Entre las seis violaciones cometidas en aguas de las Bahamas y Alaska está el vertido de plásticos y aguas negras al mar, la falsificación de documentos, tratar de influir en la Guardia Costera para que cambiara ciertos parámetros ambientales, entre otros.
Donald reconoció que “se quedaron cortos” en cuanto al cumplimiento del acuerdo, se comprometió a cumplir “completamente” el nuevo pacto y garantizar la “transparencia” del proceso.
Durante cuatro horas de audiencia, la jueza se mostró desconfiada del liderazgo de la empresa y “frustrada” con los incumplimientos de Carnival durante el periodo de prueba al que está sometida tras declararse en 2016 culpable de siete cargos de delitos ambientales relacionados con el vertido al océano de crudo pesado de su línea Princess.
No obstante, la jueza aceptó el nuevo acuerdo al que llegó la empresa con la Fiscalía.
“Esto se trata de un caso criminal, no de una litigación civil”, recordó la jueza varias veces durante la audiencia al instar a la empresa a “cambiar” realmente y tomarse en serio el medio ambiente.
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El fiscal a cargo señaló, por su parte, que las acciones para evitar el vertido de plásticos al océano deben “ser la prioridad” para los ejecutivos de Carnival, cuya sede principal está en Miami.
La compañía está preocupada por sus reputación y no por hacer lo correcto. Jueza Patricia Seitz.
Durante la audiencia, a la que acudieron una docena de altos ejecutivos de la empresa, la jueza criticó que “la compañía está preocupada por su reputación y no por hacer lo correcto”.
La jueza Seitz recordó a Donald que el “compromiso” debe ser con las comunidades y no con los accionistas por el “significante” impacto sobre ellas en todo el mundo.
Seitz, sin embargo, rechazó una moción impulsada por el grupo ambientalista Stand.earth, en la que el abogado Knoll Lowney pedía considerar como “víctimas” a personas afectadas por los vertidos contaminantes al mar.
Kendra Ulrich, directiva de Stand.earth, dijo que lo que buscaban era que la víctimas fueran tenidas en cuenta en el proceso.
En ese sentido, Lowney pidió a la jueza “retrasar” el proceso legal y se lamentó que pese a estar en “periodo de prueba”, la compañía incurra en el vertido de plásticos y crudo pesado, polución de santuarios y que “trabaje para debilitar” leyes ambientales.
“Nosotros no podemos creerle a Carnival, no podemos con otro acuerdo”, manifestó el abogado a la jueza.
Como parte del acuerdo de 2016 por violaciones de la línea Princess, Carnival debió pagar US$40 millones y comprometerse a subsanar los delitos ambientales de los que se declaró culpable.
Por este segundo acuerdo, la empresa deberá pagar US$20 millones y cumplir con un nuevo arreglo para dar por terminada la polución marítima.
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