La formal solicitud de orden de extradición planteada esta semana por la Corte del Distrito de Columbia en contra de Roxana Baldetti, confirma el cariz criminal de la administración patrioterista y a la vez abre muchas otras incógnitas cuando se leen los pormenores que sustentan el requerimiento de la justicia estadounidense.

Uno de los detalles más escabrosos contenidos en el documento refiere que Baldetti Elías habría recibido al menos 250 mil dólares del grupo de narcotraficantes conocido como los Zetas, quienes además le proporcionaron seguridad durante la campaña electoral del 2011, cuando el patrioterismo avanzaba hacia la presidencia mediante una serie de componendas con oscuros políticos y muchos otros sectores que apoyaron de manera decidida ese proyecto.

Aunque esa gestión es ahora una triste historia, siguen aflorando penosos detalles de la descomunal corruptela que marcó la gestión de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti, sobre quienes hoy resultan más comprensibles las razones de que ellos y la mayoría de sus funcionarios se encuentran tras las rejas, acusados de delitos que van desde casos de defraudación, pasando por el lavado de dinero, hasta enfrentar cargos por asociaciones ilícitas.

Aunque muchas de las fechorías cometidas a la sombra del poder ya son muy conocidas, no dejan de sorprender detalles de las relaciones de Baldetti con poderosos narcotraficantes, como los Zetas, porque evidencia como los tentáculos de la narcopolítica penetraron las más altas esferas de poder, a cambios de favores, como la no persecución y quizá hasta quitar del camino a cabecillas de otros grupos rivales.

La secuela de esa inmoralidad explica a su vez el enorme deterioro en la debilidad de nuestras instituciones, pues el poder que emana de la más alta magistratura del país hace temer muchos otros ilícitos, como los que suelen ocurrir en cualquier sistema sometido a al designio de estructuras mafiosas, sobre todo en una figura todopoderosa como Baldetti era percibida,

Quizá por eso se explique que sobre Baldetti no existen acusaciones de narcotráfico en Guatemala, porque pese a los rumores que circularon aun desde el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y sus nexos con narcotraficantes, hasta ahora no se ha profundizado en indagaciones sobre esas tenebrosas relaciones, en las cuales están involucrados alcaldes, diputados y oscuros empresarios.

En cambio, las investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han permitido documentar al menos 11 delitos por los cuales está tras las rejas la ex vicegobernante, casos por los que podría pasar más de cuarenta años en cárceles guatemaltecas, antes que proceda su extradición, si no sucede algún hecho extraordinario.

Cuando personajes de larga trayectoria en la política buscan alianza con cabecillas de poderosos carteles para acceder al poder, eso no solo es una burla a los electores y a la población sino una aberrante conducta para alcanzar el poder y servirse de las instituciones para favorecer acciones ilícitas e incurrir en las más deplorables prácticas de corrupción, como lo ejemplifican las diversas acusaciones que pesan sobre una de las más nefastas figuras de la política guatemalteca.