“Hay una preocupación seria de la calificación que tiene el país por compromisos a nivel internacional, y eso se debe a la suspensión de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que ya no se acceda a la información bancaria de manera directa de los contribuyentes para fines tributarios”, declaró Martínez, ante un grupo de empresarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
El ministro advirtió de que “eso va a venir” en los próximos días y “nos van a dar una llamada de atención” y más que en la parte tributaria y económica, las complicaciones vendrán por el cumplimiento y esfuerzos en el combate al financiamiento contra el lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo.
Recordó que, el no tener el acceso a la información por temas tributarios, pone a Guatemala (en términos generales) como un país que no tiene la disposición de colaborar en los esfuerzos a nivel global. Aunque se hizo un esfuerzo en la OCDE, esa situación tendrá un impacto, reconoció el funcionario.
En una visita que realizaron directivos de ese organismo a finales del año pasado, se reconoció que existe una preocupación de colaborar en términos tributarios, a pesar de que es uno de los compromisos que asumió Guatemala.
La OCDE hace una evaluación a los países y los informes los presenta a mediados de año.
Riesgo latente
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó que el país está en peligro de disminuir un grado de calificación con la OCDE y que esto tendría repercusiones en la economía, pero sobre todo en el sector financiero que atiende al comercio exterior (importaciones y exportaciones).
Recordó que Guatemala tiene la calificación de OCDE en cuatro, pero en esta próxima evaluación, por el factor del secreto bancario, podría llegar al cinco, que implicaría encarecer los créditos o líneas de crédito (cartas) para el intercambio comercial.
En este caso en particular, el impacto sería para los ex-im banck que son las instituciones que manejan las cartas de crédito para el comercio, sobre todo para la importación de maquinaria y equipos.
“Él (el ministro) dejó ver que existe un peligro que se pueda bajar un grado de calificación por los temas relacionados al lavado de dinero”, afirmó Zapata.
Zapata añadió que países como Honduras tienen calificación cinco y Nicaragua seis, y que perder la calificación cuatro implicaría un retroceso.
“Estamos en una lista gris, pero bajar a grado cinco tendría impacto, y ahí suben las tasas de interés para el comercio exterior”, puntualizó Zapata.
Más sanciones
Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), afirmó que en esta ocasión Guatemala puede integrar de nuevo la lista de países no cooperantes en la transparencia internacional, y de nuevo se corre el riesgo de que se implementen medidas contra las personas individuales o jurídicas que hacen negocios con otros países.
Afirmó que a los países les interesa conocer el intercambio de información de determinadas personas y empresas, para combatir la evasión mundial. Sin embargo, en Estados Unidos y Europa se interesan por combatir también el lavado de dinero, la trata de personas, el terrorismo y el narcotráfico, derivado de que son delitos mundiales.
Entre las sanciones que se podrían implementar están la aplicación de un impuesto determinado a las empresas que hacen intercambio comercial o flujos financieros.
“Estar en esta lista de países no cooperantes se interpreta como que se esconden capitales en Guatemala y que son opacos”, afirmó Medina Bermejo.
Peticiones
Zapata afirmó que una de las acciones que se pueden atender es que la CC emita una resolución, en definitiva, ya que la suspensión del secreto bancario es provisional.
“Es necesario conocer cualquier decisión en definitiva que se adopte para empezar a trabajar y buscar otros instrumentos para tener acceso a la información bancaria de los contribuyentes”, enfatizó.
Medina aseguró que al conocerse los resultados de la evaluación de la OCDE, lo ideal es agilizar las acciones para no afectar a la próxima administración de gobierno.
Antecedente
El 3 de agosto del 2018 la CC decretó la suspensión provisional del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario.
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Eso significa que la SAT ya no podrá acceder a la información bancaria de manera directa de los contribuyentes.
La suspensión es temporal y los magistrados de la CC deberán entrar a conocer la resolución en definitiva.
Desde esa fecha, la SAT no ha realizado gestiones de solicitudes de información bancaria de los contribuyentes.
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