Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones que permaneció prófugo por cuatro años por señalamientos de corrupción, busca ser querellante adhesivo en una denuncia contra exfiscales de la Feci en el caso Odebrecht, en el que es señalado de haber recibido unos Q146 millones en coimas.

Sinibaldi, exfuncionario del gobierno del Partido Patriota, enfrenta varios procesos judiciales y ha sido señalado en casos de corrupción como Transurbano, Construcción y Corrupción, Odebrecht, Cooptación del Estado, Coperacha y Arca.

Este martes 26 de abril, Sinibaldi se presentó al Juzgado Cuarto Penal para solicitar ser querellante adhesivo en una denuncia contra exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) que participaron en la investigación del caso Odebrecht.

En el referido juzgado, estaba programada una audiencia de primera declaración de Amy Girón y Siomara Sosa, extrabajadoras de la Feci, quienes fueron denunciadas por la Fundación contra el Terrorismo por supuestas irregularidades en convenios de colaborador eficaz en el caso Odebrecht.

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La solicitud de Sinibaldi de ser querellante adhesivo en la denuncia deber ser avalada por el juez contralor del caso, Pedro Laynez.

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Sinibaldi indicó que hace meses presentó una denuncia por “ilegalidades en los convenios de Odebrecht, la cual fue conexada por parte del Ministerio Público con otra denuncia presentada por Ricardo Méndez Ruiz”.

“Lo que estamos buscando es que se conozca la verdad porque hay convenios ilegales“, aseguró Sinibaldi. La audiencia se suspendió por un recurso interpuesto por la Fundación contra el Terrorismo. El caso se encuentra bajo reserva judicial.

Caso Odebrecht

Para operativizar el Caso Odebrecht, la Feci utilizó información que obtuvo mediante tres convenios de colaboración eficaz con directivos de la empresa brasileña.

Los acuerdos se firmaron en Brasil a favor de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Oliveira  Gedeon. Fueron representados por su abogado defensor, el guatemalteco Francisco Javier Gallardo Samayoa.

Lo anterior ya representa un problema, según la denuncia de Fundación Contra el Terrorismo, ya que asegura que para validar todo proceso legal fuera del territorio guatemalteco, donde Feci no tendría jurisdicción, se necesitaban autorizaciones diplomáticas.

Señalamientos del Ministerio Público

El 27 de enero de 2018, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelaron el caso Odebrecht, en el que señalaron a Alejandro Sinibaldi de haber negociado coimas con la empresa brasileña a cambio de contratos para construcción de carreteras.

Según la acusación, Sinibaldi habría recibido US$19.7 millones, unos Q146 millones, que habrían sido repartidos con otras personas supuestamente involucradas en el caso.

El Ministerio Público señaló al empresario Carlos Arturo Batres Gil y Manuel Baldizón, excandidato presidencial, de haber recibido US$4.9 millones y US$3 millones, respectivamente.

Baldizón fue condenado a 50 meses de prisión por lavado de dinero en Estados Unidos, donde guarda prisión desde 2020.

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Avances y condenas en el caso

El 18 de septiembre de 2018 se celebró una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D, donde la jueza Erika Aifán aceptó que Juan Arturo Jegerlehner Morales, concuño de Alejandro Sinibaldi, se sometiera a un proceso abreviado.

En la audiencia, Jegerlehner Morales aceptó que recibió dinero de la firma de construcción Odebrecht para su concuño, el exministro Alejandro Sinibaldi.

Denis Asencio, abogado defensor de Jegerlehner, aseguró que su patrocinado admitió su culpabilidad de los hechos imputados por el MP y se discutió una reparación digna con la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El concuño de Sinibaldi estaba acusado de lavado de dinero en el caso.

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Jegerlehner explicó que se dedicaba a crear sociedades fuera de plaza en lugares como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá, por lo que Sinibaldi le pidió que le vendiera una al exdirector de Odebrecht Marcos de Cequeira Lima Machado.

Además le pidió que el representante de esa empresa fuera Juan Ignacio Florido, empresario y padrino de bodas de Sinibaldi y a quien se le abrió una cuenta bancaria en el Meinl Bank, de Antigua y Barbuda, donde se depositaron US$9 millones.

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Por petición de Sinibaldi, Jegerlehner  Morales creó otra sociedad y otra cuenta bancaria, ya que se había depositado  gran cantidad de fondos en la primera.

Esta vez Sinibaldi le pidió  a Jegerlehner Morales  que figurara como representante legal.

En esa nueva cuenta se depositaron   US$2 millones 600 mil y Jegerlehner Morales recibió   US$50 mil como pago

por el manejo de esta.

El concuño de Sinibaldi dijo que le cuestionó a este sobre el origen del dinero  y que  le explicó que procedía de los sobornos  pagados por Odebrecht.

Los problemas para el exministro empezaron a llegar cuando se descubrió el caso de corrupción en Brasil, por lo que, según Jegerlehner Morales,  le pidió que moviera de cuenta el dinero, para evitar perderlo en caso de alguna investigación, pero este no lo hizo. Un juez de Brasil congeló los activos,  lo cual enfadó a Sinibaldi. Lea más detalles de la declaración.