“Tenemos que proceder a quitarlas. Ya se habían quitado. Representan un peligro. Esto no es un cementerio”, dijo el funcionario en los pasillos del Palacio Nacional de la Cultura, una de las dependencias del Gobierno, a preguntas de los periodistas.
Este martes, dos años y siete meses después de que las 41 niñas y adolescentes murieran calcinadas en un aula cerrada bajo llave en un hogar estatal, un grupo de personas reinstaló el altar en su memoria después de que el propio Ministerio decidiera, el mes pasado, retirar el anterior en el marco de las fiestas patrias alegando que representaba un peligro para la ciudadanía.
Fue la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) la que dictaminó en un informe que las cruces “pueden representar un riesgo para las personas que transitan por dicha área”.
Sin embargo, la recomendación para “reducir” dicho riesgo era por la actividades patrias de septiembre debido a que se esperaba la concurrencia de miles de personas al lugar.
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En su momento, el vocero de la Conred, David de León, indicó que al hablar de reducir o eliminar el riesgo no es necesariamente quitar el monumento.”Reducir podría ser colocar cercas o una medida de protección, por ejemplo” explicó.
Pero ahora, el ministro de Cultura insiste en retirar el altar de forma permanente.
En el mismo lugar de antes, varias organizaciones de mujeres y de la sociedad civil se reunieron en la Plaza de la Constitución, para poner las 41 cruces, de color rojo, en homenaje a la vida de cada una de las niñas y adolescentes muertas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017.
Unas macetas verdes, con el nombre de cada una de las pequeñas y con un mensaje en la parte de atrás recordaban a las víctimas.
Cada una de las cruces, contaron, representan a una “vida silenciada” y porque la población sí tiene “memoria” seguirán peleando por justicia para las pequeñas y sus familias.
“Nos Faltan 41”, “Exigimos Justicia”, “No fue el fuego, fue el Estado”, “Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, resultó para las niñas campo de concentración”, “Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan” o “Por la vida de las mujeres” fueron algunas de las consignas y mensajes.
Al preguntar por este nuevo altar, el ministro de Cultura aseguró que la plaza donde está instalado forma parte del “área protegida por patrimonio” y que los grupos que lo volvieron a colocar “no tienen derecho a hacerlo”.
“Lo que están haciendo es retándonos. No es correcto. Hago un llamado a la concordia, a que actúen mesuradamente y no que nos reten. Nos están poniendo en una situación difícil”, agregó, aunque dijo que entienden “el dolor de la gente”.
“Ya pasaron más de dos años. No vamos a dejar por la eternidad esto ahí (las cruces)”, reiteró y aseguró que el parque y la plaza son de “18 millones de guatemaltecos” y que todos tienen derecho a ir con su familia sin miedo a que uno de los pequeños se pueda caer encima.
El primer altar, retirado por el Gobierno, había sido colocado por un grupo de personas en la plaza en memoria de las víctimas y recibía visitas sin que se produjera ningún incidente. La gente miraba, rezaba o dejaba algunas flores y seguía con su camino.
Además de las 41 niñas fallecidas, la tragedia dejó a 15 heridas. Todas, las 56, habían sido encerradas bajo llave en un aula de unos 46 metros cuadrados donde originaron un incendio la mañana del 8 de marzo para que las autoridades y policías, que las habían metido allí, les permitieran salir al baño luego de estar toda la noche prisioneras.
En investigaciones posteriores, la Fiscalía aseguró que la subinspectora de la Policía, Lucinda Marroquín, mantuvo la llave del candado de la puerta en el cinturón durante nueve minutos sin abrir, mientras el fuego y el humo causaban la muerte de las menores.
Por este caso hay al menos unas 8 personas que deberán enfrentar un juicio por diversos delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
