señalados en los casos TCQ y Cooptación del Estado.
Días después las autoridades de la Portuaria Santo Tomás lograron un acuerdo con la SAT para evitar el cierre, y se comprometieron a “realizar ajustes y ordenar los procesos” encaminados a mejorar la recaudación.
Un mes después, el entonces ministro de Comunicaciones, Aldo García, destituyó a Fernando Lorenzana, presidente de la junta directiva de la Empornac, después de que Foppa afirmara que en esa portuaria “existe descontrol y siguen operando las mafias”.
En lugar de Lorenzana fue nombrado Byron Alejandro Monterrosa Salazar.
En noviembre del año pasado la Presidencia declaró lesivos y canceló los contratos que la Empornac tenía con la empresa Comercializadora Pahame, S.A. al considerar que estos causaban perjuicios a la portuaria y al Estado de Guatemala.
Prensa Libre publicó en mayo del mismo año que los trabajos de Pahame dañaron los manglares cercanos al puerto.
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