Este día se tenía programada una citación de los afectados con autoridades del Ministerio de Salud, con el diputado Aldo Dávila, para tratar el tema, pero dichas autoridades no se hicieron presentes.
Allí fue que se dio a conocer el nuevo caso, que involucra a seis empleados de Salud de Escuintla, que entre todos deberían pagar Q132 por dichas vacunas caducadas.
Sandra Mazariegos, licenciada en enfermería y que labora en el Área de Salud de Escuintla, informó que la auditoría interna llegó a investigar el vencimiento de dos tipos de vacunas, las Pfizer y las Sputnik V.
Comentó que las primeras se dañaron por fecha de descongelamiento, porque solo se tenía un mes para ser utilizadas luego de haber salido del Centro Nacional de Biológicos, mientras que las Sputnik V llegaron a la fecha de caducidad.
Mazariegos explicó que una de las cuestiones que atribuyeron en la búsqueda de auditoría era que ella y otras seis personas eran culpables, porque no se hicieron esfuerzos para colocar los biológicos.
Tienen que pagar Q132 mil
Además, de ella están señalados en el caso “el director del Área de Salud, el gerente administrativo financiero, la directora del Centro de Salud, la enfermera que cubrió voluntariamente las vacaciones, porque las plazas están congeladas, la doctora Maribel Godoy, directora del Distrito de Salud, y una enfermera ambulatoria, que es por contrato”, dijo.
Puntualizó que la auditoría quiere que entre las seis personas cancelen Q132 mil por las vacunas vencidas en ese departamento.
“Nadie de fuera puede venir a medir eso, si no ha caminado y ha estado con nosotros”, comentó a reporteros la enfermera Mazariegos.
Mazariegos también comentó que el Plan Nacional de Vacunación ya tiene varias adendas, porque le van cambiando al proceso en el camino, y que aunque se entiende que eso debe pasar por cómo se va desarrollando la enfermedad, reconoce que esa fue una de las razones que han dificultado la vacunación.
“Al principio se había dicho que la Pfizer no era vacuna para la población en general y luego cambiaron a que sí y eso pudo haber sido una de las causas -de que la gente no se vacunara-, pero eso no lo toma en cuenta la auditoría”, se quejó.
Refirió que, en el caso de la Sputnik V, las personas se niegan a recibir ese biológico, y que como la vacunación no es obligatoria no pueden hacer nada.
Añadió que las personas prefieren inmunizarse con otras marcas y no con la Sputnik V y por eso se han vencido.
“Esa situación fue la que encontró auditoría, pero para ellos no vale, solo vale si se perdió -la vacuna- se paga”, dijo Mazariegos.
Estaba de vacaciones
Comentó que en Escuintla fueron afectaos, porque a pesar de hacer sus descargos, con documentos, como mencionaba, siempre quien que se pague por las vacunas.
“Yo estaba de vacaciones y cómo me pueden culpar por algo, si yo estaba deshabilitada, no solo porque es un derecho laboral sino yo salí porque me sentía mal, agotada y enferma”, afirmó la enfermera.
Mazariegos añadió que ella pensó que el hecho de haber estado de vacaciones cuando ocurrieron los hechos la iba a mantener alejada de esa situación, pero no fue así.
El caso de la enfermera en Sololá
El 11 de abril pasado, Mariflor Castro, enfermera del Área de Salud de Sololá, denunció que Salud le estaba cobrando Q388 mil 900 por 5 mil 25 vacunas Sputnik V y 80 AstraZeneca que se vencieron en ese distrito.
Este jueves, Castro acudió también a la citación para saber cómo va su proceso, pero las autoridades de salud no acudieron.
Comentó que lo que les informaron el martes pasado, fue que el procedimiento que determinó que ella debía pagar esa cantidad de dinero no se hizo adecuadamente y que se tenía que volver a realizar.
“Al final, las autoridades de Salud dieron a conocer que fue un error administrativo, porque la auditoria lo que quería era que se presentaran los documentos de descargo, pero no se presentaron, se tomaron decisiones definitivas y se saltaron varios pasos del procesos y ahora lo que quieren es hacerlo nuevamente para considerar los documentos y los tiempos, puesto que para presentar desvanecimientos de hallazgos las personas tienen 10 días para presentar sus descargos y a mi me dieron 5 horas”, contó Castro.
Postura del ministro de Salud
El ministro de Salud, Francisco Coma, fue abordado por periodistas en una actividad, y fue consultado sobre el cobro que se pretende hacer de las vacunas vencidas a los empleados de la cartera.
Expresó que existe un procedimiento en donde se establece cuál es el monto de las pérdidas de la vacuna y que no hay ninguna instrucción de cobrar los biológicos.
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“No se puede pedir al personal de salud que pague unas vacunas que tienen diferencias sustanciales, son vacunas con tres meses de vida, media. Segundo, este personal está entregado a servir a la población y a vacunarse, ni el personal de salud, ni el ministerio tienen control sobre aquellas personas que no se quieren vacunar”, afirmó Coma
Enfatizó que la situación es distinta “cuando ha habido algún problema en el manejo de las vacunas, donde ha habido desidia, imprudencia, y no sé exactamente cuál es el caso de Escuintla, lio voy a preguntar”, comentó Coma.
Añadió que su posición como ministro es que nadie tiene que hacerse responsable por el pago de una vacuna vencida, sobre todo cuando las condiciones de si se pone o no se pone no están en el control de las personas de Salud.
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Negó que haya alguna instrucción para que el equipo jurídico procedan contra estas personas por vacunas vencidas, pero mencionó que el ministerio está sometido a los sistemas de auditoría y control y que hay entes que son los vigilantes que se cumpla, se notifique y se levanten las actas con el monto de las vacunas vencidas, pero que eso no significa que haya una acción de cobro.
Rezago en normativas
Coma reconoció que Salud tiene rezago desde la perspectiva de normas, estructura organizacional, en sistemas para tomar este tipo de decisiones y dijo que la pandemia vino a revelar también deficiencias administrativas y por eso ahora es una oportunidad de mejorar.
Señaló que quieren actualizar el Reglamento Orgánico Interno y revisar otros acuerdos vigentes y ahora tiene un compromiso de hacer una normativa que rompa la burocracia, pero que se apegue a la transparencia.
