Desde que el presidente Alejandro Giammattei anunció el plan de reactivación económica desde el pasado 27 de julio, en la que se incluyó el servicio de buses en todos los niveles de alerta, los empresarios del transporte comenzaron a recibir las llamadas de extorsionistas que les exigen cumplir con todas las cuotas pendientes.
Los pilotos y ayudantes no han pagado las extorsiones desde marzo, cuando comenzaron las restricciones a causa de la pandemia, pero tras el anuncio que algunos buses están próximo a circular estos grupos delincuenciales pretenden obtener todos los pagos de los meses atrasados, incluido un bono 14.
El monto que exigen es elevado, los transportistas por su propia seguridad prefieren omitir la cantidad exacta que les piden, pero a manera de ejemplo señalan que un grupo de 50 buses debe de pagar hasta 25 mil quetzales a la semana, esto con tal que pilotos y ayudantes no sufran atentados.
“Tenemos la problemática de la extorsión, ellos están al pendiente en el momento que podamos reanudar nuestros laborales, hemos dejado de trabajar por meses y en ese periodo ellos han dejado de recibir al mal llamado impuesto de extorsión que pagamos como transportistas, se han comunicado ya con varios compañeros pidiendo que nos pongamos al día con las cuotas retrasadas”, señaló Andrés Rolando Monzón, presidente de la Asociación de Transportistas de Santa Elena Barrillas.
Entre las peticiones que han hecho los empresarios de buses al gobierno es tener seguridad en los buses, pero la respuesta que obtiene es que por la cantidad de agentes policiales no es posible cubrir a un 100% de las unidades.
“Cuando logremos salir a trabajar seguramente estas personas van a querer matar a algunos de nuestros trabajadores, esto es bien complejo con la reapertura porque no se trata solo de cumplir con todo lo que se nos pide en la ley sino también con estos grupos delincuenciales”, añadió Monzón.
Persiguen a los pilotos
El escenario en el que va a comenzar a funcionar el servicio de buses no es el mejor, según los propietarios, porque los afectos económicos que está causando el coronavirus podrían tener como consecuencia un aumento en los índices de criminalidad.
“Cuando el Ejecutivo anuncia la reapertura hasta ellos mismos (los extorsionistas) son los primeros que nos llaman para decir que necesitan su dinero, la pobreza genera más inseguridad y entendemos que nos toca tener que salir a trabajar en un momento donde todo está colapsado y habrán muchos riesgos”, indicó Alejandro Soto, de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (Aeau).
En estos cinco meses los pilotos de buses han tratado de conseguir otro tipo de empleos, algunos han tenido suerte de conseguir un vehículo prestado para trabajar como taxistas unas cuantas horas, no reciben un buen salario, pero además de tener que conseguir para los alimentos de su familia y educación de sus hijos tiene que dejar una parte para los extorsionistas.
“La extorsión no ha parado usted, yo he escuchado con mis compañeros, que lograron meterse como taxistas y los siguen extorsionando igual. Yo siento que a la hora que comience el transporte si tendrían que ayudarnos con seguridad para que no corramos con riesgo como nos pasó el año, varios compañeros que ya descansan con Dios”, comentó un piloto de la ruta a El Milagro, que prefirió no hacer pública su identidad.
Él y sus colegas afirman que necesitan comenzar a trabajar porque tiene cuentas que pagar, aunque con las llamadas de los extorsionistas necesitarán que las autoridades, además de fijar una tarifa conveniente para empresarios y usuarios, priorice estrategias de seguridad.
“Los extorsionistas van venir y decir bueno no trabajaron cinco meses, nos deben las extorsiones de cinco meses y queremos así nuestro dinero, para tal fecha, así nos van a decir y vamos a caer en lo mismo de siempre, tener que trabajar y rogarle a Dios que nos esté acompañando”, puntualizó.
Estrategia MP y Gobernación
Datos que maneja la fiscalía contra el delito de extorsiones no documenta nuevas denuncias de transportistas, según el agente fiscal Raúl Figueroa, quien añadió que con la reapertura de actividades era previsible que las extorsiones a pilotos volverían a ser un problema.
Por ello ya mantiene una coordinación con el ministerio de Gobernación que les permita contrarrestar este fenómeno antes que pilotos, ayudantes y hasta usuarios sean objeto de algún atento al momento que comiencen a trabajar.
“Los transportistas no han llegado a la fiscalía para decir que ya les estén llamando nuevamente, no hay denuncias en la fiscalía, pero nosotros desde hace algunos días ya mantenemos reuniones con el ministerio de Gobernación porque cuando se dé la reapertura debemos de saber dar una respuesta, por eso se dio el traslado de algunos privados de libertad, ir cambiando a personas para evitar la coordinación de actividades criminales”, precisó.
Los datos que maneja el ente investigador es que aproximadamente el 90% de llamadas para extorsionar provienen de imitadores, y no de las dos pandillas que operan en Guatemala.
Una década roja
Los datos que maneja la Defensoría del Usuario del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, añade que si se da una reactivación del transporte, que no contemple medidas de seguridad, habrá muchos atentados que podrían cobrar vidas, como se ha visto en los últimos años.
“Quien va a pagar el costo de las extorsiones no son solo los transportistas y los pilotos sino que los usuarios con posibles incrementos no autorizados a la tarifa, es una realidad que hemos visto desde hace varios años, al menos del 2010 al 2019, más de 2 mil 400 personas han perdido la vida por hechos de violencia dentro del transporte público”, argumentó el defensor Edgar Guerra.
Aún está pendiente que se celebre una reunión entre autoridades de gobierno y transportistas para definir los problemas que envuelven la reactivación del transporte público. Este acercamiento del gobierno central nació después que los pilotos anunciaron una manifestación en el centro de la ciudad.
