La modificación del delito de financiamiento electoral no registrado a financiamiento electoral fue hecha durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Financiamiento UNE, informaron fuentes judiciales.
La acción de la Fiscalía porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una acción legal a favor de Torres el 23 de diciembre de 2021, pues con ese fallo se le dio la razón a la expresidenciable para no ser perseguida por un delito que no existía en 2015 cuando supuestamente ocurrieron los hechos.
Además, el MP corrigió la acusación en la investigación e incorporó modificaciones orales y escritas. Torres también es sindicada por el delito de asociación ilícita.
Las pesquisas revelaron que la UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Se dijo que esas entidades habrían formado una estructura de administración paralela de las finanzas oficiales de campaña para eludir el control sobre los fondos que le fueron aportaos.
Los fondos identificados y que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753, según las pesquisas del MP.
