Víctimas de accidentes en carretera están desprotegidas porque no se aplican las leyes

La ley establece que todo vehículo que circula por la vía pública debe tener un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes (Decreto 132-96). La obligación se extiende al transporte colectivo de pasajeros y de carga, sin embargo, la disposición no se cumple a cabalidad.

Las víctimas de percances viales, como el ocurrido en Gualán, Zacapa, están desprotegidas por que no se cumple la ley. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Las víctimas de percances viales, como el ocurrido en Gualán, Zacapa, están desprotegidas por que no se cumple la ley. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El poco control en las carreteras para garantizar que la norma no se transgreda es el principal problema, y pone en riesgo, incluso de muerte, a quienes se hacen uso de ese transporte o bien se conducen por la carretera en autos particulares.

La tragedia ocurrida la madrugada del pasado sábado 21 de diciembre en el kilómetro 17.2 de la ruta al Atlántico abre nuevamente el debate sobre las debilidades en el tema de seguridad vial y la desprotección de las víctimas en incidente como este, donde han muerto 20 personas.

De acuerdo con Alejandro Williams, licenciado Ciencias Jurídicas y Sociales y asesor de la Asociación de víctimas de tránsito de Nahualá, el 20% de los vehículos comerciales que transitan por las carreteras del país no tiene un seguro. Mientras que si se trata del trasporte de pasajeros es el 60%, según Edgar Enrique Guerra, de la Defensoría de los usuarios de Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos.

No compensa el daño, pero “la manera inmediata de indemnizar  a las víctimas de accidente es a través del seguro. Es una forma de ayudar, de darle un rostro humano a la tragedia”, reflexiona Williams, para quien el tema debe interesar a todos los guatemaltecos “porque no podemos evitar transitar por las carreteras”.

El seguro del transporte extra urbano es una “reinvindicación”, dice Guerra, que se estableció en la legislación guatemalteca desde el 2001, y aunque es un logro no le devuelve la vida a quienes han sido víctimas de accidentes en carretera. “Es un sabor agridulce donde por un lado hay una reparación del daño pero no hay un accionar por parte de las instituciones que tiene que velar por evitar hechos viales”, indica.

La obligatoriedad está en la ley, y es la Dirección General de Transporte (DGT) la que debe verificar, en el caso del transporte colectivo, que todas las unidades tengan seguro. En el caso del bus de la Empresa de Rápidos del Sur tiene una póliza obligatoria que cubre a cada uno de los pasajeros.

Según Héctor Ramírez, vocero de la DGT, la institución se encarga de verificar que el transporte extraurbano cumpla con este requisito, y en caso de no incumplir la multa es de Q15 mil.

En lo que va del año se han detectado 15 unidades que no cumplieron con el requisito. Lo que se hace en estos casos es que el bus es retenido y no puede circular hasta que tenga la póliza vigente.

La sanción económica no es un disuasivo para Williams, quien considera que la suma a pagar es muy baja al compararla con el daño que causan si se registra un accidente. “Las multas tienen que impactarles”, menciona.

Es durante la Semana Santa y las fiestas de Fin de Año que los transportistas suelen ponerse al día en el pago del seguro, dice el defensor de la PDH. El resto del tiempo circulan sin la póliza, y los pasajeros viajan desprotegidos sin saberlo.

El seguro es obligatorio para los vehículos de transporte colectivo, afirma Ramiro García Chamán, jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, “aunque está la ley no existe la reglamentación necesaria. Ahorita trabajamos para que la obligatoriedad sea para todos los vehículos de transporte, urbano, extraurbano, pesado y comercial, es decir, todo vehículo con placa comercial debe obligatoriamente tener un seguro”, agrega.

Aún no se ha determinado quién es el responsable del accidente ocurrido en Gualán, Zapaca, pero Christian Nolck Rodríguez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis), ha informado que los vehículos involucrados poseen póliza de seguro y que las empresas aseguradoras trabajan en la atención a las víctimas.

En el tema de sanciones a los pilotos de ambos vehículos. Ramírez señala que sería el departamento jurídico de la DGT el encargado de establecer cómo proceder. En casos similares, dice, se han impuesto multas al dueño de la unidad y se ha suspendido a los conductores hasta por seis meses.

La suspensión de la licencia de conducir correspondería a Departamento de Tránsito, pues la dirección únicamente ve la parte administrativa, indica el vocero.

Escaso control

La DGT es la encargada de verificar que los buses cumplan con tener la póliza vigente, pero también autorizan las rutas, horarios y tarifas en que deben circular, y que no vayan sobrecargados.

Supervisan que los pilotos estén registrados, para lo cual necesitan tener una certificación de conducción asertiva avalada por el Instituto de Capacitación (Intecap).

Actualmente hay 13 mil pilotos de transporte extraurbanos  y 23 mil unidades autorizados.

En lo que va del año la dirección ha efectuado 1 mil 125 operativos, y se han revisado 16 mil 500 unidades. El escaso personal con el que cuenta hace difícil la tarea, señala Ramírez.

“No se nota nuestra presencia por la escasez de inspectores, solo tenemos 29 para todo el país”, dice el vocero de la DGT. Trabajan en coordinación de la Policía Nacional Civil y con la Policía Municipal de Tránsito de cada jurisdicción.

El Departamento de Tránsito también se ocupa de controlar los vehículos que circulan en carretera, aunque García Chamán, jefe de la entidad, dice que no tienen la capacidad para dar cobertura a todo el país.

Desde el 1 de diciembre se han restringido la circulación del transporte pesado en las principales entradas de a la ciudad, pero “esto se escapó de las manos”, dice sobre la tragedia ocurrida en Gualán, Zacapa.

Pero es una señal de alarma de que debe activarse la seguridad vial en el país, porque “no tenemos el control de las carreteras”, refiere García Chamán.

Para el 2020, el departamento espera abrir cinco sedes departamentales, Morales, Izabal, es uno de los puntos. También adquirirán 50 picops. Se trabaja en la instalación masiva de radares en todas las carreteras del país para medir la velocidad, en un reglamento sobre el uso del alcoholímetro.

Además de una iniciativa de ley para que el departamento cambie a dirección, pues su estatus actual limita sus funciones y recursos, punto que para Williams también es necesario.

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