El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y la Asociación Nacional del Magisterio (ANM) se reunieron en la Plaza Obelisco, caminaron de la Plaza Obelisco al Ministerio de Educación y la Plaza de la Constitución.

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El dirigente Joviel Acevedo señaló que la justicia ha emprendido una “persecución selectiva” contra la firma de algunos pactos, por lo cual demandó respeto.

Dijo que buscará una reunión con María Consuelo Porras, fiscal General, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que le explique los motivos de esa persecución.

También planteó la posibilidad de pedir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que venga una comisión que verifique que esa persecución es una violación a los derechos adquiridos en dos convenios en esa materia que Guatemala ha suscrito.

Óscar Hugo López, ministro de Educación, recibió la solicitud de los manifestantes y les dijo que verá si está en sus competencias gestionar aquella reunión.

Consultado sobre protesta, el funcionario dijo que hay un compromiso por cumplir 206 días de clase -el mínimo debe ser 180-. Subrayó que manifestar es un derecho, pero que se verificará si cada quien hizo el aviso para ausentarse de su escuela, pues en caso contrario se le hará una sanción por escrito.

La columna terminó en la plaza central, sin que hubiera recibimiento de algún funcionario del Ejecutivo.

Acevedo expresó a los maestros que el pacto colectivo está a disposición de los medios de comunicación y las autoridades para que lo investiguen. “No le debemos nada a nadie”, dijo.

Advierte a políticos

Acevedo dijo en la Plaza de la Constitución que la marcha había llegado a exigir respeto a la negociación colectiva y está en contra de la persecución al movimiento sindical a nivel local, departamental y nacional.

Además, pidió a la jefa del MP que investigue por qué fiscales han dicho que “12 pactos colectivos están en la mira”, ante lo cual insistió qe el acuerdo con Educación está disponible.

Según el dirigente, el pacto no es leonino, ni es un “pacto de corruptos”, sino que cumple los convenios 87 y 98 de la OIT.

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También cargó contra los políticos. Dijo que el próximo gobierno, sea del partido que sea, deberá cumplir con el pacto colectivo.

“Vamos a defender con uñas y dientes ese pacto porque es de todos los niños y jóvenes de escuelas públicas, y de los padres de familia, porque ahí están los libros, la valija didáctica, la gratuidad, la refacción”, expresó.

Al recordar que el STEG reúne a 128 mil 175 maestros de los 134 mil que trabajan en el ministerio, Acevedo animó a las a no prestarse a chantajes de los candidatos durante la campaña electoral, y que una vez llegan al poder se olvidan del magisterio.

“Hay directores y directores departamentales -de Educación-, no todos, pero sí muchos anti-sindicalistas y anti-pactos colectivos. Se hacen supervisores con esas autoridaditas chiquitas, se creen la mamá de Tarzán, enemigos de las juntas mixtas, de los maestros sindicalizados, incluso directores de establecimientos, que les prohíben a ustedes estar saliendo del establecimiento para esto -manifestar-. Si eso está en el pacto colectivo, de movilizaciones, asambleas generales, nacionales departamentales y municipales, mensuales y extraordinarias Compañeros y compañeras, no se dejen babosear, no dejemos ya que nos estén queriendo ver la cara de tontos”, les indicó Acevedo.

También arremetió contras los medios de comunicación, a los que culpó de buscar polarizar a su gremio. “Decir que nosotros pagamos Q30 millones por pacto colectivo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se les ha descontado a ustedes? ¿un p*** centavo por pacto colectivo?, ¿cuándo? ni siquiera cuotas mensuales”.

El pacto firmado

Acevedo y el presidente Jimmy Morales firmaron el 24 de enero último un pacto colectivo que costará Q956 millones, igual al 5% por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación.

Según López, el pacto establece compromisos para el Gobierno, pero también para los maestros, algo que no estaba contemplado en pactos anteriores.

Gracias a ese pacto, los 134 mil educadores que trabajan en el servicio público recibirán 5 por ciento de aumento y, los que tengan una profesionalización universitaria, recibirán otro aumento. Cada año recibirán un bono de Q2 mil 500. A cambio, los maestros deben cumplir con el mínimo de 180 días de clase, someterse a una evaluación de desempeño y regirse bajo un reglamento disciplinario. El convenio está vigente hasta 2020.

Salubristas

Otro movimiento que salió a la calle en defensa de los pactos colectivos fue el de los salubristas.

Caminaron de la Plaza Italia, frente a la municipalidad capitalina, hacia la Plaza de la Constitución.

Luis Alpirez, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), dijo que ningún pacto colectivo suscrito con el Estado es corrupción porque el beneficio es para la clase trabajadora.

Agregó que, en el caso de la salud pública, el pacto beneficia a 53 mil trabajadores y sus familias.

Señaló además que el país está retrocediendo a la persecución contra dirigentes sindicales, populares y estudiantiles.

Alpirez fue beneficiado con excarcelación, pero está ligado a proceso por un caso de defraudación al Estado por Q14 millones en la suscripción del pacto colectivo con el Ministerio de Salud en 2013. Otras nueve personas están implicadas.

Por concepto de honorarios por sus servicios legales, César Adelino Franco López, abogado, cobró Q14 millones en 2014, y luego hizo depósitos a tres personas que están procesadas. El jurista tiene orden de captura.

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