El Ministerio Público allanó las instalaciones del Departamento de Informática del TSE el martes 25 de junio, pero esta acción no repercutirá en el conteo de votos que se realiza en el parque de la Industria con los fiscales. La fiscalía que lleva el caso asegura que su investigación va sobre las anomalías en la contratación del sistema informático.
resulta llamativa y por demás sospechosa la salida del jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Óscar Schaad, que primero se anunció como unos días de permiso y luego como una licencia de dos meses solicitada por él mismo. Para mayor suspicacia, esto ocurre una semana antes de las elecciones generales, el evento cívico por excelencia, durante el cual se hace necesario verificar que no ocurran socorridas prácticas politiqueras como el acarreo de votantes, presiones o chantajes contra ciudadanos, mecanismos de condicionamiento o verificación de por quién se votó, pagos en efectivo, dádivas y cualquier tipo de propaganda; es decir, en un momento clave de su misión.
El fiscal José Curruchiche coordina las pesquisas centradas en determinar la procedencia de Q17 millones de financiamiento electoral en 2015 para la Unión del Cambio Nacional (UCN), cuyo candidato, Mario Estrada, está preso en Estados Unidos por aliarse con el cartel de Sinaloa para obtener dinero para la campaña a cambio de darle luz verde para el trasiego de droga en caso de ganar la Presidencia.
El Ministerio Público (MP) citó al diputado Roberto Villate y al excandidato vicepresidencial de la cancelada agrupación Corazón Nueva Nación (CNN), Mario Roberto Chu Catalán, a primera declaración.
Las organizaciones políticas denunciadas son Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Encuentro por Guatemala, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Compromiso Renovación y Orden (Creo), Movimiento Winaq, Visión con Valores (Viva) y Todos.
Luego de las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, la Fiscalía comenzó un análisis de los casos que lleva ante los tribunales, los cuales corren el riesgo de ser suspendidos por la modificación hecha en el Congreso.
Luego que ayer trascendiera que el diputado Luis Hernández Azmitia, fue un mediador entre un grupo de empresarios y el partido Encuentro por Guatemala (EG), para hacer llegar un aporte económico para la campaña electoral de 2011, el legislador se presentó de forma voltaria a la fiscalía para brindar información.
La diputada Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala (EG), acudió este martes a la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Púbico (MP), quien hace cuatro días presentó una solicitud de antejuicio en su contra por financiamiento electoral ilícito.
