En la publicación se consigna una declaración de Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de América Central de la Unión Europea (UE), quien destacó que analizan sanciones individualizadas para quienes resulten responsables de atentar contra la democracia de Guatemala, pues “sin presión no van a cesar”.
Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá; Misrahi Xoqic, alcalde indígena de Sololá; y Álvaro Montenegro, integrante de Alianza por las Reformas, expusieron en Europa “la frágil situación de la democracia” en Guatemala, por lo que buscan que en Bruselas se abran las puertas para más sanciones contra los responsables “del acoso judicial” contra el binomio electo, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera.
“Empezamos el paro el 2 de octubre y lo vamos a prolongar hasta enero, porque cada vez buscan más delitos para que Bernardo Arévalo no asuma en enero. Están socavando la democracia en Guatemala”, le dijo a DW Ulario, en Bruselas.
“Estamos en cuartos de final. La parte que viene va a ser muy dura, porque el Ministerio Público sigue sacando casos para judicializar a opositores. Hay mucha gente con miedo, saliendo del país”, le dijo por su parte a DW Montenegro.
“La misma Misión de Observación Electoral de la Unión Europea hizo énfasis en esta estructura de acoso. Y sí, es un gran reto mantener viva la resistencia de las autoridades ancestrales que han liderado el movimiento que ha detenido el golpe de Estado”, señaló Montenegro en la misma publicación.
En tanto, Xoqic dijo que ha sufrido intimidaciones, junto a otros líderes indígenas, debido a que se volcaron a las calles para protestar en contra de las acciones judiciales encaminadas por el MP, por lo que entre sus principales demandas está la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci); de la auxiliar fiscal, Cinthia Monterroso; y del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
Por lo anterior, Metz dijo que la visita de los líderes indígenas abre las puertas a nuevas sanciones para quienes promuevan acciones que atenten contra la pureza del proceso electoral.
¿Significa esto que se abren nuevas puertas? “Sí”, respondió a DW Metz.
“Estamos en contacto permanente con nuestra delegación en Guatemala. Estamos preparando una reunión con los grupos políticos para pedir sanciones individualizadas para los responsables de estas acciones contra la democracia en Guatemala que, al parecer, sin presión no van a cesar”, señaló Metz en la publicación de DW.
Por su parte, el área de Comunicación de la UE en el país dijo que la delegación de Guatemala “se encuentra en comunicación estrecha con las distintas instituciones europeas, incluyendo el Parlamento Europeo”; sin embargo, detalló que respecto del tema de sanciones “no tenemos comentarios”.
Además, Luis Pacheco, de los 48 Cantones de Totonicapán, confirmó que hace unos 15 días se reunieron con representantes de la UE, a quienes se les solicitó que se apliquen penas “económicas” a funcionarios señalados de corrupción.
Llamado reiterado
En un comunicado publicado el pasado 16 de noviembre, la UE dijo que está “profundamente preocupada por los intentos intensificados de socavar los resultados electorales de Guatemala mediante acciones legales y procesales selectivas y arbitrarias”, en referencia a los allanamientos, capturas y órdenes de aprehensión contra integrantes del partido Movimiento Semilla, con el que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.
“Estas acciones no sólo ponen en peligro una transición ordenada del poder al nuevo gobierno, sino también la estabilidad y el sistema democrático de Guatemala en general”, dice el comunicado.
“La Misión de Observación Electoral de la UE destacó en su informe final, presentado recientemente, que no hubo fraude en las elecciones y subrayó la extensa judicialización y el abuso de los procedimientos judiciales por parte del Ministerio Público. La UE está profundamente preocupada por el continuo uso indebido de estos medios para intimidar y criminalizar a los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), altos funcionarios y magistrados, miembros de las juntas electorales departamentales (JED) y municipales (JEM), mesas electorales (JRV) y digitadores”, resalta el documento.
El documento añade; “Reiteramos nuestro llamado a todas las instituciones y funcionarios guatemaltecos a respetar plenamente la integridad de los resultados electorales que certificó el TSE y a detener cualquier acción que pueda poner en peligro un proceso de transición pacífica, actuando de acuerdo con sus responsabilidades consagradas en la Constitución de Guatemala, respetando el principio fundamental de la separación de poderes y la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas”.
