El abogado, Francisco Rivas, quien defiende a Solórzano Foppa, responsabilizó por el acta de constitución del grupo proformación del partido Ambientalista Guatemalteco a Carlos Ramiro Carrillo, quien fue el notario que avaló ese documento y en el que la Fiscalía señala irregularidades como el registro de la firma de una persona que fallecida y más de 113 personas dicen no haber consentido firmas, datos personales y aseguraron no haber asistido a la asamblea.
Con esa aseveración, la defensa del exsuperintendente trató de desligarlo de la falsedad ideológica de la que se le acusa.
Rivas señaló que la Fiscalía citó delitos, pero no mostró indicios de comportamientos y hechos. El abogado aseveró que Solórzano Foppa persiguió a grandes evasores y ahora se creó un caso arbitrario con intereses especiales.
El abogado atacó la imputación de asociación ilícita y argumentó que para encuadrar en ese delito debe haber actuación “de manera clandestina” y recordó que Solórzano Foppa estuvo acudiendo al Tribunal Supremo Electoral a tramitar el grupo político y aclarar las irregularidades, por lo que “no hubo nada escondido”.
En la audiencia, Rivas cuestionó el hecho de que el fiscal de Delitos Electorales José Curruchiche presentara en su argumentación el acta de septiembre de 2020 en la que consta una citación de la investigación administrativa a la que compareció Solórzano Foppa ante el Registro de Ciudadanos del TSE.
Además, el abogado cuestionó delitos: “¿Conspiración para qué, “Son señalamientos sin argumentos técnicos, es una vergüenza”, criticó Rivas la labor del jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales.
