Este es un endeudamiento adicional a los Q7 mil millones del plan de reactivación económica que Giammattei solicitó hace dos semanas al Organismo Legislativo.
El presidente pidió al Congreso conocer y aprobar de urgencia nacional el endeudamiento, con bajo interés y plazo de pago extenso, para que se puedan utilizar los fondos en apoyo directo a la gente de sectores vulnerables y para la reactivación económica.
Entre otras medidas de asistencia, el Ministerio de Desarrollo Social ejecutará Q72 millones, más Q200 millones que se tomarán del fondo de emergencia para poder beneficiar a 200 mil familias con una subvención de Q1 mil.
Además, Giammattei dijo que se gestionó una donación y se tendrán dos mil cajas de alimentos que se administrarán en el domo polideportivo de la zona 13, desde donde, a partir del próximo sábado, saldrán camiones del Ejército a distribuir comida a áreas en crisis alimentaria.
Otro préstamo
El Congreso aprobó el 24 de marzo, de urgencia nacional, la Ley de emergencia a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus covid-19, a solicitud del presidente Giammattei.
Los diputados también votaron en esa misma sesión dos préstamos por US$450 millones y la ampliación del estado de Calamidad por 30 días más.
Fotografa Esbin Garcia 29-03-2020
Sector vulnerable
El nuevo acuerdo, que rige a partir de hoy, exhorta a trabajadores y empleadores a celebrar acuerdos dentro del marco de la ley y que los mismos se hagan en el estricto cumplimiento de los principios del Derecho laboral, tomando como base los de conciliación, garantías mínimas, realismo y convencionalidad.
Este es un tema que preocupa, porque la clase trabajadora en el sector privado no está organizada, explicó Luis Linares, analista laboral de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes).
“¿Con quién va a negociar esos acuerdos el empleador? Ahí es donde se evidencia la importancia de la organización sindical”, explicó el analista.
El representante sindical Rigoberto Dueñas calificó la disposición de “aberrante y contraria a Derecho”, porque el Artículo 103 de la Constitución establece que las disposiciones siempre deben ser tutelares para los trabajadores; es decir, que siempre se debe proteger al trabajador.
Para el economista Érick Coyoy la disposición no garantiza una estabilidad laboral y económica para los trabajadores, porque hay comercios que ya perdieron su mercado y no tendrán cómo pagar salarios. Por lo tanto, lo que debe buscar el Gobierno son recursos para poder apoyar a las empresas.
“No se puede forzar a un empresario a pagar salarios, cuando no recibirá ingresos, se deben buscar recursos a través del Banco de Guatemala o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”, planteó Coyoy.
