Entre las agrupaciones políticas bajo investigación se encuentran Cambio, Visión con Valores (Viva), Winaq, Voluntad Oportunidad y Solidaridad (Vos), Mi Familia y Unión Republicana.
Los hechos no son aislados, es decir, cada agrupación política habría actuado por cuenta propia con sus fines particulares, según el criterio de Lizbeth Pérez, jefa de la Fiscalía de Delitos Electorales. La funcionaria sí reconoce que este fenómeno criminal cobró mayor relevancia en el actual proceso electoral.
“En las elecciones pasadas el fenómeno era la trashumancia, personas que se empadronan donde no tienen residencia para votar por un candidato, pero ahora es el fenómeno de las afiliaciones anómalas y las firmas falsas”, explicó la jefa fiscal.
El incremento de las denuncias por esta actividad criminal, a decir de Pérez, se debe a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene en su portal electrónico una herramienta para que cualquier ciudadano verifique si es afiliado o no a algún partido político.
A decir del MP, la situación es grave, y mediante investigaciones lograron frenar a varios grupos promotores que buscaban convertirse en comité cívico y posteriormente en partidos políticos.
“Cuando se hace un estudio integral y se pueda determinar que es una cantidad de firmas que podría variar la cantidad de afiliados que necesita la organización política, la ley es clara, un partido no puede funcionar sin la cantidad de afiliados que indica la ley”, agrega la fiscal.
Entre los grupos promotores que buscaban convertirse en organización política y fueron ya identificados por el MP con algunas irregularidades se encuentran Somos Guatemala, VOS (distinto al partido político vigente), Partido de Reconciliación Nacional, Guatemala es Posible y Alianza por la Justicia.
Esta última agrupación, según datos del MP, contenía la denuncia de más de 100 personas afiliadas sin su consentimiento, la mayoría de ellos empleados del TSE y fue el propio órgano electoral quien presentó la denuncia.
La jefa fiscal considera que la situación es aún más delicada al hablar de partidos políticos que participaron en las elecciones del 2023, a quienes también se les cuestiona por reportes de aparentes asambleas inexistentes y la supuesta falsificación de firmas de afiliados. “Sí es grave y por lo tanto sí merecería la cancelación de una organización política”, advirtió la responsable de la Fiscalía.
Las denuncias contra los seis partidos políticos que participaron en las elecciones llevan cerca de dos meses bajo investigación y mientras avanzan las diligencias se podría solicitar la suspensión de su personalidad jurídica, así como ya ocurrió con Movimiento Semilla.
“Sería una organización política que nació con vicios jurídicos que no la hacen que pueda subsistir, jurídicamente hablando; entonces, es una decisión que tendríamos que tomar en su momento, pero creemos que sí es viable esa salida procesal, porque hay anomalías enormes en algunas organizaciones políticas que están bajo investigación”, señaló.
Ataques políticos
No todas las agrupaciones bajo investigación se daban hasta ayer por enteradas del proceso, otras califican estas diligencias como un ataque político desde el MP.
Armando Castillo, secretario general de VIVA y excandidato presidencial, reconoce que la agrupación está bajo investigación y que les han solicitado registro de firmas de afiliados de hace 14 años, cuando el partido político cobró vida.
“Definitivamente es el sistema reaccionando, un sistema al que la población no les dio el respaldo. Este partido se fundó con todo en ley y no cabe duda que andan rebuscando, pero nosotros tenemos la tranquilidad que todo se hizo en ley desde su fundación”, explicó.
Julio Rivera Clavería, excandidato presidencial de Mi Familia, dijo desconocer la situación porque tan solo fue invitado a la agrupación. Se intentó contactar al secretario general del partido, pero no respondió la comunicación.
Mientras que Mario López, secretario general de Unión Republicana, dijo no saber detalles de ninguna investigación en su contra. “Si fuera por el caso de asambleas, todo se ha hecho como debe de ser, no es algo que nos tenga con alguna preocupación”, aseguró.
Jorge Baldizón, secretario del partido político Cambio también dijo ignorar la investigación. “Desconozco el tema, no hemos sido notificados de absolutamente nada, al ser notificados ya procederíamos a ver en qué se basa el tema”, añadió.
Mientras que Kanec Zapil, fiscal nacional de Winaq, fue claro en señalar que la investigación en su contra es producto de un ataque. “Son grupos que no quieren respetar los resultados electorales, son ataques hacia nosotros, llama la atención que reactiven estos casos en estos momentos”, cuestionó.
Por su parte Orlando Blanco, diputado electo por VOS, asegura que cuentan con todo el respaldo legal para desacreditar los señalamientos en su contra.
“Nosotros tenemos conocimiento, es una denuncia política y espuria que interpuso gente de Sandra Torres en el marco de la campaña electoral, nosotros ya nos apersonamos para ver el tema, no estamos preocupados porque los señalamientos se desvanecerán, tenemos toda la documentación que acredita que las firmas que señalan es falso, tenemos declaraciones juradas de las personas”, precisó.
Estrategia política
Las investigaciones en contra de más partidos políticos es algo que ya se veía venir, según el criterio de Renzo Rosal, analista político independiente, quien asegura que más que tratarse de una estrategia jurídica es una estrategia política.
“Se va a plantear la idea que no es una cacería de brujas –contra Movimiento Semilla- y se va a extender a más organizaciones políticas señaladas de lo mismo, pero el objetivo político es generar la percepción de que no se tienen a un destinatario, ya se veía venir esta estrategia”, señaló.
Recientemente, el Registro de Ciudadanos del TSE suspendió a Movimiento Semilla a través de una resolución judicial por aparentes anomalías en su formación a partido político, entre ellas la aparente falsificación de firmas y la afiliación de personas fallecidas.
Pero el analista considera que podría existir un segundo objetivo con las investigaciones contra este grupo de partidos políticos, que irían encaminados a quitar voces opositoras en la próxima legislatura.
“Un objetivo complementario es ir contra partidos políticos que, aunque sean minoría, en la siguiente legislatura pudieran fortalecer a los de mayoría y quieren limpiar la mesa”, concluyó.
