Las muestras de descontento comenzaron el pasado 2 de octubre cuando las organizaciones indígenas, 48 cantones de Totonicapán y la Alcaldía indígena de Sololá, bloquearon varios puntos en las carreteras del país.
En las manifestaciones, desde entonces, exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, a quienes acusan de atacar la democracia y pretenden, señalan, deslegitimar el proceso electoral y sus resultados.
En los días siguientes la indignación se esparció como un virus en buena parte de la sociedad y llegó a la metrópoli. Aparte de la protesta frente al Ministerio Público (MP), comenzaron a haber bloqueos en diversas arterias en la capital y municipios vecinos.
Si bien, esta medida extrema —considerada por muchos analistas como una muestra de violencia— siempre ha sido una práctica en Guatemala, solo en esporádicas ocasiones se había producido a la capital, por problemas puntuales, como la falta de agua o de maestros en alguna escuela.
¿Infiltrados?
Pero estas protestas comenzaron a degenerarse a vandalismo desde el pasado fin de semana, con diversas acciones evidentemente ilegales que se alejan de la forma como comenzaron estas muestras de descontento, y que, contradictoriamente, riñen con los principios democráticos cuya defensa originó las movilizaciones.
Así, se han visto grupos de manifestantes que a pie o en motocicletas invaden centros comerciales y, en medio del miedo del resto de las personas, obligan a los dueños o trabajadores de los negocios a cerrar sus puertas mientras les dicen que se unan a las movilizaciones.
También se han visto videos en redes sociales donde hombres con los rostros tapados bloquean una carretera y cobran por dejar pasar vehículos.
El extremo —hasta el momento— llegó este lunes cuando un grupo que la propia Policía Nacional Civil (PNC) identificó como infiltrados, llegó a la Plaza de la Constitución, agredió a los agentes e inició una trifulca que incluyó el uso de bombas lacrimógenas, heridos, destrucción del patrimonio y almacenes.
No a la violencia
Las organizaciones indígenas han rechazado los hechos de violencia y manifiestan su temor de que personas hayan sido enviadas para infiltrarse en las manifestaciones, con intereses opuestos a las protestas y que lleven el encargo de causar caos para deslegitimarlas.
“Quieren echar la culpa a los que estamos al frente de los pueblos de las deficiencias que el Estado tiene salud o educación. Dicen que el bloqueo es el responsable de que no haya medicinas, pero no”, dijo un líder indígena este 10 de octubre en la manifestación que se mantiene frente al MP.
Por su lado, en un comunicado emitido el lunes 9 de octubre, los 48 cantones de Totonicapán afirmó que “las protestas han sido pacíficas, ordenadas y con respeto”, al mismo tiempo que condenaron “enérgicamente los actos de vandalismo y violencia”.
Aseguran que en los bloqueos se ha permitido el paso de vehículos de emergencia, personal médico y de personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, denunciaron la existencia de un “plan para criminalizar las protestas”, ejemplificado por el “grupo de choque” que llegó el 4 de octubre al MP, aparentemente, vendedores del mercado de la Terminal, zona 4. Por este motivo pidieron a los manifestantes identificar a los revoltosos y pedir a la PNC que los detenga.
La organización Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que en los últimos días se unió a los bloqueos, también rechazó las prácticas vandálicas. “Esto no se trata de bochinches, estamos haciendo algo muy serio, pero con mucho respeto. No podemos estar jugando con la vida de quienes estamos aquí”, expuso Víctor Guamuche, integrante de la organización.
“Preocupa que haya una táctica o política desde las mismas estructuras del Estado que estén fuera del control del mismo Ministerio —de Gobernación— y que se dediquen a generar ese desorden”, añadió.
Pasividad
Para Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha), ha habido una actitud “complaciente” de las fuerzas del orden público que no actuaron de forma ágil y contundente para evitar los disturbios en la Plaza de la Constitución, pero también para actuar, cuando se supo que hombres fuertemente armados se organizaron para despejar el paso a inmediaciones de Ciudad Cayalá.
Dijo que “estas personas deben ser detenidas en flagrancia y puestas a disposición de los juzgados”, y denunció que dicha pasividad se produjo, incluso, cuando la infiltración en las protestas era algo que ya se preveía y que hasta fue anunciado por las autoridades.
A ese respecto, el subdirector de Operaciones de la PNC, David Boteo, dio a conocer que nueve personas fueron detenidas por los disturbios en la Plaza de la Constitución y que se trató de pandilleros infiltrados que operan de las zonas 6 y 18.
Según Boteo, “unos fueron capturados en el momento y posteriormente por medio de las cámaras de seguridad se capturó al resto en la Parroquia, zona 6”. Añadió que las acciones policiales evitaron el saqueo de un local en el Paseo de la Sexta.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) dio a conocer que 18 personas han sido detenidas, entre lunes y martes, por extorsionar a automovilistas en los bloqueos, por portar armas sin autorización y por escándalos en la vía pública bajo efectos de licor.
Sin embargo, no respondió a una solicitud de explicación que le hizo Prensa Libre del porqué de la tardanza para accionar en los disturbios en la Plaza de la Constitución y qué planes tienen para evitar que esto suceda de nuevo.
