Una cantidad de pruebas que evidentemente se queda corta a comparación de la cantidad de habitantes que podría no dar una muestra real sobre el impacto que está teniendo el covid – 19 en el interior de la república, precisamente cuando autoridades de gobierno anunciaron su estrategia para ir reactivando la economía, cuya base es ablandar o endurecer las medidas de contención a manera que se tenga mayor o menor cantidad de nuevos casos. Según el informe, hasta el pasado domingo se habían practicado 103 mil 12 pruebas en el país, de las que 62 mil 824 se encuentran en el departamento de Guatemala, siendo más del 50% del total de pruebas realizadas.
A criterio del Observatorio del Covid – 19, liderado por el doctor José Ortiz, las estadísticas oficiales de la pandemia no reflejan con exactitud la cantidad de casos que realmente existen en Guatemala, lo que le hacen dudar de toda la estrategia enfocada en la reapertura, ya que la disminución de casos recientes, desde su punto de vista, es únicamente el reflejo natural que tiene una pandemia.
“Es una sensación de falso triunfalismo el decir que estamos aplanando la curva cuando en realidad estamos en el descenso natural de una epidemia, que con o sin medidas va para abajo. Es el reflejo de una primera ola, pero corremos el riesgo que en las próximas dos semanas esa ola se establezca si va a ir definida como en la unión americana o si va a haber en realidad un descenso de una primera ola, y esperar en los próximos 18 meses dos oleadas más con menos intensidad que la primera, en el mejor de los casos”, manifestó Ortiz.
Para Iris Cazali, jefa de Epidemiología del Hospital Roosevelt, la poca cantidad de pruebas que se refleja en el interior puede ser que nuestro país no ha podido tener acceso a los kits de diagnóstico por estar agotados a nivel mundial, pero no descarta que existan otras razones.
“No se puede medir de diferente manera unos de otros. Se me ocurre pensar, y estoy elucubrando, probablemente es como parte de las proyecciones, donde se piensa que por temporalidad empezó en nivel de los lugares densamente poblados y luego se está yendo a los lugares rurales donde hay menos densidad poblacional. La otra posibilidad, que es lo que me parece, es que no hay suficientes pruebas para poderlas correr en todos lados, podría ser que sea una cuestión técnica o que sea una de gestión”, señaló.
Pero en algo que sí está segura es en la dificultad que existe para conocer realmente cuántos casos hay en el área rural. “Es muy probable que ahora que empiecen a aplicar pruebas en el interior empecemos a ver la subida de los casos, no solamente porque haya más casos sino porque se estén conociendo por las pruebas, ¿cómo estamos en el interior? Honestamente no lo sé”, refirió Cazali.
Pero el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) al ser cuestionados por la poca cantidad de pruebas en los siete departamentos indicados se limitó a decir, por medio de su equipo de comunicación social que, “los criterios para la detección de casos son lo que se han venido aplicando como parte de la guía de vigilancia. Las definiciones de caso han variado conforme avanza la pandemia”.
Sin estrategias para las pruebas
Las dudas que rodean las estadísticas oficiales y que llegan hasta la nueva estrategia oficial de cara a la reactivación económica se debe al legado que dejó el exministro de Salud, Hugo Monroy, según la evaluación que hace Karin Slowing, analista independiente en gestión pública e integrante del Laboratorio de Datos GT.
La experta refirió que desde el primer caso la recomendación constante para el Ministerio de Salud fue masificar la cantidad de pruebas, con ello se habría podido crear una estrategia certera que le habría permitido a la administración de Alejandro Giammattei combatir de manera eficiente la pandemia, pero fue una sugerencia que no fue tomada en cuenta.
“Se refleja también el centralismo, es cierto que en la ciudad de Guatemala se han concentrado más casos y era obvio que así iba a ser, por la densidad y concentración de personas, pero por otro lado no ha habido una política específica de testeo en el resto del país (…) el manejo del ministerio ha sido tan malo de todo esto, que hasta ahora se están acercando a los alcaldes y ahora a ellos les van a pasar la pacaya del semáforo sin prepararse”, enfatizó Slowing.
El no haber hecho cimientos sólidos desde un inicio hará que el sistema de alertas no comience con pie derecho. “Lo preocupante de esto es que con esos datos quieran establecer un semáforo porque hay un subregistro total de lo que pasa, no hay un registro adecuado. No quiero decir que sea intencional, pero evidentemente es deficiente”, manifestó.
Problema histórico
La crisis sanitaria a consecuencia del nuevo coronavirus apenas tiene cuatro meses para Guatemala, pero no es lo mismo cuando se habla de la desatención que autoridades de gobierno prestan a comunidades indígenas, según Adrián Chávez, investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
“Históricamente la prioridad ha sido el área metropolitana y seguramente se han ido generando a través de presiones o de criterios que solo ellos conocen, el poder venir y establecer diagnósticos en otros departamentos. Hay municipios que no registran ni un caso, pero es por la falta de pruebas”, señaló.
Aunque la nueva estrategia de gobierno se presentó el pasado domingo, según Chávez, no se crearon las condiciones necesarias que permiten echar a andar un plan tan ambicioso. Él considera oportuno que antes de arrancar con ese sistema de alertas se puedan masificar las pruebas para planificar con datos más cercanos a la realidad.
“Realmente no existe una certeza que estén en verde (algunos municipios) por la falta de casos o por la falta de diagnósticos, entonces, previo a generar alguna expectativa por una reapertura de este tipo y previo a dar inicio a esto el gobierno, tendría que generar, por lo menos, las condiciones necesarias para poder ir pensando en una reapertura y para esto, una de las condiciones indispensables, además de proteger al personal de salud y su integridad, tendría que ser una distribución equitativa de las pruebas”, indicó.
En el camino a esa masificación hay que definir cuántos test se requieren por la cantidad de habitantes en cada municipio, esto permitiría tener evidencia de los contagios locales, indicó Lesli Ramírez, asesora del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud de Guatemala (CEGSS).
Además es necesario descentralizar el procesamiento de pruebas hacia los hospitales departamentales, pero esto pasa por adecuar las instalaciones de los laboratorios, capacitar y contratar a más personal, tener test suficientes, además de definir la logística del flujo de las pruebas de los servicios del primero y segundo nivel hacia el lugar dónde serán analizadas y de la devolución de resultados. “En un servicio de salud o CAP se toma la prueba y pueden pasar 15 días para tener el resultado, imagine el desface en el semáforo con estos tiempos”, dijo Ramírez.
Frente al descuido en que están los municipios en el tema de Salud y sin pruebas, lo que se pretende con este sistema de alerta por colores es trasladarles una “responsabilidad estando un poco a ciegas”, pues se desconoce el alcance que tiene el covid-19 en cada lugar, señaló Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Guatemala.
“Aparentemente no hay muchos casos en los departamentos y municipios, pero no tenemos la certeza, pues no sabemos cómo se ha tabulado y manejado la información, una de las grandes debilidades en esta pandemia”, agregó.
