“La lentitud del proceso no se atribuye a ninguna de las partes, ha obedecido especialmente a decisiones que ha adoptado el juez que busca definir el mejor escenario para que se pueda producir el juicio”, dijo luego de participar en una discusión sobre reformas a la ley de la carrera judicial.
El pasado 28 de marzo el presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, suspendió de forma sorpresiva una audiencia en la que se iba a decidir si el expresidente y los otros acusados en La Línea van o no a un juicio oral y público.
La suspensión, según explicó el juez, se debió a una apelación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por haber quedado fuera de este proceso.
Medida sana
Al respecto, Velásquez calificó como una medida “sana” la decisión del juez de esperar que una Sala de Apelaciones resuelva el recurso de la PGN, para evitar que posteriormente se le revocara lo actuado en la audiencia.
Pese a la ansiedad que existe para que el caso de La Línea concluya judicialmente muy pronto, el proceso “se ha venido desenvolviendo en términos aceptables”, enfatizó.
Hasta ahora el juez no ha anunciado la próxima fecha para la audiencia en la que debe decidir si Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre una treintena de acusados, van o no a juicio.
Pérez Molina y Baldetti, que se vieron obligados en 2015 a renunciar al gobierno por el escándalo. Ambos están en prisión preventiva acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera.
Cabecillas
Según la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) con el apoyo de la Cicig, Pérez Molina y Baldetti son supuestamente los cabecillas de la trama de corrupción aduanera, desbaratada el 16 de abril del año pasado.
Velásquez comentó que en Guatemala tiene que materializarse esa sensación de que “ya no se permitirá un nuevo acto de corrupción”.
