Inacif: “Siete personas mueren a diario en percances viales”

Activistas señalan que autoridades han sido “permisivas” para el cumplimiento de reglamentos de tránsito y se dejaron desprotegidas a las víctimas.

En la nueva carretera del Libramiento de Chimaltenango en mayo pasado ocurrió una colisión entre un camión y un automóvil que quedó destrozado: no hubo muertos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En la nueva carretera del Libramiento de Chimaltenango en mayo pasado ocurrió una colisión entre un camión y un automóvil que quedó destrozado: no hubo muertos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelan que, cada día mueren siete personasen hechos de tránsito y hasta noviembre último sumaron dos mil 417 víctimas mortales. Esa estadística es calificada como “lamentable” por Flor de María Orellana, directora de la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito (Apasit), porque considera que “se puede disminuir la mortandad”.

La base de datos del Inacif se basa en las necropcias realizadas a las víctimas mortales y evaluaciones a los sobrevivientes de los percances viales.

Además, según los registros las muertes en hechos de tránsito son la segunda causa de mortandad a escala nacional.

“Esto parece una enfermedad que nadie quiere curar. En medio de una pelea de los empresarios el transporte -por los gastos de regulaciones- con autoridades permisivas quedaron las víctimas de los incidentes de tránsito. Ni al empresario le importan los pasajeros y tampoco las autoridades los protegen”, criticó Orellana.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido en los últimos cinco años a los gobiernos tomar con “seriedad la mortalidad de los percances viales” y el tema tratarlo como “una enfermedad de abordaje general”.

La base de datos del Inacif expone que a cada tres horas ocurre un accidente y para la directora de Apasit ese dato es una advertencia de la “carente educación vial” en el país.

“Si a cada tres horas hay un choque, eso es alarmante porque somo una sociedad que no puede conducir. La regla es primero aprender a conducirnos en vehículos y luego salir a las vías, pero acá el solo hecho de obtener la licencia de conducir se hace con capacidades menores y sin responsabilidad”, advirtió Orellana.

Los datos del estadísticos del Inacif revelan otra tendencia que preocupan a los expertos en movilidad y es sobre la vulnerabilidad de los jóvenes. El informe señala que el 50 por ciento de las víctimas mortales son personas de 18 a 34 años.

Jorge Galán Gómez analista en Seguridad Vial expuso: ” En este año que se registre como jóvenes la mayoría de muertos en percances viales nos recuerda que no estamos educando y formando a conductores y pasajeros en movilidad, transporte y respeto a la normas de conducir. Eso debería de preocupar al gobierno y no solo actuar cuando ocurre una tragedia. Los número son claros y estamos provocando tragedias al no formar una sociedad con calidad de educación vial”.

“Desinterés”

Hasta noviembre último la base de datos de Inacif registró dos mil 417 víctimas mortales en percances viales y esa cifra determina 227 personas muertas menos en ese tipo de casos que en 2018, pero no aún falta agregar los hechos de diciembre y la cifra diaria de mortandad -siete muertos- es la misma que la del año pasado.

“Estamos presenciando el desinterés por el control de velocidad por las autoridades y los empresarios, mientras ellos siguen en desacuerdo, las víctimas siguen en aumento. El control de la velocidad es uno de los primeros pasos para bajar las muertes significativamente”, señaló el analista en Seguridad Vial.

Galán Gómez expuso que “no solo se trata de regulación de velocidad sino de mejorar la educación vial para tener efectos significativos en la reducción de las víctimas mortales en colisiones”.

Además, el analista en Seguridad Vial reprochó: “Las autoridades vieron con normalidad que la gente muera en choques de tránsito. Hacen que sea normal morir en Navidad, Fin de Año y Semana Santa, en otros países hasta se exige calidad de la estructura de los vehículos y acá no pasa nada de eso”.

Entre los objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 se contempla proveer “transporte disponible, seguro, a costo accesible y sostenible y en condiciones seguras en especial para las para todas las personas en situación vulnerable, mujeres, niños, ancianos y discapacitados. Así mismo contempla reducir a la mitad las muertes y lesiones por accidentes de tráfico”.

En Guatemala la segunda causa de muerte en el país son los percances viales y la discusión del tema se ha pospuesto.

Presionan y ceden

El 6 de noviembre pasado valiéndose de manifestaciones y amenazas de más protestas, el gremio del transporte pesado logró que el gobierno diera prórroga para que cobre vigencia el acuerdo que los obliga a instalar un limitador de velocidad en las unidades.

“La regulación de la velocidad en el transporte pesado es de urgencia nacional y las autoridades en lugar de hacer que se cumpla la Ley dieron más plazo para ver si se implementa o no”, reclamó Orellana.

El gobierno cedió a las presiones y aplazó por seis meses la implementación de los velocímetros.

La Gremial de Transporte Pesado de Guatemala en octubre y comienzo de noviembre intensificó las críticas y amenazas en contra de la Ley para el fortalecimiento de la seguridad vial -aprobada en 2016- y conforme se acercó el 6 de noviembre, cuando entraría en vigor el reglamento de esa normativa, entonces las protestas con tráileres se implementaron y causaron caos en la movilidad.

El Acuerdo Gubernativo 38-2019 obliga a los transportistas a instalar un dispositivo limitador de velocidad en los tráileres para que desarrollen hasta un máximo de 80 kilómetros por hora.

La gremial basó su protesta en que “los velocímetros no van a regular la velocidad sino al costo que les representaría cumplir con la medida”.

La desaprobación de la gremial a la legislación que los obliga a tener velocímetros en los vehículos de transporte pesado también la justifican en que “el costo de implementar la Ley se trasladaría al consumidor final y lo que hay detrás de la normativa es un negocio de las empresas que ya compraron los reguladores – y los distribuirán- “.

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