Red financió a Alejandro Sinibaldi durante 11 años

El Ministerio Público (MP) señala que una red de pago y cobro de sobornos que operó en el Ministerio de Comunicaciones durante la gestión de Alejandro Sinibaldi surgió hace 11 años, según lo expuesto en el Juzgado de Mayor Riesgo D, donde ayer se les leyeron los cargos a 28 sospechosos.

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Vista de la sala donde se celebra la audiencia de primera declaración del caso Corrupción y Construcción. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)
Vista de la sala donde se celebra la audiencia de primera declaración del caso Corrupción y Construcción. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, detalló a la jueza Éricka Aifán que las pesquisas del caso conducen a que, desde noviembre del 2006, Sinibaldi habría formado una red de empresas de cartón y de pantalla —mezclaban capital lícito e ilícito en operaciones comerciales— y que los recursos captados habrían sido utilizados para obtener bienes inmuebles y promover su carrera política.

La red operaba en Guatemala, Izabal, Escuintla y Petén, además de haber establecido empresas en Nicaragua y Panamá.

El exfuncionario compitió en el 2007 por una diputación al Congreso, por el Partido Patriota (PP), y un año después asumió el cargo.

Por ahora no se sabe si en esa campaña se utilizó dinero ilícito, pese a que la red ya operaba, pero sí se indica que para las elecciones del 2011 y 2015  se usaron recursos financieros obtenidos de manera irregular.

Sinibaldi se lanzó como candidato a la alcaldía capitalina en el 2011, pero no fue elegido. Gracias a su poder en el PP, el 14 de enero del 2012 fue nombrado ministro de Comunicaciones, puesto que ocupó durante dos años y seis meses, hasta que presentó su renuncia.

El  presidente Otto Pérez Molina aceptó la salida de Sinibaldi de ese ministerio el 8 de septiembre del 2014. El objetivo del político era promover su imagen como precandidato presidencial para los comicios del 2015.

El 21 de septiembre del 2014, apenas 13 días después de haber dejado el cargo de ministro, Sinibaldi  fue proclamado como aspirante a la presidencia para el proceso electoral del siguiente año.

Entre los sospechosos  figuran notarios, contadores que contribuyeron con el exfuncionario para manejar las entidades comerciales y contratistas del Estado que dieron comisiones ilegales a empleados del Ministerio de Comunicaciones para obtener contratos de   obra pública o para que les fueran cancelados los trabajos que ya  habían ejecutado.

Sinibaldi es considerado por la Fiscalía como la cabeza de la banda, explicó Sandoval, y agregó que se determinó que los imputados se referían al exfuncionario como Sipi, Jefe, Asa —Alejandro Sinibaldi Aparicio— o AS —Alejandro Sinibaldi—.

En la investigación se documentaron escuchas telefónicas de las conversaciones sostenidas entre varios de los sospechosos, así como mensajes de correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea, afirmó el fiscal, pruebas que serán presentadas en la sesión del viernes.

Por este caso fueron emitidas 37 órdenes de captura y  quedan nueve pendientes de ser ejecutadas. Entre los prófugos figuran Sinibaldi  y el exembajador de Guatemala en Washington Julio Ligorría.

Ambos exfuncionarios permanecen en el extranjero y calificaron las investigaciones en su contra  como acciones de carácter político y sin fundamento real.

Cargos

Las investigaciones comenzaron después de que se  detectaron tres empresas que efectuaron transacciones financieras de varios millones de quetzales y que no contaban con la infraestructura necesaria o personal para justificar esos movimientos de dinero.

El fiscal dijo que Constructora Benelly, Constructora y Agropecuaria Agua Azul y Constructora y Agropecuaria Florido despertaron las sospechas sobre la posibilidad de que se haya cometido lavado de dinero alrededor de Sinibaldi, y que estas firmas, a su vez, realizaban actividades con otras empresas de cartón o de pantalla, tanto nacionales como extranjeras.

Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, señalado de cohecho activo, se presentó ante el juzgado del caso. Alvarado Cuevas tiene una constructora y en el 2014 le fue adjudicada la supervisión del desarrollo del Libramiento Chimaltenango, a cargo de la Constructora Nacional, S. A., cuyo dueño, Álvaro Mayorga, es imputado en el caso.

La jueza revocó la orden de aprehensión en contra de Alvarado, lo dejó libre ante una enfermedad gástrica que padece. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses debe realizarle una evaluación médica.

Sandoval describió que a principios del 2007 se formó la entidad Inversiones Asa, S. A., la que no tenía personal, sede ni actividades comerciales, y por medio de la cual en el 2008 fue construida la vivienda  de Sinibaldi conocida por los integrantes de la estructura como Casa Bonita.

Una de las empresas  utilizadas para lavar dinero  fue Constructora y Agropecuaria Agua Azul, constituida en el 2013 y cuyo representante legal era Carlos Presa Aguirre, quien fue capturado en Petén.

Esa entidad recibió por lo menos Q24.9 millones sin haber efectuado ninguna actividad lícita aparente, explicó el fiscal.

La empresa obtuvo fondos de Asfaltos de Guatemala, S. A., entre el 2013 y 2014, por Q5.1 millones. Constructora Industrial Guatemalteca le entregó Q2.8 millones; Ingenieros M y T, S. A., le proporcionó Q946 mil 328; M y C Construcciones aportó Q5.8 millones; y  de Sisa recibió Q1.7 millones.

Parte de ese dinero fue utilizado en la remodelación de la vivienda de Sinibaldi, el mantenimiento del jardín y la reparación de la cañería. En esos trabajos se invirtieron varios miles de quetzales y los gastos no fueron justificados, afirmó Sandoval.

Otras entidades comerciales que se constituyeron también fueron financiadas con montos millonarios.

Parte del dinero obtenido se utilizó para la campaña electoral del 2015, para lo cual fue contratada la firma Dinámica Publicitaria.

Los delitos que el órgano investigador señala en contra de los sospechosos son asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho activo, financiamiento electoral ilícito y obstrucción de la justicia, entre otros.

Obstrucción

Las investigaciones arrojan que los sospechosos se enteraron de las acciones penales que se desarrollaban en su contra, por lo que en noviembre del 2016   comenzaron actividades para ocultar las evidencias que los vinculaban y que podían ser utilizadas como prueba científica en el caso.

Douglas Paredes Álvarez, Juan Arturo Jegerlehner Morales y otros procesados viajaron a Nicaragua, en donde constituyeron cinco empresas para acreditar el flujo de dinero que recibían las entidades comerciales vinculadas con la estructura que operaba en Guatemala.

“Con esas empresas se gestionaron préstamos y otras diligencias financieras, con el fin de justificar el incremento de capital a disposición del señor Alejandro Sinibaldi”, enfatizó el fiscal.

También fueron quemados documentos contables y administrativos, con la intención de que la Fiscalía no determinara la verdad de los acontecimientos, refirió Sandoval.