El Ministerio Público (MP) le solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo A que envíe a juicio a varios implicados en el caso Financiamiento UNE, entre ellos a la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres.

Torres está señalada por los delitos de financiamiento electoral y asociación ilícita, pues las imputaciones del MP afirman que ella consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que no fueron reportadas.

La imputación inicial habla de más de Q19 millones no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero luego quedó en los Q5.9 millones.

El MP también pidió que se envíe a juicio a Gustavo Alejos, Mynor Zimeri y Nelson García por por asociación Ilícita y financiamiento electoral ilícito.

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Nelson García y Elvin Álvarez, por financiamiento electoral ilícito; Julio César López por asociación Ilícita y financiamiento electoral.

A Carlos López Girón, por financiamiento electoral; Víctor Duarte, por asociación Ilícita y financiamiento electoral ilícito.

Además, pidió el sobreseimiento del caso para para Ángel Ren Guarcas y Pedro Raymundo Cobo.

El caso

Sandra Torres fue capturada el 2 de septiembre de 2019, durante un allanamiento que efectuaron las autoridades en la casa de la expresidenciable, ubicada en residencial Maderos 2, en el kilómetro 8 de carretera a El Salvador.

Torres fue ligada a proceso por ese caso el 16 de octubre de 2019, luego que la jueza Claudette Domínguez aceptara 22 de 300 medios de convicción que presentó el MP y se le imputaron los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado.

Torres guardaba prisión preventiva en Mariscal Zavala, pero salió libre a inicios del 2020 luego de haber pagado una fianza de Q800 mil.

El 20 de diciembre de 2021 el pleno Constitucional entró a conocer y resolvió de manera favorable un incidente planteado por la defensa de Torres, quien aseguraba que era inconstitucional su proceso penal, pues los hechos por los que era señalada Torres ocurrieron en la campaña política del 2015, mientras que el delito que se le imputaba recién fue creado en el 2018 por el Congreso de la República.

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Se trata del artículo 407 “O” del Código Penal, que fue modificado por buena parte de los diputados, incluida en su momento la bancada de la UNE que se encontraba bajo la dirección del diputado Orlando Blanco.

Por tal motivo el pleno de la CC resolvió de manera unánime declarar con lugar el recurso a favor de Torres y ordena que en el proceso penal en su contra es “inaplicable” el delito enumerado como 407 “O”.

El 3 de noviembre de 2022, el MP modificó el delito por el que acusaba a Sandra Torres.

La modificación del delito de financiamiento electoral no registrado a financiamiento electoral fue hecha durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Financiamiento UNE, informaron fuentes judiciales.

La acción de la Fiscalía porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una acción legal a favor de Torres el 23 de diciembre de 2021, pues con ese fallo se le dio la razón a la expresidenciable para no ser perseguida por un delito que no existía en 2015 cuando supuestamente ocurrieron los hechos.