El alcalde también fue beneficiado con arresto domiciliario, está obligado a firmar el libro de procesados cada 15 días, y no puede acercarse a la sede de la comuna.
El funcionario enfrenta proceso por los delitos de lavado de dinero, peculado y uso de documentos falsificados, pues, según las pesquisas, se habría aprovechado de su cargo al frente de la comuna para apropiarse de manera ilícita de Q10 millones, los cuales usó para comprar un bien inmueble.
En un comunicado publicado ayer por el órgano investigador en su portal en Internet, anunció que analiza impugnar la resolución judicial que benefició a Medrano, para evitar que recupere su libertad, por considerar que persiste el peligro de fuga y que pueda intervenir en la investigación y evitar que se averigüe la verdad.
El caso
En este caso también quedó en libertad la abogada Ligia Anabella Alvarado Batres, quien canceló una fianza de Q50 mil, así como la otra procesada, Catalina Gómez Muyús, beneficiada con el pago de Q20 mil.
Quienes se encuentran libres son Jorge Ulises Francia Estrada y Eduardo Francisco Castellanos Castillo, vinculados con este caso, quienes pagaron fianzas de Q20 mil desde el 27 de octubre recién pasado.
Antecedente
Las pesquisas comenzaron por una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, presentada en 2006 a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.
La investigación determinó que Q280 mil habrían ingresado a cuentas de Medrano, a través de depósitos directos mediante seis cheques, y el resto a las cuentas de dos organizaciones no gubernamentales, que, a su vez, depositaron el dinero a las constructoras El Campo, Torre Fuerte y Pineda De León.
