Esta es la condena que pide el MP contra expresidente del Congreso por el caso Plazas Fantasma

El Ministerio Público (MP) pidió condenar a 35 años de prisión al expresidente del Congreso, Pedro Muadi, señalado de tres delitos.

Pedro Muadi, expresidente del Congreso. (Foto Prensa Libre: Fernando Cabrera).
Pedro Muadi, expresidente del Congreso. (Foto Prensa Libre: Fernando Cabrera).

El exfuncionario es señalado de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero en el caso Plazas Fantasma.

El ente investigador en la condena que pidió contra Muadi, incluye el pago de Q4.4 millones.

La audiencia se lleva cabo este lunes 27 de enero en el Tribunal Octavo, donde el exlegislador calificó de “estúpida” la condena que el MP pide en su contra.

“El Ministerio Público basó su acusación -del testigo protegido- en las decoraciones de un extorsionador y un marero, quien dijo que yo le di dinero del que me enriquecí ilícitamente, en los medios de prueba no hay nada que diga que yo me enriquecí de manera ilícita”, defendió Muadi.

Agregó: “Mí defensa va a demostrar en las conclusiones que no hubo lavado de dinero, ni asociación ilícita, ni mucho menos peculado. Viene el Ministerio Público a acusarme de peculado y no pueden mostrar alguna cuenta, algún vehículo, nada”.

Según las investigaciones que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Muadi facilitó la contratación de personas que estarían a su disposición, pero aunque estas cobraban su sueldo mensual, no acudían a trabajar al Congreso.

Los hechos se dieron cuando Muadi fungió como presidente del Congreso de la República (2013-2014) y contrató un cuerpo de seguridad de una empresa, integrado por 30 agentes que recibían un sueldo de Q5 mil por parte de esa compañía.

Pago extra

El MP sostiene como sus pruebas que “para desviar fondos de la institución el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso”.

Los trabajadores aceptaron y firmaron un contrato con el Congreso por un sueldo de Q8 mil mensuales, pero nunca llegaron a laborar y en su lugar desempeñaron funciones en empresas vinculadas a Muadi.

El caso se amplió con el señalamiento a particulares que cobraban salarios de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q20 mil mensuales en el Organismo Legislativo y no fueron a trabajar.

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