Avanzar de la pobreza al desamparo total le ha tomado casi dos años a comunidades rurales de Guatemala, en especial de Alta Verapaz, en donde el paso de las tormentas Eta e Iota solo fueron el preámbulo de lo que viven ahora.  

Aquel noviembre fatídico de 2020, que dejó unos 200 muertos, cientos de desaparecidos, miles de desplazados y la destrucción de casas, puentes, carreteras, cultivos y, sobre todo, la moral de las personas se suma a la crisis que ha generado la pandemia de covid-19.   

La aldea Cahaboncito en Panzós, Alta Verapaz, es un claro ejemplo de cómo desde Eta e Iota, la covid-19 y ahora el olvido del Estado, les pasa factura a sus 650 familias – unas 4 mil 500 personas entre niños, mujeres y hombres – que están en riesgo alimentario. 

El mayor problema es el abandono del gobierno local y nacional, sumado al silencio de las instituciones que deberían de dotarles de alimentos en estos momentos que se enfatizan como de crisis.  

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De acuerdo con la Clasificación Integrada de seguridad alimentaria en Fases (CIF), de marzo a mayo de 2022, más de 3.9 millones de personas están en Fase de Crisis, Fase 3 o Emergencia, Fase 4, y por tanto requieren acciones inmediatas.  

Se prevé que esta cifra aumentará a 4.6 millones de personas en el período de junio a septiembre de 2022 y disminuirá a 3.2 millones entre octubre de 2022 y febrero de 2023. 

“Hasta mayo de 2022, los 14 departamentos clasificados en Fase 3 son son Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa. 

De 1 millón 381 mil 253 personas que es la población total de Alta Verapaz, 345 mil 313 (25%) están en la Fase 3 y 69 mil 063 (5%) en la Fase 4.  

Y ante ese panorama, los residentes de Cahaboncito se han topado con tropiezos para que los atiendan.  

De hecho, ante los oídos sordos locales y nacionales, enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado los escuche y asista.   

Y no es para menos. De acuerdo con el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan), es Alta Verapaz el que encabeza el listado de las muertes asociadas a la desnutrición.  

De los 13 mil 497 casos registrados en la semana epidemiológica 29 – al 27 de julio – mil 293 son de Alta Verapaz. Mientras que de las 19 muertes por esta causa cuatro las han reportado en Senahú (2) y Panzós (1). La crisis, según los denunciantes, es inminente y ya visible.  

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La ruta del olvido 

Esta comunidad está a 268 kilómetros de distancia de la Ciudad de Guatemala. Está al final de la ruta al Polochic, que por estos días ha sufrido de derrumbes desde la intersección de la carretera a las Verapaces a Panzós, el municipio a donde están adscritos.  

De Panzós hacia Cahaboncito es camino de terracería, de difícil tránsito. Sus colindancias son con Senahú, Alta Verapaz, El Estor, Izabal; Río Hondo, Zacapa y Purulhá, Tucurú y Salamá, Baja Verapaz. Toda una zona de conflictos agrarios y necesidades parecidas a la suya. 

Mientras los pobladores claman por ayuda, en las bodegas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), guardan alimentos que están por vencer en octubre, según lo ha denunciado en sus redes sociales la diputada Evelyn Morataya, quien también en el pleno ha evidenciado la crisis que vive esta y otras comunidades altaverapacenses. 

Domingo Rax vive en la comunidad El Cacao, en Panzós, y él se ha convertido en la voz de los pobladores de Cahaboncito.  

Desde sus limitados espacios de comunicación se ha contactado con autoridades en la capital y desplazado para visibilizar la situación, pero eso le ha costado señalamientos de lucrar y cobrar, aunque es enfático en negarlo.   

De hecho, en la denuncia que enviaron a la CIDH explican que los “riesgos a que se están enfrentando Rax y Luis Coc, el presidente del comité ad hoc de la aldea Cahaboncito, es que los están criminalizando por exigir atención del gobierno local y central”.  Además, pronostican una crisis alimentaria si no les atienden lo más pronto posible. 

Bloqueo municipal 

Señalan al alcalde Ernesto Ramírez Caal como el responsable de poner en contra de ellos a otros Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) y delegados departamentales de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), y el Ministerio Público (MP), entre otros, para evitar que pidan víveres en la Ciudad de Guatemala.   

“El alcalde dice mentiras al decir que don Luis y Benjamín piden dinero a cambio de solicitar víveres en varias dependencias”, aseguran en la denuncia. El edil, que no respondió a las llamadas de Prensa Libre y Guatevisión, ha negado en medios locales las acusaciones.  

En la misiva que enviaron a la CIDH recuerdan que desde el 25 de julio pasado han crecido las acusaciones que califican de infundadas, e incluso, en las que aseguran que, si seguimos “pidiendo ayuda, nuestra vida corre peligro, porque pueden mandar a encarcelarnos sin causa justificada”.     

Pero ¿Qué denuncian los pobladores? El riesgo de morir de hambre por el bloqueo municipal y gubernamental para que llegue la ayuda a la localidad.  

“Necesitamos por ahora víveres para sobrevivir, porque las tierras están anegadas. Los cultivos se echaron a perder desde las tormentas Eta e Iota y ahora por las copiosas lluvias de los últimos meses”, dice Luis Coc, el presidente del comité ad hoc.  

Otro líder comunitario, Herminio Choc Cac, reafirmó que ha sido difícil conseguir la ayuda porque las autoridades locales les han bloqueado.

Recordó que le han enviado cartas no solo a la Sesan, sino también al vicepresidente Guillermo Castillo para ser escuchados. “Ninguno hasta ahora nos ha atendido”, afirmó.  

Lo más lamentable, agregó, es que esas instituciones, incluida la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en Alta Verapaz, aseguran que sí les están asistiendo. “Eso no es verdad, no los hemos visto por acá desde hace mucho tiempo”.  

“Las tormentas Eta e Iota dañaron nuestros terrenos, y desde entonces no hemos podido sembrar porque acá sigue lloviendo. Las condiciones no han cambiado. Le pedimos ayuda al gobierno para nuestros hijos y no hemos recibido nada”, exclamó.  

Producían 

Antes de 2020 en Cahaboncito sembraban maíz, frijol, arroz, yuca, camote, chiles, plátanos, bananos, piñas y árboles frutales que les servían no solo para el consumo, sino como subsistencia por la venta en los mercados más cercanos.  

Sin embargo, los aguaceros, como el que cayó justo el día que Prensa Libre y Guatevisión visitaron la comunidad, el martes 2 de agosto, han provocado desbordamientos de los ríos Cahabón, Polochic, Tinajas, Pueblo Viejo y Zarco.  

 Esto ha afectado a Cahaboncito y también a otras comunidades de Panzós como Limón Zarco, que se inundó la semana pasada y hasta el cierre de esta nota no habían sido atendidos, Paraíso, Río Cahabón, Agua Caliente y El Nazareno. Además, a Chacchila III y Sebax de Senahú, del mismo departamento. 

Sebastián Choc, otro de los pobladores de Cahaboncito, aseguró que cada día luchan por conseguir ayuda, porque por ahora solo logran comer dos veces al día. Dice que buscan trabajo, y cuando lo consiguen les pagan Q30 por el día.   

Educación y salud 

La vecina Nardy Elizabeth Choc Coj, de las pocas mujeres que hablan español, aseguró que muchas personas se están desplazando a El Estor o la cabecera Panzós para conseguir trabajo y llevar el sustento hacia la aldea.  

De hecho, las condiciones de educación y salud agudizan el problema porque en el lugar solo hay un puesto de salud, pero carece de medicamentos e insumos para atender a niños con problemas de desnutrición y mujeres embarazadas. Deben viajar a Panzós, o a la cabecera de Cobán para ello.  

El costo de no contar con medicina les obliga a viajar muchas veces a Cobán, al Hospital Regional, pero eso representa gastar Q200 ida y vuelta en pasajes, madrugar desde las 3 horas para regresar antes de que anochezca para no incurrir en pago de hospedaje.  

“Pedimos ayuda. Estamos cansados. No trabajamos la tierra porque no hay forma ahora. Clamamos porque nos apoyen, que nos echen una mano para comenzar de nuevo”, dijo Choc Coj.   

Estela Cuc, por su parte, cuenta que los últimos dos años han sido complicados, también en el aspecto educativo. En la aldea hay dos edificios escolares. Uno para niños del nivel primario y otro para básico.  

Para el nivel primaria hay un solo maestro que divide sus actividades en un día por cada uno de los seis grados. Mientras el que básico es en jornada vespertina y la situación es muy parecida.  

“Nos gustaría que las autoridades miraran hacia Cahaboncito, necesitamos muchas cosas. Somos trabajadores, pero queremos una oportunidad para poder salir adelante”, aseguró Coj.  

Los pobladores, aunque están conscientes de que tener un nuevo puente en el ingreso a su comunidad es importante, lamentan que las autoridades locales y nacionales solo llegaron aquel 2 de diciembre de 2021 a inaugurarlo y desde entonces no les han vuelto a ver.