Maya Conservation Partnership (MCP), alianza conformada por nueve fundaciones, liderada por el doctor estadounidense en Arqueología Richard Hansen, codirector del Proyecto Arqueológico Cuenca Mirador, ha propuesto un plan para proteger Petén, llamado Programa de Asociación de Seguridad y Conservación Maya de la Cuenca Mirador-Calakmul, que consiste en redefinir, en colaboración con los gobiernos de Guatemala y México, una parte grande central de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) como “Zona Silvestre de la Cuenca Mirador-Calakmul”.
Entre sus objetivos está prohibir la construcción de caminos, pistas de aterrizaje y acceso vehicular, fortalecer la ley y permitir un ecoturismo dentro de sus nuevas fronteras. En diciembre pasado, el MCP solicitó para su plan US$60 millones, para cinco años (2021-2026), al Senado estadounidense mediante la introducción de la Ley de Seguridad y Conservación Maya de la Cuenca Mirador-Calakmul —S.3131—. De aprobarse esta legislación, el MCP recibirá otros US$60 millones de apoyo del Banco Centroamericano de Desarrollo (BCIE).
Los fondos, asevera el MCP en su sitio web, financiarán “investigaciones científicas continuas y arqueológicas, fortalecimiento de leyes existentes contra saqueo, caza ilegal y explotación forestal ilegal, y desarrollo de un turismo sustentable centrado en el Mirador-Calakmul”. Además de la preservación y conservación de este sitio, propone crear una oportunidad económica para comunidades locales mientras se brinda un modelo sostenible y sensitivo de forma ambiental para brindar acceso a visitantes internacionales a la cuenca, a fin de “disuadir la migración a EE. UU., mitigar el cambio climático global, conservar las maravillas ambientales y culturales de nivel mundial y contrarrestar la expansión de narcotraficantes en la región”. Otro de los beneficios, se afirma, es atraer “millardos de dólares en ganancias turísticas para Guatemala y México”. En resumen, “este modelo debe representar un impacto mínimo en el bosque y la vida silvestre además de que se permita el acceso a los visitantes a sitios arqueológicos”, para lo cual se requiere el compromiso de ambos países.
Para alcanzar su meta, se construirán museos, centros de visitantes y baños, con un sistema especial de recolección de agua, añade el MCP. Un tren en miniatura permitirá controlar el acceso de turistas, sin construcción de carreteras, y se cree que generará US$220 millones de ganancias anuales para el país a largo plazo.
La ley S.3131 es promovida por el senador republicano Jim Inhofe, el demócrata Tom Udall y el republicano Jim Risch. Inhofe es conocido por ser el miembro más conservador del Congreso —2017 y 2018— y un férreo antiambientalista, al promover leyes que benefician a empresas petroleras y de gas natural, obviando la protección ambiental, además de que rechaza el consenso científico sobre el cambio climático. Es jefe del Comité de Obras Públicas y Ambientales.
Polémica
El rechazo actual contra este plan se avivó en diversos sectores a raíz de una serie de artículos escritos por Teena Clipston en uno de los cuales se afirma que supuestgamente el arqueólogo pretende construir un parque turístico en El Mirador con museos, centros de visitantes, restaurantes y hoteles de gama alta y media.
Hansen aclaró que “en ningún caso ha mencionado por escrito que quiera construir ‘hoteles’ o ‘Disneylandia’ o ‘resort’” y que no tiene absolutamente ningún interés en ser parte de cualquier actividad turística en Petén. Los ecolodges” que menciona en pláticas públicas son solo recomendaciones. El proyecto nunca ha mencionado “hoteles” en sus propuestas, asevera. Sin embargo, añade, “el visitante en El Mirador tiene que dormir en el suelo o tiendas de campaña en áreas improvisadas de camping, sin servicios básicos (ningún baño adecuado, por ejemplo, con cero infraestructura para cualquier visitante)”.
Clipston afirma que Hansen le dijo que ofrecerá empleos a la población local y que podrán vender artesanías a los turistas o trabajar en los hoteles y cultivar xate, chicle y semilla de ramón. Al respecto, Byron Hernández, presidente y representante legal de Cooperativa Carmelita, en San Andrés, Petén, una de las nueve concesiones forestales comunitarias de la RBM, que han manifestado su oposición a este plan, señaló que este les afectaría su forma de trabajo. “Tenemos más de 115 años de vivir en la selva. Este plan —de MCP— truncaría el modelo de conservación que hemos manejado por muchos años y debilitaría el capital humano que tenemos. Hay jóvenes capacitados en diversas áreas, como tecnologías, de forma profesional, con becas. Solo en Carmelita se invierte Q500 mil al año en prevención y vigilancia”, dice Hernández. “Con esta iniciativa vamos a pasar a ser empleados de millonarios”, añadió Hernández, quien recordó que cualquier proyecto debe nacer juntamente con las comunidades y no como imposición. “Si este plan fortaleciera el modelo que hemos tenido, obviamente, estaríamos de acuerdo”, agrega.
Al respecto, Hansen refirió que “con la conservación de la zona, todas las comunidades alrededor tendrían ingresos para proteger y conservar el sistema cultural y natural de El Mirador. El modelo aumentará la conservación con la participación de concesiones comunitarias”.
Ventajas de concesiones
Estudios de la organización internacional Rainforest Alliance aseveran que gracias a las concesiones forestales se ha registrado una tasa de cero por ciento de deforestación en los últimos 20 años. Los incendios intencionales para la extracción ilegal de madera o para áreas agrícolas estuvieron concentrados en el corazón de zonas protegidas de la RBM, en el oeste, y zonas de defensa, en el sur. “Muy pocos fuegos se registraron en las 11 concesiones forestales”, afirma.
Según un informe del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) del 2018, las concesiones forestales han contribuido considerablemente a la estabilidad del área. Por ejemplo, durante el 2017 se registró por primera vez, desde que se dispone de datos, una cifra positiva en cuanto a la cobertura boscosa, con una ganancia neta de mil 88 hectáreas de bosque.
El informe El estado de los bosques del mundo 2020, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, destaca el modelo de manejo forestal comunitario de la RBM, como un caso exitoso de conservación, y que invita a replicar, sobre todo, para detener la pérdida de superficie forestal y biodiversidad.
Intereses madereros
Hansen señala que “en ningún momento el Proyecto Cuenca Mirador ha propuesto eliminar las concesiones forestales. Solo se ha recomendado reducir o eliminar los trabajos de la tala de madera dentro de la cuenca por la cantidad de sitios grandes arqueológicos y sus sistemas culturales asociados que se encuentran allí” y confirma “que las concesiones han servido para conservar una gran área de la RBM”.
Hansen añade que la oposición de comunidades de Petén al plan “viene de algunos madereros que están talando la madera preciosa de la Cuenca Mirador ilegalmente, el último bosque tropical que existe todavía en Guatemala. El proyecto no está en contra de los madereros, sino que está a favor de algo mucho más lucrativo para las comunidades y mucho más amigable con el ambiente: ¡el ecoturismo!”. También enfatiza que “el proyecto legislativo de inversión no afectaría ninguna comunidad de forma negativa, sino proveerá empleo todo el año en proyectos de mayor conservación y mejores sueldos y, a la vez, sostenible. Debido a la alta tasa de pobreza extrema en Petén —60%—, el proyecto ha dado empleo cada año a cientos de familias de varias comunidades”.
Hansen asevera que comunidades como Carmelita se han beneficiado con sistemas de agua potable, cisternas, computadoras, maestros, asistencia médica y clases de alfabetización, entre otros.
Defensores
El arqueólogo Edgar Suyuc, codirector del Proyecto Cuenca Mirador, indicó en un comunicado que Hansen, recientemente, “ha sido objeto de ataques y críticas injustificadas que buscan desacreditarlo en su integridad personal y profesional”. “El doctor Hansen ha promovido investigaciones multidisciplinarias y regionales en los majestuosos sitios mayas del área norcentral de Petén y siempre se enfoca en las ideas que buscan protegerlos junto a su entorno”, escribió Suyuc, quien tiene 20 años de trabajar en este proyecto. “Resulta irónico e injusto que se les quiera ver a él y al proyecto que dirige como enemigos de la cultura, la naturaleza y del país”, añadió.
Francisco Asturias, director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, en Petén, manifestó en un video su apoyo a la ley S.3131. “Después de 15 años de trabajar en el Mirador, nos hemos dado cuenta de que los mayores problemas son los fondos económicos para trabajar vigilancia, control y protección”, dice, “ya que ningún gobierno, a lo largo de 15 años, ha tenido el más mínimo interés para la protección y desarrollo del área”, añade. Asturias afirma que en el plan se asignarían US$20 millones para ese fin y que con esos fondos se podrían contratar 50 guardaparques más por 10 años, originarios de Carmelita y Uaxactún.
En un reciente foro virtual, Gustavo Martínez, arqueólogo del Proyecto Cuenca Mirador, expresó su avenencia a la ley —S.3131—. “Con base a la experiencia que he vivido por muchos años en El Mirador, he visto cada vez más difícil tramitar y conseguir fondos para alcanzar objetivos de investigación, restauración y conservación. La ley es una oportunidad de tener fondos todo el año para mejorar la capacidad del proyecto”, indicó.
Detractores
Arqueólogos, asociaciones y organizaciones mayas, así como entidades académicas se han pronunciado contra ley, en las últimas semanas. “Desde el 2002, se sabe que Hansen ha buscado el control de más de tres mil km cuadrados de la RBM. Afirmamos que ni esta ni los centros arqueológicos están en venta o alquiler. Para nosotros, son centros que nos dan información sobre la diversidad biológica y las construcciones nos informan sobre ingeniería, astronomía, agricultura, matemáticas, sistema de gobierno, sistema alimentario y las formas de pensamiento de los mayas”, expone en un texto el Consejo de Sabias y Sabios Mayas, que reúne a 17 agrupaciones, “Nos indigna que sus proyectos mercantilistas nos usen como objetos de estudios y mercancía para el turismo”, asevera.
Al respecto, Hansen refiere que “El Proyecto Cuenca Mirador es exclusivamente un proyecto científico arqueológico multidisciplinario que no tiene nada que ver con turismo, que es inherente a los asombrosos hallazgos que se han descubierto, y diversas personas especialistas en este tema han dado recomendaciones para facilitar el turismo controlado a estos lugares tan remotos”.
“El dinero —de la legislación— se manejará por el Departamento del Interior de Estados Unidos. Cualquier arqueólogo, empresa, comunidad u organización tendrían que licitar los fondos para realizar investigaciones en Cuenca Mirador”, indica Hansen. “El dinero es exclusivamente donación”, dice, y los fondos del BCIE serían un préstamo al Gobierno de Guatemala, “con intereses bajos”, para infraestructura y desarrollo logístico.
En referencia a las acusaciones de privatizar El Mirador, Hansen explica que la propuesta es formar la primera Zona Silvestre en América Latina para incentivar acuerdos público-privados que involucren concesiones comunitarias, para facilitar servicios turísticos en la zona, pero siempre en manos de la República de Guatemala.
Controversial Monocultivo
El Centro de Exploración Maya afirma que el plan de esta ley implica plantaciones de palma de aceite en las secciones deforestadas en la RBM, “para evitar el narcopastoreo”. pero este cultivo afecta el medioambiente, por lo que deberían convertirse en bosque nuevamente, según el artículo Plantaciones de aceite de palma amenazan los bosques tropicales y pueblo de Guatemala, escrito por su director, Edwin Barnhart, publicado a principios de julio, donde también critica un comercial televisivo donde Hansen promociona a Naisa, una de las mayores compañías de aceite de palma de Guatemala. “Las plantaciones industriales de monocultivos en zonas tropicales nunca han sido buenos para la gente, plantas y animales que en ese lugar viven. Los ricos siempre sacan provecho y los locales sufren”, escribe. “El daño a la tierra es virtualmente irreversible y los esfuerzos para hacer algo al respecto son simbólicos”, añade.
En torno a este tema, Hansen señala que fue invitado a investigar una plantación de palma africana, supervisada por la empresa Naisa, quienes recuperaron terrenos de potreros y los convirtieron en una plantación productiva que generó empleo a mil 200 trabajadores con sueldos competitivos, educación y salud. Hansen y el proyecto que dirige están completamente en contra de que cualquier empresa de palma o similar que deforeste la selva tropical, y está luchando para que la deforestación nunca llegue a la RBM, según aseveró.
Según comunicado del 2 de julio, el Proyecto Regional Arqueológico La Corona, codirigido por el doctor Tomás Barrientos, se opone a la ley S.3131, por la manera en que se ha formado, planteado y comunicado. “Deben basarse en la legislación vigente y estudios técnicos y científicos realizados y publicados hasta la fecha, en especial para demostrar su sostenibilidad a largo plazo. Es necesario que dichos estudios sean de fácil acceso y acompañen cualquier propuesta”, se lee en el texto.
“Aunque cada zona cuenta con algunos elementos culturales y naturales característicos, no existe ningún fundamento ecológico, geológico o arqueológico para dividir la RBM en regiones ‘exclusivas’, por lo tanto la RBM se debe proteger de forma integrada”, se plantea.
En las últimas semanas, diversas organizaciones e instituciones han organizado foros virtuales para hablar sobre este polémico tema. En uno de ellos, Mario Rivas, encargado del Área Productiva de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop), indicó que además de vigilar porque el bosque que manejan esté en condiciones saludables, invierten de 30 a 40% en seguridad para evitar incendios, deforestación y tala ilegal, y que sus actividades están rigurosamente controladas por Conap. “La clave es el manejo de regeneración natural”, dice.
“La migración de personas en Petén es muy baja, porque están arraigadas al lugar y tienen una razón cultural con el bosque para estar ahí. Sería mejor que conecten zonas totalmente degradadas que necesitan inversión y no el Mirador”, opinó la antropóloga Alejandra Colom, que trabajó en la RBM por 10 años.
“Este no es un problema que surge en redes sociales, sino lleva más de 20 años, cuando también salió la propuesta del ‘trencito’ y tuvo su mayor auge en el 2002… el reto es abrir diálogos y adecuar consensos”, señaló el arqueólogo Ernesto Arredondo, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Arqueología.
Hansen explicó que se recomendó el “trencito” como mejor manera de transportar turistas desde las comunidades de Carmelita o Uaxactún hacia Cuenca Mirador, “pero es solo una opción, después de analizar varias alternativas; no es un hecho sino una recomendación”. Además, aclaró que este “trencito” no necesitaría caminos o tala de árboles, con el menor impacto humano al medio ambiente, y que no tiene nada que ver con el tren maya de México “que es grande”. Si el “trencito” fuera implementado, se recomienda que sea manejado por alianzas público-privadas para que las comunidades participen y así pueda controlarse la capacidad de carga de visitantes, enfatizó.
“El dinero —de la legislación— se manejará por el Departamento del Interior de EE. UU. Cualquier arqueólogo, empresa, comunidad u organización tendrían que licitar los fondos para realizar investigaciones”
Richard Hansen, codirector del Proyecto Cuenca Mirador“…No avala que se gestione apoyo financiero a nivel internacional o nacional para un proyecto que no ha sido conocido y autorizado”.
Comunicado del Gobierno de Guatemala, del 28 de junio
Oposición
La Sociedad para la Arqueología Americana, según carta del 13 de julio, dirigida al senador Inhofe detalló su oposición a la ley S.3131. “La alianza propuesta representa un intento de EE. UU. de imponer en una región más allá de sus fronteras una organización diferente que generaría conflicto con jurisdicciones de dos agencias apropiadas y establecidas por los gobiernos de Guatemala y México. El principal propósito de esta organización sería fomentar el desarrollo de una industria turística”, se lee en el texto, donde se asegura que la legislación ha sido concebida y propuesta de manera unilateral por EE. UU. “La descripción —de la ley— enfatiza en el uso exagerado de superlativos (‘más grande’, ‘más alta’, ‘primero’, ‘más temprano’), que son científicamente injustificados e intentan promover comparaciones injustas de herencia cultural”, se afirma.
Hansen asegura que él no es el arquitecto de la ley, sino que algunas de sus ideas fueron incorporadas en la legislación.
“Me preocupa la propuesta de ley que fue ingresada en el Congreso de EE. UU. —S.3131— porque representa una amenaza directa al modelo de conservación de concesiones forestales que ha funcionado hasta ahora para proteger el bosque y vestigios arqueológicos”, dijo el arqueólogo Francisco Estrada-Belli, que ha trabajado por 20 años en sitios como Holmul, que están alejados de El Mirador, por lo que, asevera, no tiene intereses en este último. “La amenaza del narcotráfico en el Mirador es falsa, porque las concesiones forestales han sido un freno a esta actividad criminal”, expuso. “Deberíamos empezar a discutir cuál sería la manera más responsable de impulsar el turismo en Petén, sin afectar negativamente las áreas de mayor importancia por el aspecto natural y cultural. Hay muchos otros sitios que se podrían desarrollar y están más cerca a caminos como El Naranjo o Nakum, donde solo falta mejorar el acceso”, aseguró. “Esta pro- puesta de desarrollo turístico —de MCP—, disfrazada de proyecto de conservación, se ha presentado en el pasado y cada vez enfrenta oposición local. Me parece poco ético que se esté proponiendo algo a otro país sin el aval del Gobierno de Guatemala ni el consentimiento de las comunidades afectadas”, añadió.
No han recibido información
El Ministerio de Cultura y Deportes reiteró a Prensa Libre lo expuesto en un comunicado del Gobierno de Guatemala, emitido el 28 de junio, en el que “informa que no ha recibido ninguna comunicación oficial o manifestación de interés respecto de la intención de realizar una intervención o desarrollo nuevo en la RBM, específicamente en Parque Nacional Mirador-Río Azul, por lo que no es viable evaluar, dictaminar o autorizar ningún tipo de proyecto que no se adapte a los instrumentos técnico-legales existentes que regulan el área protegida”. También recuerda que el convenio, que vence el 31 de diciembre de este año, con dicho parque, “está autorizado solo para investigación y restauración del área, que no avala que se gestione apoyo financiero a nivel internacional o nacional para un proyecto que no ha sido conocido y autorizado” y destaca la importancia de las concesiones forestales comunitarias para conservar la RBM.
Hansen señaló que “en el caso de que el pueblo de Guatemala no la acepte —el plan—, la Cuenca Mirador quedará vulnerable a temas de saqueo, incendios, tala ilegal o pérdida de la gobernabilidad, entre otros”.
Manejo: Área de la RBM y de concesiones forestales
La Reserva de la Biósfera Maya (RBM) fue creada por el Gobierno de Guatemala y la Unesco en 1990, para proteger el área más grande de bosques tropicales de América, que abarca 21 mil 602 kilómetros cuadrados de una gran diversidad de flora y fauna. Representa el 19% de la superficie terrestre del país.
La RBM está dividida en varias zonas de estatus de protección diferente. Algunas, están cien por cien protegidas contra cualquier asentamiento humano o extracción de recursos naturales. En la parte sur, el Gobierno permite actividades económicas limitadas como cultivos sostenibles de madera y otros productos tropicales. La RBM es una red de dos docenas de diferentes unidades de manejo, 11 de las cuales son concesiones forestales de 25 años de vigencia, otorgadas entre 1994 y el 2002, cuyo período de las más próximas expirarán este año. Nueve de ellas son administradas por comunidades locales, que tienen el derecho de vivir del bosque, siempre y cuando lo hagan de manera sustentable, como cosecha y venta de productos forestales no maderables como semillas de ramón y hojas de palma, así como extracción de madera para exportación, según estándares rigurosos, y turismo.
Las concesiones forestales, que manejan 17% del área total de la RBM, generan más de US$5 millones en ganancias anuales y generaron seis mil 940 empleos, en un lugar donde el empleo legal es escaso, afirma la organización Rainforest Alliance. Según la FAO, el desarrollo local ha reducido la migración, ha aumentado las inversiones sociales, la capacidad de inversión, servicios de salud y educación. Según informe del Conap, de este año, la deforestación se detuvo en las áreas de concesiones forestales e, incluso, en algunas zonas se ha registrado un aumento de la cobertura forestal.
Richard Hansen, codirector del Proyecto Cuenca El Mirador, dentro de la RBM y en el norte de Petén, ha dirigido investigaciones arqueológicas y de bosque tropical por más de 40 años. “Su trabajo incluye una investigación masiva de LiDAR, conjuntamente con National Geographic, el Fondo de Conservación de El Mirador y la Fundación para Investigaciones Antropológicas y Ambientales (Fares), que ha descubierto más de 654 sitios significativos en la cuenca”, indica el sitio de MCP.
Según sus investigaciones, los cuatro mil kilómetros cuadrados de la cuenca contienen “la cuna de la civilización maya”, una vez conocida como el reino K’aan. Además, alberga “uno de los últimos bosques que quedan intactos” y “la pirámide más grande del mundo en volumen —La Danta—, el primer sistema de carreteras y estructuras que forman parte del primer estado-nación organizado en el continente, al menos mil años más antiguas que las ciudades de Tikal, Copán y Chichén Itzá”. El proyecto, dice Hansen, conformado por 98% de guatemaltecos, tiene el apoyo de universidades y organizaciones no lucrativas de todo el mundo.
