El CIV, por ejemplo, a mitad de julio alcanzaba el 31.52% de gasto, un total de Q2 mil 137 millones de un presupuesto de Q6 mil 781 millones. Las peores unidades ejecutas son: la de Construcción de Edificios del Estado, con apenas un 4.52% de gasto, y el Fondo Social de Solidaridad, 5.51%.
Contrario a otros ministerios, por su naturaleza que tiene que ver con la construcción y mantenimiento de carreteras y edificios, el de Comunicaciones tiene asignado más recursos para inversión que para funcionamiento.
Por ejemplo, en servicios personales, todo lo relacionado a sueldos, salarios y dietas, tiene asignados casi Q500 millones, a la vez es el rubro que mejor ejecución presenta, 42%, lo que mejora el promedio del resto de partidas presupuestarias del CIV.
Por el contrario, los programas de desarrollo de la infraestructura vial tienen un presupuesto de casi Q5 mil millones, de los cuales se ha ejecutado el 36%, mientras que en construcción de obra pública, de una asignación con todo y modificaciones presupuestarias de Q283.2 millones, apenas registra una ejecución del 5%.
Trabas
El Ministerio de Comunicaciones es uno de los que históricamente ha presentado problemas para ejecutar sus recursos. El año pasado cerró con 91.57% y el 2018 con 96.59%, pero los años previos fueron malos en cuanto a ejecución.
En el 2017 alcanzó un gasto del 71.10%; el 2016 fue de apenas 56.86% mientras que el 2015 lo cerró con un gasto de 60.78% de su presupuesto vigente.
Comenzar un proyecto de infraestructura es particularmente difícil en el CIV, como lo reconocieron las anteriores autoridades, quienes dieron a conocer que una obra, para su inicio, puede enfrentar muchos obstáculos
Estos son, no solo burocráticos, sino también por parte de las propias empresas que no salen favorecidas con cierta adjudicación y aspiran hacerse del contrato, y presentan inconformidades legales que toma tiempo resolverlas.
Por ejemplo, en febrero de este año el CIV sacó a licitación la reposición de 13.1 kilómetros de la ruta Interamericana, desde San Lucas hasta Sumpango, Sacatepéquez. Después del procedimiento normal, el proyecto fue adjudicado el 11 de junio a la empresa Constructora e Inversiones Insol por Q79 millones.
Sin embargo, la adjudicación fue improbada por el ministro de Comunicaciones el 2 de julio, según la resolución que firmó, porque el proyecto no contaba con el certificado de disponibilidad presupuestaria. Este detalle, sin duda, hará que se atrase el comienzo del proyecto.
Al mismo tiempo, dos de las empresas que también presentaron ofertas por menor valor y que no recibieron la adjudicación presentaron cinco inconformidades. El 13 de julio la junta de licitación decidió que de nuevo adjudicaría el concurso al mismo proveedor, por lo cual es incierto qué pasará con el proyecto.
Con casi dos mil inconformidades que registra Guatecompras, el CIV es el tercer ministerio que más de estas acciones presenta de todo el Gobierno.
Este es un ejemplo de cómo el inicio de un proyecto se puede demorar más de la cuenta. A la fecha, el CIV tiene en análisis otros concursos cuyo proceso de licitación comenzó desde hace meses, incluso algunos desde el año pasado sin que se comience su construcción.
Algunos de estos proyectos son: la construcción de un viaducto en la entrada a Fraijanes sobre la ruta al Atlántico, la reposición de la carretera Cito 180 desde Las Rosa hasta la intersección as la Ruta Nacional 1 y la construcción de otro viaducto, el de San Lucas Sacatepéquez.
Las actuales autoridades han publicitado supervisiones y entregas de tramos carreteros en estos meses, pero estos tenían ya mucho tiempo desde que su proceso había comenzado.
El libramiento de Chimaltenango es otro ejemplo, su construcción se anunció en el 2013 y fue concluido hasta el 2019.
Por ejemplo, una carretera en Quiché, que va a de la aldea San Francisco, Ixcán, hacia la frontera de Ingenieros, que aún no se termina y cuya adjudicación se hizo en noviembre del 2018.
Análisis
La analista en temas de gestión pública Karin Slowing señaló que el retraso en los proyectos del CIV puede estar en una inadecuada planificación lo que se evidencia cuando “a veces hacen inauguraciones, ponen un ladrillo y ni e han hecho los planos” de la obra.
A eso se suma que, en el caso del CIV, muchos de los proyectos están relacionados a préstamos que requieren de muchos trámites burocráticos que hacen que se pueda disponer de los fondos hasta un año después de que son aprobados por el Congreso.
La gestión de los proyectos, añadió Slowing, empeora si la dependencia no cuenta con los equipos para darles seguimiento y tiene que subcontratar esos servicios, por ejemplo, de diseños o estudios para concretar un proyecto carretero.
“Hay que recuperar las capacidades internas de ejecución —porque— la modalidad de subcontratar todo está matando al Estado y al Ejecutivo en particular. Ya no hay gente dentro de los equipos ministeriales más que para hacer trámites y la gestión pública no es eso”, subrayó la también exsecretaria de Planificación General.
“Antes había un plan de desarrollo vial en donde se podía ver qué carretera había que hacer y se priorizaba, pero con el deterioro institucional que ha habido no sé si se siga haciendo eso, yo ya no volví a escuchar de un plan”, añadió.
Postura
El titular del CIV, Josué Edmundo Lemus, precisó que la meta para finales de junio era llegar a una ejecución del 40%, lo cual era ambicioso “tomando en cuenta el hecho de compararnos con los primeros semestres de los últimos dos gobiernos —y — pese a estar en medio de una pandemia sin precedentes”.
Lemus citó que en el primer semestre del gobierno de Otto Pérez Molina llegó al 26.2% y el de la administración de Jimmy Morales apenas al 13.9%.
Añadió que el coronavirus también ha minado la capacidad de ejecución del CIV puesto que ya hay algunos casos positivos lo cual ha hecho “que algunos de nuestros brazos de ejecución más fuertes se encuentren sin la posibilidad de operar al 100%”.
Lemus confían en que el ritmo de gasto crecerá con evento de licitación que se han lanzado recientemente, aunque en su opinión “el porcentaje de ejecución presupuestaria no define los logros de una cartera, sino la estratégica planificación que haga para el país y la calidad de las obras que ejecute”.
Finalmente, no descartó que la crisis del covid-19 afecte la recaudación tributaria y con ello la disponibilidad financiera para ejecutar.
Además de todos los inconvenientes descritos en este artículo, por su naturaleza el CIV también debe enfrentar otros problemas, por ejemplo, preparación de terrenos, negociación por derechos de vía o inconformidades de vecinos con los proyectos, todo lo cual hace que una obra que se ofreció para meses o un año, se tome cinco o 10 para ser realidad o quizás nunca se concrete.
