En la solicitud, firmada por Ángel Pineda, secretario general del MP, se cuestiona que, pese a que la CC ordenó habilitar los pasos bloqueados “no se ha recibido información de que alguna fuerza de seguridad haya intervenido en algún bloqueo”; además, dice que de no cumplirse con la orden de la Corte “se deberá proceder de conformidad como lo establece la Ley”.
“El Ministerio Público requirió por la vía oficial al Ministerio de Gobernación girar instrucciones a efecto de garantizar el derecho de manifestación pacífica pero tal y como lo ha ordenado la Corte de Constitucionalidad, también garantizar el ingreso y el egreso a las instalaciones centrales y todas las sedes del Ministerio Público con el fin de continuar la investigación y presentar los resultados al pueblo de Guatemala”, publicó el MP en su cuenta de X.
En la carta dirigida al ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, se señala que “por instrucciones superiores, me dirijo a usted, en torno a la resolución emitida por la Honorable Corte de Constitucionalidad, con fecha once de octubre de dos mil veintitrés, a través de la cual resuelve la solicitud de asistencia para la debida ejecución de la resolución dictada por dicha Corte el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 1322-2023, formado por amparo en única instancia promovido por el Procurador de los Derechos Humanos, contra el Presidente de la República de Guatemala, el Ministro de Gobernación, el Director General de la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación”.
De acuerdo con la Fiscalía en “virtud de lo considerado se exhorta al ente peticionario -Ministerio Público- para que proceda diligentemente, apegado a los principios que rigen el proceso penal y cuidando cumplir estrictamente los plazos procesales establecidos en la Ley, concluyendo, a la brevedad posible, su investigación y realizar las diligencias judiciales necesarias que la situación amerita”.
“Derivado de lo anterior y con el objeto de dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, es necesario que el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, cumpla con lo ordenado por dicho ente de control constitucional, quien en su resolución ha indicado que se realice ´de manera inmediata´”, refiere la misiva.
Agrega que, según la Dirección de Seguridad Institucional del Ministerio Público, este jueves en horas de la mañana se informó que “manifestantes colocaron cadena y candado en el ingreso al atrio manifestando que no permitirían el ingreso de ningún usuario a las instalaciones del MP, indicando que tampoco dejarían ingresar a personas que colocan huella, de la misma manera expresaron que no se permitirá el ingreso de ninguna persona por la garita número 5 lo que complica la situación en las instalaciones del edificio Gerona”.
Señala que “no se ha recibido información de que alguna fuerza de seguridad haya intervenido en algún bloqueo. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad el día de ayer autorizó disolver las manifestaciones y bloqueos en todo el país y donde se necesite”.
“Con base a lo ya expuesto, y de la manera más atenta, se le solicita se sirva girar las instrucciones a quien corresponda, a efecto de garantizar el derecho de manifestación pacífica, permitiendo que este se siga dando, pero tal y como lo ha ordenado el alto tribunal constitucional, también garantizar el ingreso y egreso a las instalaciones centrales así como a todas las demás sedes del Ministerio Público, que estuvieren siendo afectadas por las manifestaciones, al personal del Ministerio Público así como a los usuarios en general”, refiere.
Concluye: “lo anterior con el objeto de que el Ministerio de Gobernación de cumplimiento a lo que le fuera ordenado por la Corte de Constitucionalidad, y permitir que el Ministerio Público pueda concluir la investigación de acuerdo a lo manifestado por dicha Corte, caso contrario se deberá proceder de conformidad como lo establece la Ley.
Detalles de resolución
El pleno de la Corte de Constitucionalidad conoció el 11 de octubre el expediente 1322-2023, relacionado con la solicitud de asistencia para la debida ejecución que requirió el Ministerio Público (MP) para evitar las manifestaciones en el país y que piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y otros funcionarios.
La debida ejecución del MP, que fue presentada por la agente fiscal, Maritza Yesenia Castillo López, fue sobre un amparo que presentó el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, el 16 de marzo de 2023 en contra del presidente de la República, el Ministro de Gobernación, el Director General de la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con la CC, “al analizar lo denunciado, y teniendo en consideración la existencia de los bloqueos y acontecimientos ocurridos en todo el país, y que han puesto en riesgo el efectivo ejercicio de los derechos humanos, así como los actos de violencia ocurridos en varios lugares de Guatemala”, declararon con lugar la solicitud.
Ante esto le han ordenado a la autoridad competente que libere las carreteras del país y permita la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Le avala usar la fuerza pública, si es necesario, así como el acompañamiento del Ejército, si es preciso, también.
La CC, en su resolución, consignó que se “han vulnerado los derechos a la vida, salud, tratamientos médicos, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad, así como se ha limitado la garantía de los servicios esenciales como el transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica, el funcionamiento de puertos, aeropuertos, aduanas, terminales de carga y descarga de mercancías, y cualesquiera otros afectados”.
