Análisis: Estado de Prevención no disuade al narcotráfico

El gobierno de Alejandro Giammattei se ha caracterizado por instaurar estados de Excepción en diversos municipios del país, con el fin de reducir la criminalidad, aunque esta estrategia fue interrumpida por la pandemia.

Autoridades se preparan para dar cumplimiento al estado de Sitio en tres municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Mingob)
Autoridades se preparan para dar cumplimiento al estado de Sitio en tres municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Mingob)

Ante la falta de apoyo político en el Congreso para ratificar el estado de Sitio en Panzós y La Tinta, en Alta Verapaz, y El Estor, Morales y Lívingston, en Izabal, el Gobierno optó por un estado de Prevención, el cual no era necesario aprobarlo en el Legislativo.

Para expertos en seguridad, cualquier estado de excepción está fundamentado en la Ley de Orden Público, que data de la década de 1960, por lo que no es la forma más efectiva de enfrentar y combatir los problemas de seguridad actuales.

La PNC informó que entre el 19 y el 26 de julio, durante la vigencia del estado de Sitio, fueron erradicados 46 mil 512 arbustos de coca, 22 personas detenidas por orden de captura, 43 allanamientos judiciales ejecutados, 18 capturados en flagrancia, nueve aprehendidos en allanamientos judiciales, 21 personas detenidas y la incautación de dos escopetas, dos rifles, cinco pistolas y 175 municiones.

Fuerza se mantiene

Juan Carlos de Paz, vocero del Ejército, informó que dos batallones formados por 800 o mil 200 efectivos de las fuerzas de aire, mar y tierra están desplegados en Panzós y La Tinta, Alta Verapaz, y en El Estor, Morales y Lívingston, Izabal. Mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) reportó que están desplegados aproximadamente 900 agentes.

La amplia presencia de seguridad no es nueva. Ya a finales del gobierno de Jimmy Morales, estos municipios, junto a 17 más, estuvieron regidos por un estado de Sitio. En esa ocasión, se localizó un complejo de laboratorios en fase experimental para procesar cocaína y la erradicación de miles de arbustos de coca, pero hasta la fecha no han sido informadas sobre detenciones de personas.

Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa, señaló que durante ese tiempo las autoridades no realizaron el trabajo que debieron hacer, porque, aunque hubo presencia sobre todo por parte del Ejército en los municipios, no llegó el apoyo institucional para combatir los problemas de fondo.

“Lo que hizo el Gobierno anterior, lamentablemente, no fue algo que pudiera decirse que arrojó un poco de solución a esa área. Entonces, todo —la problemática— siguió”, comentó. Leiva también indicó que en esos lugares se han encontrado arbustos de coca y las autoridades han afirmado que los erradican, pero al poco tiempo vuelven a encontrar nuevas plantaciones.

Para Lizandro Acuña, investigador en temas de Seguridad, antes de decretar un estado de excepción, el Gobierno debió analizar si con esas acciones se podían solucionar problemas sociales históricos en los referidos municipios y, sobre todo, que fueran sostenibles.

Acuña afirmó que la medida no dará respuestas a largo y mediano plazos, porque el Gobierno solo tomará el control temporal de los lugares, erradicarán miles de arbustos de coca, ejecutarán algunas capturas, pero no de líderes de estructuras criminales, por lo que el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) que asesora al presidente debe tomar acciones a largo y mediano plazos.

Para el exministro de Gobernación Carlos Menocal, en las mencionadas áreas se registran hechos e incidentes que generan una situación “convulsa, complicada y compleja” de resolver solo con la medida aplicada.

Menocal enumeró varios factores que producen la conflictividad social histórica en esos lugares, como el rechazo de las comunidades por la explotación de níquel porque afirman que ocasiona contaminación ambiental, la pugna por tierras, la ausencia del Estado y la presencia del crimen organizado.

“Cuando uno ve estos factores, es entendible sugerir que, el abordaje de esta problemática tiene que ser integral, multisectorial, multidisciplinario y con el más alto nivel para resolverla”, afirmó.

En opinión de Carmen Rosa de León, experta en seguridad ciudadana y directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), se debería poner a trabajar el sistema de seguridad, investigación criminal e inteligencia para identificar los factores de riesgo y los actores del crimen organizados.

“Es increíble que no se pueda por los métodos democráticos de seguridad para actuar. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué está la Policía?, si lo que se hará es entrar con el Ejército en cualquier lugar, porque tiene funciones distintas e independientes de la Policía y los temas de seguridad ciudadana deberían ser atendidos por la Policía”, criticó.

Ineficaces

Sandino Asturias, miembro del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOOS), expresó varias preocupaciones sobre el uso y abuso de los estados de excepción como parte de una política ordinaria de la administración de Giammattei.

“Hemos visto históricamente que los gobiernos que han hecho uso y abuso de los estados de excepción para diferentes motivos y razones, como Álvaro Colom lo hizo para combatir el narcotráfico, Otto Pérez Molina lo hizo para combatir la conflictividad social y Jimmy Morales lo hizo en estos mismos departamentos supuestamente para combatir el narcotráfico. La conclusión que tenemos es que ha sido siempre ineficaz, ineficiente y vulneran más derechos que los resultados que obtienen”, enfatizó.

Asimismo, Asturias no niega que haya problemas de seguridad en esos lugares, pero debe existir una organización por parte del Estado para combatirlos. Resaltó que esas medidas son anuncios y provocan un efecto globo, porque no hay inteligencia previa y no se desmantelan estructuras.

Libertad de expresión

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) informó por medio de un comunicado que el estado de Prevención en los cinco municipios, al contrario de beneficiar a la población, restringe sus derechos fundamentales e impone una “mordaza a la libertad de expresión”, porque en el artículo 4 y numeral 6 del decreto gubernativo 14-2020 existe una ofensa directa a la libertad de expresión.

“Esta disposición representa una afrenta directa a la libertad de expresión y podría emplearse como pretexto por depredadores de la libertad de expresión que, amparados por un cargo público, pretendan arremeter en contra de comunicadores sociales, periodistas y medios de comunicación, especialmente en contra de emisoras comunitarias”, advirtió la APG en el comunicado.

Además, resaltó que la medida entró en vigor luego de que organizaciones locales e internacionales criticaron el estado de Sitio que el Legislativo no ratificó. Por lo cual solicitó a la Procuraduría de los Derechos Humanos vigilar violaciones a los derechos fundamentales de la población y medios de comunicación que ocurran “bajo el pretexto de la seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado”.