“La comunidad internacional, incluyendo los Gobiernos de América Latina, deben instar al Gobierno de Guatemala y a otras autoridades a garantizar los valores democráticos y respetar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas”, aseguró la organización en un comunicado de prensa.
“Algunos de los perdedores de las elecciones en Guatemala están tratando de abusar del sistema judicial para obtener los resultados que no pudieron conseguir en las urnas”, añadió Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Durante las votaciones del 25 de junio, se determinó que pasarían a una eventual segunda vuelta, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, de la agrupación Semilla.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, ordenó el pasado 1 de julio que se revisaran los resultados, suspendiendo la oficialización de los mismos.
Repiten revisión de actas de votos
La decisión de la corte se cumplió durante los últimos tres días — desde el martes 4 hasta el jueves 6 de julio— por las juntas electorales guatemaltecas, quienes revisaron los votos y determinaron que los cambios son menos del 0,05 % en los resultados.
Es por ello que se espera que en los próximos días el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficialice los resultados del 25 junio de junio y confirme la segunda vuelta electoral entre Torres y Arévalo, para el próximo 20 de agosto.
Diversos analistas, políticos y expertos han advertido que la medida de revisión de votos, solicitada por nueve partidos tradicionales, podría tener intereses específicos como demorar la oficialización de los resultados o suspender la segunda vuelta electoral.
