Se trata, según el orden alfabético del nombre de cada partido, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Todos, Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz y Visión con Valores (Viva).
También fue citado Mario Roberto Chu Catalán, quien fue candidato a la vicepresidencia por la extinta agrupación política Corazón Nueva Nación (CNN), quien compitió con el coronel retirado Otto Bernal -procesado en el caso Transurbano-. Su caso se conocerá en el Juzgado Sexto Penal.
De la misma forma el fiscal Curruchiche informó que solicitó la citación a primera declaración del diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro, quien integró la cancelada agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder), que postuló a Manuel Baldizón -procesado por lavado de dinero en Estados Unidos y señalado en el país por los casos Odebrecht y Transurbano-. El diputado independiente deberá comparecer en el Juzgado Sexto Penal cuando se defina una fecha para la indagatoria.
#URGENTE | Fiscalía contra Delitos Electorales plantea seis controles jurisdiccionales para continuar procesos contra las organizaciones políticas Creo, URNG-Maíz, Pan, Viva, Todos y Ucn. | Vía: @kmonzon_pl y Érick Ávila pic.twitter.com/bfOxYTnR2i
— Prensa Libre (@prensa_libre) February 5, 2019
“El Ministerio Público ha solicitado hoy un control jurisdiccional que significa a que un juez de instancia penal se constituya como contralor de la investigación que se va a realizar en contra de las organizaciones políticas”, informó Curruchiche.
Fiscal contra delitos electorales, Rafael Curruchiche, acude a Gestión Penal y solicita que se designen juzgados para controlas las pesquisas contra las agrupaciones políticas CREO, URNG-Maiz, PAN, Viva, Todos y UCN. pic.twitter.com/FhvAuWjrg5
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 5, 2019
Designan juzgados
En la Dirección de Gestión Penal designaron, por sorteo, las judicaturas en donde se harán los requerimientos sustentados en fiscalización electoral de fondos, el 407 “L” del Código Procesal Penal.
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El modificado artículo contempla: “El representante legal o miembros de los órganos de la organización política, que impida al TSE realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales, será sancionado con prisión de uno a cinco años”.
Así quedaron los casos
- Juzgado Noveno Penal. Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
- Juzgado Décimo Penal. Partido de Avanzada Nacional (PAN).
- Juzgado Décimo Penal. Todos.
- Juzgado Undécimo Penal. Unión del Cambio Nacional (UCN).
- Juzgado Cuarto Penal. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz.
- Juzgado Séptimo Penal. Visión con Valores (Viva).
El caso
El lunes recién pasado, durante la reunión de la fiscal General, María Consuelo Porras, el fiscal contra delitos electorales, Óscar Shaad, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se conoció la denuncia en contra de los partidos políticos.
Schaad explicó que el 18 de diciembre del 2018 y el 4 de enero del 2019 que planteó la Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó siete denuncias penales contra igual número de partidos políticos.
“La fiscalía ya está realizando diligencias propias de la investigación, en su momento ya se citaron a los auditores que realizaron las auditorias y en base a eso ya se toman algunas decisiones”, refirió el fiscal Shaad.
El fiscal también se refirió a que el proceso contra la agrupación política Encuentro por Guatemala (EG) ya está en el Juzgado Quinto Penal en donde avanza la investigación y que la denuncia de diciembre del 2018 “coincide” con las acciones que ya había avanzado junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra la diputada Nineth Montenegro.
Señalamiento contra Villate
Según la investigación presentada por el MP, el partido Líder tuvo un gasto de campaña electoral por Q71 millones 633 mil 650.12, sumados a los gastos de propaganda anticipada, estimados en Q12 millones 206 mil 546.61.
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La suma de los montos superó por Q31 millones 433 mil 534.03 el techo de campaña establecido por el TSE, que era de Q 52 millones 406 mil 662.73.
El partido recibió más de Q21.7 millones que no fueron reportados al TSE ni registrados en la contabilidad interna, dando pie al financiamiento electoral anónimo, según la pesquisa.
Para hacer uso de los recursos, el partido pagó los gastos extras de propaganda a través de otras personalidades jurídicas, supuestamente ajenas al partido. Villate deberá responder debido a que era el secretario general de la agrupación.
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