Según resultados del Segundo Termómetro de la Propiedad, en el que se analizaron los delitos contra la propiedad inmueble en Guatemala, en el último quinquenio se ha presentado un promedio anual de 3 mil 942 denuncias por ese tipo de delitos a nivel nacional.
Por ejemplo, en el 2017 el año se registraron 3 mil 767 casos y en el 2019, subieron a 4 mil 142. El estudio fue elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad y concluyó que por cada 100 de esas denuncias, únicamente 30 logran una sentencia o una salida alterna.
Entre los principales hechos está en primer lugar la usurpación, seguido por la alteración de linderos, usurpación agravada y perturbación de la posesión. Los departamentos en donde se presentan más denuncias son Huehuetenango, Guatemala, San Marcos, Alta Verapaz y Quetzaltenango.
Sin embargo, al calcular el promedio anual, la incidencia incluye a Baja Verapaz y Zacapa, donde se reporta un promedio de 74 denuncias por cada 100 mil habitantes, seguidos por El Progreso con 49, Huehuetenango con 42 y Jutiapa con 40.
Alarmante número de desestimaciones
Por otro lado, en los últimos 5 años se ha desestimado el 63% de las denuncias, debido principalmente a que los fiscales del Ministerio Público a cargo consideran que no existen elementos probatorios para solicitar un proceso penal y recomiendan al juez que se ordene la baja.
“Es importante resaltar este punto, ya que se trata de una cantidad considerable de denuncias desestimadas, por lo que es necesario determinar cuáles son los motivos”, enfatizó José Orellana Wer, coordinador de Comunicación del Observatorio de Derechos de Propiedad.
Por lo general, se establece que se trata de denuncias espurias o los fiscales creen que son casos civiles y no penales, pero es un tema al que se debe prestar atención, enfatizó el ejecutivo.
En números concretos, en el 2016 se desestimaron 1 mil 572 denuncias de 3 mil 900; y en el 2020, cerraron 2 mil 957 procesos de un total de 4 mil 39. Es decir, que solo alrededor de mil denuncias se empezaron a investigar el año pasado.
En cuanto a las sentencias, de cada 100 denuncias que se presentaron en el 2016 solo se alcanzaron 21 salidas alternas y una sentencia firme, mientras que en el 2020 se lograron 29 salidas alternas y otra sentencia. “Estamos hablando de una proporción pequeña en relación con la cantidad de denuncias que se presentan, las que se desestiman y las que logran salidas alternas o una sentencia”, enfatizó.
El Observatorio de la Propiedad recibe información de algunos casos y el objetivo es analizar los testimonios de las personas para detectar cuáles son sus mayores problemas y dentro de la gama de casos que se ha recibido, se analizó una tendencia de “entrampamiento” ya sea en la etapa de investigación o bien a nivel del Organismo Judicial y los procesos no avanzan.
Según las conclusiones presentadas en el Segundo Informe de Hallazgos del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, y de acuerdo con la legislación guatemalteca, cada proceso debería durar de 251 a 341 días. Sin embargo, puede llegar a un promedio de 817.
Distintos escenarios
En opinión del abogado Alejandro Balsells Conde, existen varios escenarios y realidades distintas en el tema de las violaciones contra la propiedad de inmuebles. El primero es la falta de cultura de denuncia y las personas, incluso permiten que les roben sus propiedades; otro es que se omite la denuncia penal; y el último es el de quienes acuden a lo penal y no encuentran solución a su problema.
“Creer que solo los casos penales existen es un error. Es un tema nacional y la situación es espantosa porque las víctimas sienten temor y no existe una autoridad que esté preocupada viendo el tema”, expresó.
Ancianos, herederos, migrantes, menores, personas discapacitadas y viudos son los principales objetivos de los delincuentes, sin importar la ubicación del bien, y al sistema jurídico no le interesa. Primero, por indolencia y luego, no le importa generar certeza, señaló el profesional.
“Esa cantidad de denuncias significa que detrás de los casos existe toda una estructura criminal y el sistema no responde”, enfatizó Balsells.
Para el abogado, los delitos de usurpación tienen un componente social porque existen estructuras de poder que están “robando propiedades”, como comúnmente se le llama a este delito, y el Registro de la Propiedad carece de efectividad para evitar esos abusos.
“Los guatemaltecos tenemos un monumento dedicado a la indolencia administrativa y este se llama Registro de Información Catastral -RIC-, que supuestamente para el 2021 debería tener a todo el país catastrado, pero los alcances son pocos o nulos”, señaló.
Además, existe un Registro General de la Propiedad en la capital y otro en Quetzaltenango, sus raíces las encontramos en la Revolución Liberal de 1871 y ambos se rigen, para la mayoría de sus operaciones, por el Código de Notariado de 1946 y el Código Civil de 1963. Con este régimen legal, poco puede hacer porque se trata de leyes obsoletas, resaltó.
Para Orellana Wer, la normativa vigente garantiza una protección amplia a los derechos de propiedad, pero el problema radica en la falta de acceso de la justicia y la poca certeza de castigo.
“En Guatemala, y este es nuestro mayor peligro, el derecho humano a la propiedad privada tiene tantas amenazas como los demás, léase vida, libertad e igualdad, si hablamos de los individuales; o trabajo, salud, familia y educación, si se trata de los sociales; eso muestra su vulnerabilidad.
El Salvador y Costa Rica cuentan con sistema de registro centralizado que garantiza mucho mejor los derechos de propiedad y es absurdo pretender atraer inversiones extranjeras o explicar a los responsables la sugerencia de “inmovilizar los bienes” porque se los pueden robar”, concluyó Balsells.
Delito afecta otros indicadores
Paulo de León, director de Central American Business Intelligence (Cabi) confirmó durante una actividad en la Cámara del Agro que las víctimas de invasiones no son solo fincas o empresas, sino también propietarios de casas, terrenos y bodegas, entre otros.
“Según las denuncias que registra el Ministerio Público, las invasiones a la propiedad van en aumento y las empresas del sector agro son víctimas de invasiones que duran años, aparte de que suceden manera violenta, causando daños a la propiedad, a las personas y a las autoridades”, dijo.
Según la Secretaría de Asuntos Agrarios, estos hechos se concentran principalmente en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Petén. “Las autoridades de justicia no están garantizando el derecho a la propiedad en Guatemala. Y esto afecta en los indicadores de competitividad y por la tanto, la inversión, crecimiento y empleo. Solo con hacer cumplir la Ley y garantizar el derecho de propiedad, la economía de Guatemala podría estar creciendo 0.6% más cada año”, estimó De León.
El Registro responde
Prensa Libre solicitó una opinión sobre el tema al Registro General de la Propiedad y a continuación se presentan las preguntas formuladas, así como las respuestas institucionales recibidas:
¿Cómo analiza los datos sobre las denuncias contra la propiedad inmueble a nivel nacional?
Es posible que actualmente existan grupos delincuenciales, que se aprovechan de la buena fe o falta de conocimiento de la población guatemalteca, que han aprendido a utilizar de mala manera la fe pública notarial, con la finalidad de despojar de sus bienes a los guatemaltecos, por lo cual me perece de suma importancia que se denuncie ante el Ministerio Público todos estos casos, con la finalidad de que, por medio de una labor investigativa, puedan ser presentados los casos concretos a los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Algunas de las críticas son que el problema de las violaciones contra la propiedad inmueble se originan en el mismo Registro de la Propiedad ¿qué opina al respecto?
Nos encontramos en un país libre, en el cual se garantiza el derecho de expresión, por lo cual son respetados todos los comentarios. Sin embargo, sería interesante saber de dónde concretamente provienen tales críticas, ya que de forma oficial no se nos ha hecho saber algo concreto.
Es importante mencionar que esta administración ha estado comprometida con garantizar la certeza y seguridad jurídica que la normativa jurídica establece. En tal sentido, hemos implementado acciones administrativas y tecnológicas, que involucra tanto al funcionamiento ordinario del Registro General de la Propiedad, como acciones en conjunto que involucran a otras instituciones públicas y privadas como el Ministerio Público, Registro de Información Catastral, Bienes del Estado, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, entre otras, con las cuales se han firmado convenios o acuerdos interinstitucionales, con la finalidad de garantizar los dos principios legales, previamente indicados.
Aunado a lo anterior, la institución ha promovido la inmovilización de bienes inmuebles, buscando mecanismos tecnológicos que puedan usarse en beneficio de la seguridad registral, así como brindar al usuario la posibilidad que se le notifique por medio de un mensaje de texto, al usuario en caso de que su bien inmueble sea ingresado a la operación registral.
Asimismo, se ha implementado tecnología dentro de la institución, con la finalidad de mantener la transparencia y eficacia en la institución, entre los cuales le puedo mencionar, certificaciones en línea, con las cuales el usuario puede solicitarla desde la comodidad de su casa u oficina, y las mismas se hacen llegar de la misma manera, el aviso notarial a la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles y el aviso notarial a la municipalidad de Guatemala, ambos se pueden realizar en línea por medio de plataformas tecnológicas, entre otros.
Otros de los comentarios se refieren a las leyes obsoletas que poco garantizan esa protección. ¿Cómo analiza este punto?
Es importante indicar que el Derecho es una ciencia que va evolucionando a través del tiempo. En el caso del derecho notarial, debemos recordar que la normativa que rige la mayoría de las actuaciones notariales, Código de Notariado, Decreto 314 el cual entró en vigencia de conformidad con el artículo 112 del referido cuerpo legal el 1 de enero de 1947.
Por lo cual, junto con la Comisión Nacional Registral, se hacen los esfuerzos constantes de realizar estudios jurídicos respecto al tema y proponer reformas que buscan brindarnos mejores herramientas para garantizar la certeza y seguridad jurídica.
¿Qué acciones contempla el Registro de la Propiedad para brindar mayor certeza y protección?
Hace unos días capturaron a una señora afuera del Registro de la Propiedad por los delitos de falsedad ideológica, uso de documentos certificados y caso especial de estafa, quien pretendía vender una propiedad ubicada en el departamento de Escuintla, la cual habría sido adquirida con anterioridad de forma ilícita, y que por medio de las pesquisas se estableció la existencia de una denuncia por el despojo del inmueble ingresada por el propietario en el 2012.
Hemos realizado esfuerzos desde el primer día de esta administración, para garantizar la certeza y seguridad jurídica, y debido a los esfuerzos trabajados con instituciones como el Ministerio Público, buscamos la mejora continua para el beneficio de la población guatemalteca.
Aunado a los esfuerzos ya realizados, me permito indicarle que, dentro de las acciones a corto, mediano y largo plazo, se encuentran involucrar aún más la tecnología, dentro de los procedimientos que realiza el Registro General de la Propiedad, así como mantener el estudio continuo de la legislación guatemalteca, para promover propuestas a los órganos correspondientes.
Como lo evidencian las acciones tomadas por esta administración, nuestro principal objetivo con la población en general es brindarle la certeza y seguridad jurídica, que se encuentra dentro del actual marco legal, por lo cual instamos a la población y colaboradores de esta dependencia, a que se unan a este esfuerzo institucional de no tolerar acciones ilícitas, ni actos contrarios al derecho legítimo de la propiedad por lo que les exhortamos a que denuncien cualquier sospecha de despojo de su propiedad o de sus vecinos.
