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Análisis | En la lucha por reducir el poder presidencial para nombrar fiscal general, los jueces pagaron el pato
Decisiones recientes de la CC reavivan el debate sobre la participación de jueces de carrera y generan cuestionamientos por la selección de candidatos a fiscal general, de acuerdo con este análisis del Movimiento Projusticia.
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El juez Marco Antonio Villeda cuando ocupaba el juzgado de Extinción de Dominio. (Fotografía: Prensa Libre)
Es antiguo ese debate en torno a si el ejercicio de la judicatura puede equipararse al ejercicio de la profesión. Se hablaba de la procedencia de los magistrados, categorizándolos como “de la casa” (carrera profesional) o “los de la calle” (bufetes, corporaciones, instituciones estatales, empresas).
En la medida en que se legisló la carrera judicial, los procesos de postulación se hicieron públicos y se tuvo información sobre los aspirantes a cargos de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, se acentuó ese debate. Se presentaron los primeros amparos y objeciones que cuestionaban la participación de jueces en la elección de magistrados, incluso del Tribunal Supremo Electoral y de fiscal general.
Pese a ello, jueces de carrera como Yassmín Barrios fueron postulados a la Corte Suprema y en las nóminas de candidatos a fiscal general hubo jueces como Marco Villeda, Miguel Ángel Gálvez, Patricia Gámez, entre otros. Incluso en 2014, la CC bendijo la elección a la CSJ de Felipe Baquiax, juez de carrera, quien incluso llegó a presidir el poder judicial. Quedaba claro que la judicatura es una forma de ejercer la profesión.
En el 2022, la CC sostuvo un criterio opuesto. Al otorgar un amparo provisional, lanzó un anatema sobre los jueces, cuando se “temía” la participación de Miguel A. Gálvez y Erika Aifán, entre otros. El caso es que ahora, en el 2026, ocurre lo mismo. Los jueces de carrera insisten en su derecho a participar y tres magistrados de la CC lo prohíben, siguiendo motivaciones espurias, como en el 2022.
Hay siete u ocho comisionados que llegaron al proceso con la evidente intención de seleccionar una nómina que no incluyera profesionales independientes y honorables. Cinco de los candidatos al cargo están seriamente cuestionados por ligazones partidarias, prácticas antidemocráticas, sumisión a grupos y personas con poder político.
No pueden evitar que el presidente Bernardo Arévalo elija al fiscal de la República 2026-2030, pero le arrebataron el verdadero poder de la elección. Lo primero fue ensañarse con el juez Marco Villeda, cuyo perfil se consideraba idóneo, más allá de toda duda. Le anularon administrativamente la trayectoria judicial: cero puntos en experiencia en justicia penal, evitando que se colocara entre los primeros tres o cuatro con mejores calificaciones. Villeda, otros jueces en el proceso y la judicatura en general pagaron el pato de la disputa política, porque les anulan el derecho de optar a cargos relevantes.
Lo segundo fue el amparo provisional de la CC, que les abrió espacio para reconfigurar la nómina de candidatos y seleccionar a un alfil de la actual cúpula del MP. El presidente no tiene mucho espacio para elegir. Muchos piensan que su única opción es el candidato Gabriel García Luna, cercano a funcionarios y asesores de confianza del presidente. Al final, el daño para Bernardo Arévalo es temporal, pero la postulación de inidóneos ocasiona grave daño a largo plazo a la población y a las instituciones.
También cabe la posibilidad de que la nómina de candidatos, excepto García Luna, haya quedado a pedir de boca para un futuro gobierno, pues la alianza multisectorial para la impunidad y el control de las instituciones tiene la esperanza de recuperar todos sus espacios en las elecciones generales del 2027. Si recuperan la presidencia de la República, sus aliados en el Congreso podrían modificar la Ley del MP antes del 2028, a fin de ampliar las causas de destitución del fiscal general.
Es posible que esta lista espuria sea parte de una proyección de esa poderosa alianza oscura para recuperar, a mediano plazo, el MP.
En septiembre de 2024, los decanos y los rectores emitieron sendos pronunciamientos sobre la necesidad de no seguir pisoteando la carrera judicial y mejorar los procesos de postulación, pero hasta ahora no ha habido propuestas al respecto.
El debate sobre los jueces ha sido analizado en diversas ocasiones. Lea algunas en https://www.movimientoprojusticia.org.gt/index.php/fads