La congresista recordó al comisario Wilson Ramírez Maldonado, encargado de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) que “si algo se peleó en la época más dura de la represión fue el vínculo con los medios de comunicación y la libertad de expresión”, por lo que la institución no puede prohibirles a los agentes ese derecho ni negar información sobre las condiciones en que viven a los medios de comunicación.
Ramírez respondió ante esa bancada en el Congreso que los agentes que hicieron públicas las condiciones de trabajo “habían incumplido la disciplina y la ética profesional, que no nos permite ventilar los asuntos, y peor ahora con las redes sociales, donde se dice cualquier cosa”.
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Además, argumentó que los agentes estaban reclamando “por un aumento que venía en proceso” y no por las supuestas condiciones en que trabajan. “Lo que se hace en este caso es comunicarles a los agentes que no deben cometer ningún tipo de incumplimiento a la disciplina”, dijo el comisario.
Montenegro, en tanto, le hizo ver a Ramírez que, tanto medios de comunicación como ellos como bancada han podido darse cuenta de “las condiciones infrahumanas en las que duermen y sobreviven muchísimos policías (…) y eso no es una forma digna de dormir”.
Ramírez respondió que para eso la PNC tenía un departamento de Relaciones Públicas, que será el que se encargue de comunicar a los medios cualquier información.
El comisario insistió en que para hacer alguna denuncia sobre las condiciones en que viven los agentes, estos tienen que seguir un código de disciplina y dirigirse a las instancias respectivas, para que alguna situación “no se salga fuera de control o hayan concitaciones” por parte de los medios.
Montenegro también dijo que como bancada estaban investigando las destituciones y ascensos que ha habido dentro de la institución policial.
Cumplió órdenes
La diputada Montenegro también cuestionó a Ramírez por la “reconcentración” de agentes que provocaron el retiro de 20 agentes de protección perimetral de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a lo que el comisario respondió que cumplía una orden del viceministro de Seguridad, Kamilo Rivera.
Montenegro le preguntó al comisario si se había irrespetado el acuerdo suscrito entre Guatemala y Naciones Unidas, para brindar la seguridad a la Cicig, a lo que Ramírez indicó que “otros fueron los que tomaron la decisión”.
El Gobierno de Guatemala tiene un enfrentamiento con la Cicig, cuyo mandato expira en septiembre de 2019, desde que varios familiares y personas allegadas al presidente Morales, se hayan visto implicadas en actos de corrupción, tanto que el año pasado se intentó expulsar al comisionado Iván Velásquez.
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Estos 20 agentes que retira ahora la Policía se suman a otros tres llamados a principios de este año y que todavía no han vuelto a sus labores.
El retiro de estos nuevos agentes se produce después de que Velásquez dijera en una reciente entrevista con EFE en Bruselas que la tarea de la Comisión en Guatemala era “descomunal” debido a la oposición del presidente y de otros sectores.
Con información de EFE
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