“Un clima estable de inversión depende de un marco legal claro, del respeto al estado de derecho y de la transparencia en la aplicación de la ley”, dice la misión en un comunicado divulgado esta tarde.
El texto enfatiza que esos son los pilares para aprovechar los “abundantes recursos naturales” del país para lograr un clima que impulse el crecimiento económico y la creación de más empleos, cuyo objetivo sea mejorar el sustento de los guatemaltecos.
En la comunicación, la embajada insta a todas las partes involucradas en ese conflicto, especialmente a las autoridades pertinentes y a las comunidades locales a que “trabajen juntas para lograr una solución transparente y de beneficio para todos”.
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“Las inversiones deben adherirse a los requisitos legales, incluyendo el respeto a los derechos humanos y las leyes ambientales locales, y también deben cumplir con los convenios internacionales”, agrega.
El 24 de agosto del 2017, la CC suspendió las operaciones de la Minera San Rafael, en Santa Rosa, debido a señalamientos de discriminación. Hasta hoy representan 271 días sin actividad.
Según la resolución, cuando el Ministerio de Energía y Minas autorizó las operaciones negó la existencia de la agrupación xinca y no le consultó sobre el proyecto.
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En marzo último la CC solicitó a tres entidades que efectúen un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores para ampliar la información y así poder emitir una sentencia en el caso de la Minera San Rafael ubicada en esa zona.
Ese mismo mes la minera comunicó su decisión de despedir a 250 personas, según argumenta, motivados por la “falta de resolución definitiva sobre el caso de la Corte de Constitucionalidad”.
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