La denuncia contra Curruchiche se presentó en julio pasado por considerar que Curruchiche cometía ilegalidades al acatar órdenes del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, dirigido por el juez Fredy Orellana, quien ordenó la cancelación del Movimiento Semilla, agrupación política con la que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.
“El @MPguatemala acaba de desestimar la denuncia que @msemillagt presentó contra Curruchiche”, dice el mensaje que colocó Reyes en su cuenta de X, anteriormente Twitter.
En la publicación la diputada electa agrega: “Sigan tomando nota del listado de ilegalidades que están cometiendo. Y de quienes las están cometiendo”.
La resolución de la Fiscalía señala que “el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, con fundamento en lo considerado y fundamento de derecho, resuelve dictar la presente resolución fiscal y desestimar la presente denuncia en favor del Fiscal de Sección José Rafael Curruchiche Cucul”.
De acuerdo con la resolución, “el Ministerio Público puede desestimar una querella o denuncia, debiendo comunicar la decisión al denunciante, víctima o agraviado, quienes podrán objetarla ante juez competente dentro de los diez días siguientes de haber sido comunicados por el Ministerio Público”.
Arévalo pidió retirar la inmunidad a la fiscal general y a un juez tras su decisión de allanar un centro electoral y abrir cajas con las papeletas de votación de las elecciones de junio.
A raíz del allanamiento, Arévalo anunció también que suspendía el proceso de transición hacia su investidura, prevista en enero de 2024 para reemplazar al presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei.
Las solicitudes para levantar los fueros a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana fueron presentadas la noche del martes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según el recurso legal.
Arévalo presentó además una denuncia penal contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que emprendió una cruzada contra los resultados de las elecciones generales.
Exige la renuncia de los cuatro funcionarios, a los que acusa de orquestar un plan de golpe de Estado para bloquear su llegada al poder.
La denuncia pide retirar la inmunidad a la fiscal general y al juez para que sean investigados por seis presuntos delitos, entre ellos violación de la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y prevaricato.
Curruchiche sostiene que el allanamiento es legal pues solo buscan verificar la denuncia de un ciudadano, y rechazó que cause desestabilización en este país centroamericano.
Más acciones
El Tribunal Electoral presentó el martes una acción de amparo ante la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto los allanamientos de la Fiscalía, pero esta fue remitida a una sala de Apelaciones.
La oenegé Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, siguió sus pasos e hizo lo mismo el miércoles, pero corrió con la misma suerte, ya que el amparo fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El amparo rechaza “las acciones realizadas por el Ministerio Público y el juez Orellana, especialmente haber vulnerado el sufragio de los guatemaltecos”, dijo el vocero de Acción Ciudadana, Néstor Páez. “Este golpe electoral se debe detener”, afirmó.
El coordinador general de asuntos jurídicos del TSE, Abraham Álvarez, calificó de ilegal la apertura de cajas electorales pues lo hicieron “sabiendo que es una facultad exclusiva de las juntas receptoras de votos” y el tribunal electoral.
Las cajas incautadas contenían los votos emitidos, nulos, en blanco, papeletas sin uso y otros objetos utilizados por cada mesa electoral.
La presidenta del TSE, Irma Palencia, denunció la apertura de las cajas como “inédita y preocupante”.
Pese a la incertidumbre provocada, aclaró que los resultados electorales ya fueron oficializados, “y eso no puede cambiarse”.
El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores nacionales e internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Consejo Nacional Empresarial, organizaciones indígenas, de derechos humanos y otros.
Estados Unidos ha incluido a la fiscal Porras, al juez Orellana y a los fiscales Curruchiche y Monterroso en una lista de personajes “corruptos” en Guatemala.
