En el país ocurren a diario 22 accidentes de tránsito, y en el 2021 se convirtieron en la primera causa de muerte, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Siete personas al día murieron por esa causa en el 2021, segundo año de la pandemia, y en un momento en que el país recuperaba la movilidad en las calles, después de haber pasado 12 meses en una extraña nueva rutina.
Producto de esos accidentes quedan, además de los fallecidos, miles de lesionados, muchos de los cuales se enfrentan a las secuelas de los traumas e incluso invalidez.
El 29 de julio de 2021, Cindy Herrera conducía su vehículo azul por el que había ahorrado varios años y que aún estaba amortizando.
Seis meses antes se había independizado de sus padres, trabajaba en un centro de llamadas y rentaba un apartamento con el que había firmado el primer contrato de arrendamiento de su vida.
Todo pintaba bien. Una joven de 30 años a quien le gustaba viajar y que tenía muchos sueños hasta que un tráiler que no logró frenar a tiempo embistió el suyo y otros cuatro vehículos, así como una motocicleta, en la bajada de Villalobos.
El automóvil de Cindy fue el último que impactó el tráiler. Prácticamente fue el que frenó su marcha, y ella fue quien sufrió lesiones más graves. El pie derecho se le quedó trabado en el pedal; no podía moverse.
Minutos después su familia recibió una llamada telefónica en la que le informaban del accidente. Era de noche y sus hermanos se disponían a dormir cuando escucharon la alerta.
Al llegar al lugar, uno de ellos tuvo que ayudare a los socorristas a rescatar a Cindy de entre el vehículo.
“Pensaron que ya estaba muerta”, relata Cindy al recordar el momento en que la trasladaron a un sanatorio de Villa Nueva. Un hermano de la joven cuenta que decidieron llevarla a ese lugar por miedo a que en un hospital público se contagiara de covid-19.
“Pero ese lugar solo sirvió para endeudarnos”, lamenta.
Después, Cindy fue trasladada al Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con una fractura en la pelvis, daños en el nervio de la vejiga y el pie derecho destrozado.
Permaneció en sala de cuidados intensivos durante 21 días.
Además de cicatrices en el cuerpo, Cindy guarda las fotografías publicadas en las redes sociales de la Municipalidad de Villa Nueva y de los Bomberos Voluntarios sobre aquel accidente.
Las noticias de aquella noche an cuenta de que, en el km 13.5, donde ocurrió el accidente, se efectuaban trabajos del servicio de energía eléctrica y los conos de alerta estaban muy cerca, por lo que el tráiler, que iba a excesiva velocidad, no logró frenar a tiempo.
“El tráiler se encunetó y el piloto se dio a la fuga”, refirieron las autoridades entonces.
Han pasado siete meses de aquel accidente. Cindy regresó a casa de sus padres con una deuda de casi Q200 mil por gastos hospitalarios, por las cirugías a las que fue sometida, además de las terapias que debe seguir y la pérdida del vehículo.
Ahora se moviliza en silla de ruedas porque la lesión en la cadera le impide permanecer mucho tiempo de pie. Espera que con las fisioterapias pueda recuperar la fuerza en las piernas, aunque uno de los pronósticos médicos señala que, si llegara a embarazarse, su condición sería de alto riesgo, por la severidad de las lesiones en la cadera.
El peor escenario
Con los años han aumentado los accidentes de tránsito, y los bomberos y médicos atienden más emergencias de ese tipo, en especial los fines de semana y días de asueto.
El comportamiento de quien va al volante se ha vuelto predecible, ya sea por incauto, bajo efectos de alcohol o a excesiva velocidad, lo que provoca la mayoría de accidentes.
Estuardo Reyes es bombero Voluntario desde hace cinco años. Empezó cuando tenía 23 años, inspirado por su padre, que lleva 26 años de servicio.
Reyes cuenta que en un turno normal —24 horas— puede atender tres o cuatro accidentes de tránsito en la jurisdicción a su cargo, en la estación central. Si en una noche asiste a esa cantidad de hechos de tránsito, la puede considerar “levemente tranquila”.
“Pero de un turno que inicie a las 10 de la noche y que sea quincena o fin de mes la cantidad de servicios sube exageradamente”, agrega, pues pueden llegar a atender hasta 10 por noche.
Son tantas las emergencias de este tipo que cuando suena el timbre y salen de la estación siempre imaginan el peor escenario.
“El primer escenario es el más complicado. Es decir, una persona atrapada dentro del carro, donde vamos a necesitar equipo especial para sacarla y que además nos toque ver a otra persona expulsada del carro por el impacto”, comenta Reyes.
A este bombero que presta servicio de manera honoraria le ha tocado vivir estas experiencias en dos ocasiones. Sin embargo, reflexiona con preocupación que, aunque no sean accidentes fatales, ven cómo mucho se deben a una imprudencia que pudo haberse evitado. Por ejemplo, un piloto distraído por ver el celular o al comer sin ver el camino.
“Hemos atendido personas que han desarmado sus carros totalmente; salen ilesas, y cuando te hablan emanan olor a alcohol. La persona no sabe en dónde está, no está ubicada en tiempo y espacio”, relata.
Les cambió la vida
Aracely Chan se encontraba en el Anillo Periférico, cerca de la colonia Villa Linda, zona 7, esperando un bus que la llevara al asentamiento Mario Alioto López. Ella no vivía ahí, sino varios kilómetros adentro, en Mártires del Pueblo. Para llegar debía subir dos cuestas muy pronunciadas.
Era el 15 de agosto de 2002, feriado en la capital, por la celebración de la Virgen de la Asunción. Aracely trabajaba en una panadería y no tenía descanso.
Su tarea era recolectar papel periódico y repartir el pan.
Cuando esperaba el bus, u vehículo que iba a gran velocidad perdió el control.
“El hombre se saltó el arriate y me pasó arrastrando varios metros. Él estaba bolo, lo agarraron, pero según me contaron después, salió bajo fianza”, relata.
Aracely pasó 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General San Juan de Dios y cuando salió de esa sala se percató de que le habían amputado un pie, además de que tenía fracturas en el pómulo derecho, la rodilla y el brazo izquierdo.
“Yo caminaba un montón antes del accidente. A donde estuviera el trabajo iba yo, pero desde entonces ha sido muy difícil mi vida”, dice Aracely, quien ahora tiene 65 años y sostiene a sus dos hijas con capacidades especiales.
Según cuenta, quiso darle seguimiento a su caso para obtener alguna reparación, pero en el Ministerio Público (MP) no le dieron razón.
Lo mismo sucede con Santos Adolfo Navas, quien reside en San Pedro Ayampuc, en una casa que tiene la mitad del techo destrozado.
El accidente de Santos también ocurrió un día de asueto, 1 de noviembre de 2008. “Venía del Cementerio General, de ver a mis muertos. Iba con mi esposa y mi hija cuando al bus le tronó algo”, recuerda.
Apenas dos kilómetros antes de su parada, el autobús en que viajaban se salió de la vía y cayó en un barranco. Pasaron dos horas para que los bomberos lograran rescatarlo. “Fui el último en salir. Iba en los asientos de adelante y no sé cómo fui a dar debajo de la parrilla. Cuando me encontraron decían que estaba muerto”, indica.
La fractura que sufrió en cinco cervicales y el daño en el nervio causaba que no sintiera los brazos.
A los seis meses del accidente fue sometido a una cirugía de las cervicales, mientras tanto permaneció en cuidados intensivos. Aunque salió caminando del hospital, tiene que usar silla de ruedas porque no soporta el dolor en las piernas.
Antes del accidente reparaba televisores y electrodomésticos, y ahora sus manos poco recuerdan esas habilidades y se mantienen encogidas, por el daño en los nervios.
Santos también quiso dar con los responsables del accidente, pues el piloto huyó del lugar, pero en el MP le exigían que se presentara con todos los afectados del percance.
“Yo no conocía a nadie, la única vez que los vi fue en el hospital, pero en ese momento no estaba como para hablar con ellos y pedirles su número”, dice, con frustración.
Muchos casos relacionados con accidentes de tránsito, que llegan a los juzgados, se resuelven fuera de los tribunales, con una compensación económica para el afectado, pero Cindy Herrera no quiere aceptar un acuerdo con la aseguradora. Actualmente tiene una demanda contra el propietario del tráiler para que le pague una indemnización que cubra no solo los daños, sino los días no trabajados, el costo de las operaciones y las fisioterapias, entre otros gastos.
“Ellos solo me quieren pagar los daños al vehículo, y lamentablemente vemos cómo el Ministerio Público se mueve muy poco”, dice Cindy al mencionar que este ente quiere pedir cuatro meses más de investigación, cuando han pasado nueve meses del accidente.
Precarización
Para Aracely y para Santos los accidentes les cambiaron la vida y se las hizo precaria.
Aracely ya no puede salir de Mártires del Pueblo para conseguir trabajo porque le es difícil movilizarse.
Una vecina que la llevaba en su carro al centro de la capital murió de covid-19.
Santos, por su parte, no pudo seguir reparando electrodomésticos, su esposa lo abandonó a pocos años del accidente y la hermana que le enviaba remesas desde Estados Unidos falleció el año pasado.
Su esperanza está en el bono del adulto mayor que ofrece el Gobierno; sin embargo, el Ministerio de Trabajo no le ha dado trámite a su solicitud después de tres años.
Cindy espera que el adormecimiento de las piernas pase con el tiempo y pronto pueda caminar sin problema, y aunque mantiene su empleo, regresó a la casa de sus padres.
El último censo de población —2018— cuenta a 1.6 millones de habitantes con alguna discapacidad física, intelectual y sensorial.
“Nos preocupa, porque sabemos que si se hace otro censo el número de personas con discapacidad aumentaría. Nadie está exento a un accidente de tránsito y hay muchas personas con amputaciones inferiores por esos hechos”, dice Clarivel Castillo, directora del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).
Jonathan Natareno, de la Defensoría de Personas con Discapacidad, indicó que no conocen cuántas personas quedaron discapacitadas tras un accidente de tránsito, pero es un tema que debe tratarse con seriedad.
Esto lo dice la Investigación del exceso de mortalidad regional durante la pandemia del covid-19 de 2020 en países latinoamericanos seleccionados del guatemalteco Kevin Martínez-Folgar.
Según el investigador, durante los primeros meses de la pandemia la mortalidad bajó 33 por ciento, que corresponden a homicidios y accidentes de tránsito que no se produjeron debido al confinamiento.
“Son muertes que pueden evitarse si creamos políticas públicas”, dijo a Prensa Libre.
Hasta el momento no se plantean reformas a las Ley de Tránsito u otras iniciativas que ayuden a disminuir los accidentes, pese a que desde los hospitales también ven urgente encontrar una solución a este tipo de muertes.
“Si plantearan una ley, nosotros sin duda la apoyaríamos”, expresó el director del Hospital San Juan de Dios, Gerardo Hernández.
Aumentan hechos
Según el Observatorio Nacional de Seguridad en el Tránsito (Onset), el año pasado se superó la cifra de accidentes del 2019 y, hubo más heridos y fallecidos.
Según el registro, en 2019 hubo siete mil 163 hechos, que cobraron la vida de mil 782 personas y dejaron lesionadas a nueve mil 11.
En 2020 se registraron seis mil 434 hechos, murieron mil 566 personas y seis mil 632, se lesionaron.
En 2021, la cantidad de accidentes escaló las proyecciones. Aunque los lesionados fueron menos, aumentaron los muertos, en comparación con el 2019. El Onset registró ocho mil 141 hechos, con dos mil 154 muertos y ocho mil 402 lesionados.
