En cuatro años, del 2012 al 2015, el monto por gasto tributario llegó a Q60 mil 688.7 millones, y con lo proyectado para este año se elevaría a Q73 mil 529.7 millones.
Los datos son cálculos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) divulgados en junio último.
La proyección no incluye el impacto que tendría la aprobación de la reforma tributaria presentada la semana recién pasada.
En el 2015, el gasto tributario significó 2.5% del producto interno bruto (PIB) y 23.5% de la recaudación de ese año (Q49 mil 724. millones).
En el 2012, el monto por gasto tributario llegaba a Q26 mil 330 millones, pero en el 2013 bajó, debido a la reforma de exenciones del impuesto sobre la renta (ISR) como la planilla del IVA, que beneficiaba a los trabajadores por dependencia.
Revisión es necesaria
Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Pedro Prado, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), consideran que antes de hablar de aumento a impuestos se deben revisar las exenciones, exoneraciones y ciertos incentivos.
Medina refiere que se deben eliminar los beneficios empresariales que se otorgan en forma de incentivos y que se mantienen en la recién aprobada Ley Emergente para la Conservación del Empleo, decreto 19-2016, que entre otros temas modifica los regímenes de maquilas, zonas francas y centros de llamadas.
Con ese punto coincide Carlos González, analista de Asíes, quien considera necesaria una revisión, pero que además los gobiernos, tanto el actual como los siguientes, diseñen una nueva política económica, para no depender tanto de la maquila, sector que, comenta, tiene mucha competencia de países asiáticos y su permanencia no debería estar sujeta a un beneficio fiscal.
Del 2012 al 2015, las empresas en el régimen 29-89, fomento a las maquilas, fueron exoneradas por Q 4 mil 524.43 millones, mientras que las del régimen de zonas francas —decreto 65-89—, con Q552.82 millones, incluyendo el ISR y otros.
Una de las críticas constantes respecto de ese régimen es que no se tenían datos del impacto positivo de su aplicación porque no había control de cuántos puestos de trabajo e inversión significaban.
Con base en una obligación establecida en las normas presupuestarias, este año se informó que, entre ambos sectores, durante el 2015 se generaron 163 mil 170 empleos; sin embargo, el informe es parcial porque decenas de empresas incumplieron con el reporte.
Asíes basa su propuesta de revisión de tratamientos preferenciales en el documento Guatemala Camina.
En opinión de González, el tema es extenso y no se podía hacer en propuesta tan rápida como la que el Gobierno impulsa. El tema, afirma, requiere tiempo y análisis sobre la viabilidad, y enfatiza que se debe llamar a una revisión de todas las exenciones, empezando por aquellas que no están establecidas en la Constitución.
“Se deben analizar una por una, y ver si todavía, cada actividad, necesita estar sostenida por el Estado”, comentó González.
Agregó que la revisión debe establecer, por ejemplo, que si se trata de actividades lucrativas pero después de cuatro o cinco años no generan utilidades, no debe merecer apoyo estatal y eliminarse la exoneración del ISR. Ese apoyo, enfatizó, tiene que ser temporal y no a largo plazo.
González y Prado coinciden en que el Gobierno tiene la facultad, por medio de acuerdos gubernativos, de exonerar el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, pero ahora que ya se cambió la matriz energética, se depende menos de los combustibles fósiles, consideran oportuno eliminar ese beneficio.
Del 2012 al 2015, por generación de energía eléctrica se han exonerado Q725.20 millones que incluye el beneficio mencionado, y otros para los renovables.
Medina y González indican que si se concretan reformas a la Constitución se debe evaluar si se mantienen exoneraciones a universidades, colegios privados, al IGSS, al Comité Olímpico Guatemalteco y a la Confederación Deportivo Autónoma, así como a las iglesias.
En el 2012, los beneficios a universidades fueron por Q1 mil 868.74 millones, y para los colegios privados en el 2015 dicho monto sumó Q2 mil 438.96 millones.
Defiende iniciativa
El mandatario Jimmy Morales defendió la propuesta de reforma fiscal, y minimizó las críticas que aseguran que castigará, de aprobarse, a la clase media, como las modificaciones del 2012.
“Hemos sido claros, el que más gana tiene que aportar más para un momento difícil que está atravesando Guatemala. Creemos que es el momento de hacer un llamado a la población a que todos participemos, y vamos a participar con equidad y con justicia, el que más gana más va a aportar”, expresó ayer el mandatario, antes de su participación en el Desayuno Nacional de Oración, efectuado en un hotel de la zona 10.
Algunos sectores han insistido en que antes de una reforma a los impuestos debe recuperarse la moral tributaria; el presidente asegura que eso ya se logró.
“Creemos que hemos hecho el trabajo de la recuperación de la moral tributaria. Se ha mostrado una lucha contra la corrupción como se prometió, se ha asignado mayor presupuesto a las distintas instancias, como Salud y Educación, y hoy estamos en una situación menos complicada de la que agarramos en el momento que tomamos posesión”, aseguró Morales.
Añadió que se lleva buena ejecución presupuestaria, especialmente en Gobernación y Educación.
Beneficios
Sectores con mayor monto anual:
- Actividades mercantiles, Q1 mil 360.91 millones; intermediación financiera, Q1 mil 343.18 millones.
- IGSS, Q1 mil 183.28 millones. Maquilas (29-89), Q1 mil 83.62 millones, y zonas francas, Q161.67 millones.
- Instituciones de asistencia social, Q893 millones.
- Compras en mercados cantonales, Q3 mil 217.12 millones. Medina dice que aquí se debe apostar a inscripción de contribuyentes.
Eliminación gradual
Eduardo Velásquez, exintegrante de la comisión del Pacto Fiscal, opinó que desde hace 18 años se había planteado la reducción gradual de las exenciones fiscales.
“En lugar de disminuir los privilegios, han aumentado y el Estado no puede funcionar así, otorgando privilegios fiscales a determinados sectores que no tienen razón social”, puntualizó.
Piden revisión
Sandra Morán, diputada de Convergencia, dijo que en la propuesta de reforma fiscal que promueve el Ejecutivo se deben de revisar las exenciones fiscales.
“En la propuesta no se incluyó ninguna medida que controle a las empresas e instituciones que gozan de exenciones, por lo que solicitaremos hacer observaciones”, indicó.
