Varios funcionarios fueron citados de nuevo al Congreso por el tema del Ferrocarril Bicentenario, pero no asistieron

El Procurador General de la Nación, Luis Donado, y el interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Augusto Ponce, no asistieron a una citación en el Congreso en la cual debían aclarar dudas sobre el contrato entre Ferrovías y la empresa Remed, S.A.

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Funcionarios delegados por el Ministerio de Comunicaciones y de la Procuraduría de Derechos Humanos asistieron a la citación al Congreso, no así el Procurador General de la Nación y el Interventor de Fegua. (Foto, Prensa Libre: Henry Montenegro).
Funcionarios delegados por el Ministerio de Comunicaciones y de la Procuraduría de Derechos Humanos asistieron a la citación al Congreso, no así el Procurador General de la Nación y el Interventor de Fegua. (Foto, Prensa Libre: Henry Montenegro).

La citación fue girada por la Bancada Semilla, sin embargo ante la inasistencia de estos dos funcionarios se suspendió la reunión y se les convocará de nuevo, según el diputado Luis Fernando Pineda.

“Se maneja el contrato con absoluta opacidad y secretismo, cuando se afecta los intereses de todos los guatemaltecos”, agregó al recordar que el Estado de Guatemala es el propietario del 80% de acciones de Ferrovías, por lo que el contrato es público, pero el Gobierno ha insistido que es un asunto privado.

“Se tenían muchos cuestionamientos para el Procurador Donado, quien cambió de parecer porque el año pasado votó de manera negativa durante una asamblea general en cuanto a la minuta del contrato de Ferrovías. Y sorprendentemente, con su voto el 12 de enero de este año, aprobó ese contrato y quedan muchas dudas sobre los posibles beneficios o el perjuicio que se va a causar al patrimonio”, añadió el parlamentario.

También se había citado a Cristina Lemus Alvarado, viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, delegó a la directora del Fondo para la Vivienda (Fopavi), por lo que también se le convocará de nuevo, ya que se quiere saber si hay personas viviendo en el tramo de vía férrea que incluye el proyecto.

“En las vías del tren viven alrededor de 65 mil familias que ahora Fegua pretende desalojar y deben explicar al respecto”, señaló el diputado.

El miércoles 26 de enero, el interventor de Fegua afirmó desconocer el contenido del contrato entre la Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A. (Ferrovías) y Remed S.A., aunque este le obliga a desalojar la línea férrea desde Tecún Umán hasta Puerto Quetzal.

El contrato consiste en el arrendamiento de 235 kilómetros de vía férrea e inmuebles relacionados, para rehabilitar y poner en marcha el llamado Ferrocarril Bicentenario y la empresa arrendante ejecutará el proyecto durante 26 años, con una inversión anunciada de US$700 millones.

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Según la PGN el contrato es de un arrendamiento de bienes inmuebles de utilidad ferroviaria, a favor de Ferrovías, S.A., correspondiente a la División Pacífico, y no se trata de un usufructo, pero Pineda expuso que “es un negocio de US$700 millones y lo que pretendemos es evitar a toda costa que el gobierno de turno o un grupo muy selecto de empresarios se haga multimillonario a costa de los bienes que pertenecen a los guatemaltecos”.

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