Caso La Línea: 50 mil escuchas telefónicas son la prueba reina en el juicio

El juicio por el caso La Línea se desarrollará en los siguientes 6 meses y se tiene previsto que el Ministerio Público solicite la pena imponer en la primera semana de septiembre.

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Caso La Línea
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti enfrentan acusaciones en el caso La Línea. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Han pasado 6 años y 11 meses desde que se reveló el caso La Línea, una investigación de corrupción que sentó en el banquillo de los acusados al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por Jeaneth Valdés está desarrollando el juicio por el caso La Línea y fijó que tres días de cada semana para que se lleven a cabo las audiencias las cuales se estiman que podrían culminar en septiembre de 2022, según lo confirmó el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

La investigación señala que descubrió la existencia de una red ilícita el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015, dicha organización habría operado en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.

La carpeta judicial esta integrada por más de 30 mil folios, los cuales revelan que en estas oficinas fronterizas existían personas particulares que negociaban con importadores de mercadería para otorgarles el permiso de ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos, a cambio del pago de una cuota ilegal que le denominaron “cola”. Los precios estaban establecidos en un tarifario elaborador por la red.

Las pruebas

Una fiscal y un agente fiscal tienen la responsabilidad de presentar una compleja investigación que incluye alrededor de 50,000 interceptaciones telefónicas, las cuales son consideradas como “la prueba reina”, por el jefe de la Feci, y quien considera que los acusados “no pueden decir que no es su voz” aseguró.

Además, 1,516 Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAS), que según la investigación fueron alteradas por la red, y otros 322 medios de prueba; con los cuales deberá demostrar la implicación y culpabilidad de 30 acusados.

Curruchiche detalló que los investigadores se preparan cada jueves y viernes de cada semana “analizando los medios probatorios que van a presentar” los cuales son expuestos lunes, martes y miércoles desde las 8 hasta las 15:30 horas.

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Informes criminales

Aníbal Argüello, un abogado y exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es uno de los peritos principales que declaró en el juicio La Línea durante las últimas 2 semanas y actualmente se encuentra en la fase de interrogatorio por parte de los abogados defensores.

Argüello elaboró 5 informes criminales y en 45 minutos explicó a los tres jueces que integran el Tribunal B de Mayor Riesgo, que la organización criminal estaba integrada con un mínimo de 47 personas, entre funcionarios públicos y particulares, quienes se organizaron para negociar un cobro ilegal al ajuste del impuesto de importaciones de mercancías en las aduanas de Puerto Quetzal, Santo Tomás y Central.

El exanalista también relacionó a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti con la estructura La Línea, “se estableció que aprovechando su investidura como presidente y vicepresidenta de Guatemala, respectivamente, lideraron la organización criminal”, declaró Argüello.

Agregó que fueron Pérez y Baldetti quienes nombraron jefe operativo de la estructura a Juan Carlos Monzón Rojas, a quien le daban instrucciones de nombrar a otros integrantes. El informe establece que tanto el expresidente como la exvicepresidenta recibieron “el porcentaje más alto de ganancias”.

A decir de Curruchiche, la declaración de Argüello “es importante porque el hizo el análisis intercomunicacional y detalló la relación entre los acusados” y agregó que brindo detalles de como estaba integraba la organización.

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Modo de operar

Los importadores o sus tramitadores debían comunicarse a un número de teléfono que les proporcionaban los integrantes de La Línea, vía telefónica negociaban el ajuste al impuesto que debían declarar en el formulario de mercancía.

Los miembros externos de la estructura eran los encargados de administrar el teléfono y los trabajadores, miembros de la estructura interna, se encargaban de los trámites en las aduanas, dijo el exanalista Aníbal Argüello y detalló que la red ilegal operaba desde el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015.

Estos grupos eran controlados por Juan Carlos Monzón, a quien se identifica como el jefe o líder operativo de todo el grupo. Después de él se encontraba Salvador González y luego el resto de implicados.