De acuerdo con los detalles a los que tuvo acceso Prensa Libre, este proyecto consiste en el escaneo, transmisión, grabación, validación y publicación de los resultados preliminares de los comicios que se celebrarán el 25 de junio.
En la convocatoria, que todavía no se ha publicado en el portal Guatecompras, se habrían presentado dos oferentes.
El primero es Datasys, S. A., que ofreció un contrato por Q148 millones 850 mil 250, y el segundo es PBS Guatemala, S. A., que ofertó hacerlo por Q113 millones 957 mil 424.
De acuerdo con fuentes del TSE, luego de recibir las ofertas se llevaron a cabo las evaluaciones técnicas de cada empresa y les solicitaron hacer una demostración de la operación de los procesos del programa informático ofrecido.
La idea era comprobar el funcionamiento y que cumpliera con las especificaciones que se solicitan. El TSE habría decidido contratar a la empresa Datasys, S. A., que según el portal Guatecompras le ha prestado servicios a diversas entidades del Estado del 2017 a la fecha, por Q4 millones 685 mil 687.84.
Ha sido contratada con mayor frecuencia desde el 2020, por entidades como el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, los ministerios de Educación, Finanzas y de Comunicaciones, y la Superintendencia de Administración Tributaria.
Desde el año pasado, el TSE ha efectuado una decena de compras directas por montos millonarios, relacionadas con el evento electoral. Según organizaciones de la sociedad civil, estas han evadido los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y no cumplieron con las garantías de transparencia.
Aunque el TSE no se ha pronunciado en torno a si Datasys Group es la misma que aparece en Guatecompras, la primera, en su sitio web, expone que cuentan con operaciones y oficinas en México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala.
En Colombia, Datasys fue descartada para “adelantar la auditoría internacional de las elecciones presidenciales” recién pasadas.
El Consejo Nacional Electoral colombiano dio marcha atrás, porque hubo señalamientos en su contra y no cumplió con algunos requisitos legales.
La senadora colombiana María Fernanda Cabal manifestó que “carecía de experiencia en auditoría electoral y había sido sancionada por las autoridades de Honduras”.
Datasys negó los señalamientos y refirió que contaba con más de 24 años de experiencia en diversos procesos, y no solo electorales, y lo mismo respondió en cuanto a Honduras.
